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La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental allanó este jueves la Municipalidad de Talamanca como parte de una investigación por presunto incumplimiento de una orden de la Sala Constitucional, relacionada con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Limón.
El operativo, realizado con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí y bajo la supervisión de un juez penal, permitió el decomiso de expedientes sobre permisos de construcción dentro del área protegida.
Según el Ministerio Público, los documentos serán analizados como parte de una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricato, desobediencia, cambio ilegal de uso de suelo, invasión de área de protección y corta ilegal de vegetación baja (expediente 25-000010-1851-PE).
La actuación judicial surge ante la sospecha de que se habrían ignorado órdenes emitidas por la Sala IV en los votos 2019-012745 y 2024-26300, en los que el tribunal instruyó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a delimitar y recuperar 188 hectáreas de bosque en el Refugio Gandoca-Manzanillo.
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En setiembre del 2024, la Sala Constitucional declaró el incumplimiento de su sentencia del 10 de julio del 2019 (voto 2019-012745) y reiteró que las autoridades ambientales debían tomar medidas inmediatas para proteger la zona.
“La Sala constató el incumplimiento de la sentencia en la que se le ordenaba al Minae y al Sinac delimitar 188 hectáreas boscosas en el Refugio Gandoca-Manzanillo.
Ante tal incumplimiento, la Sala le ordenó desde hace meses a las autoridades respectivas proceder de inmediato con la delimitación de esa área boscosa”, dijo en ese momento el magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente del tribunal.
La Fiscalía no precisó cuántos expedientes fueron decomisados ni si hay funcionarios municipales bajo investigación directa, aunque indicó que las pesquisas continúan activas.
¿Qué sospechan autoridades?
En junio de 2024, la Fiscalía Ambiental indicó que el presunto otorgamiento ilegal de permisos para talar árboles en una propiedad privada en playa Punta Uva, en el Caribe Sur del país, habría servido para un tráfico de tierras que atenta contra 188 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Luis Diego Hernández Araya, coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, explicó entonces a La Nación que el tráfico de tierras consiste en el uso perverso y sistemático de mecanismos aparentemente legales para integrar tierras del Estado a diversos mercados, como el inmobiliario, y lucrar con los terrenos.
Para lograrlo, agregó, se recurre a testaferros, segregaciones, zonificaciones y permisos de tala con el fin de cambiar la categoría de patrimonio natural del Estado que tienen ciertas tierras, con el fin último de trasladarlas a un régimen de administración particular y de competencia municipal.
“Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”, reclamó Hernández Araya.
Esas 188 hectáreas tienen historia. Por medio de Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (Nº 9223), impulsada en 2014 por el entonces diputado, Wálter Céspedes, actual alcalde de Matina, la Asamblea Legislativa desafectó esa área de bosque perteneciente al refugio, cambiando su condición de bien de dominio público.
Sin embargo, el 11 de julio de 2019, la Sala IV declaró inconstitucional la norma.
La investigación de permisos motivó el allanamiento a la Municipalidad de Talamanca, el 21 de mayo del 2024, luego de detectar un presunto otorgamiento ilegal de dos permisos a la empresa Playa Manzanillo S. A. para tumbar árboles. El representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent.
La finca está dentro de las 188 hectáreas de la sentencia del 2019 y, según el Registro Nacional, invadió la sección restringida de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
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