El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública anuló la resolución que dejó al empresario Allan Pacheco Dent y a otras cuatro personas sin medidas cautelares por la supuesta obtención de un permiso irregular para talar árboles en dos fincas que deben regresar al refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur.
La jueza Ivannia Delgado Calderón declaró parcialmente con lugar la apelación presentada por la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en contra del fallo emitido por el juez Felix Castellón Ruiz, del Juzgado Penal de San José, el 5 de agosto.
La Fiscalía había solicitado que, de forma precautoria, se suspendiera el permiso de tala, se les hiciera una anotación registral a las fincas y se exigiera a Pacheco firmar una vez al mes, entre otras medidas.
El año pasado, Castellón rechazó las medidas bajo el alegato de que no halló dolo en los hechos denunciados. Argumentó que no bastaba “el error en la calificación de los hechos y en la aplicación de las normas legales”, sino que también se requería aportar pruebas que demostraran la intencionalidad de los quebrantamientos legales.
La tesis de Castellón fue desacreditada por la jueza Delgado, quien concluyó que hubo un “error judicial” en la resolución anulada, la cual careció de un análisis de todos los elementos de prueba.
“Esa omisión conlleva la ausencia de motivación judicial y, con ello, la ineficacia del fallo”, explicó la jueza en el voto N.° 71-2025, con fecha de este jueves 20 de febrero. Agregó que, “de igual modo, presenta vicios de falta de fundamentación y fundamentación contradictoria que imponen su ineficacia en esos extremos.
“La resolución apelada resultó ayuna en la discusión de los ejes centrales propuestos por la Fiscalía y la representación del Estado, lo que lesiona el debido proceso”, indicó.
Ahora, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública deberá hacer una nueva audiencia, en la que el Ministerio Público reiterará la solicitud de medidas cautelares.
En este caso figuran como imputados Allan Pacheco Dent, quien es el representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., la dueña registral de las fincas, así como otras cuatro personas: ina regente forestal de apellidos Camacho Calvo, dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), apellidados Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres.
A todos se les investiga bajo el expediente N.° 24-00003-1851-PE por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, uso de documento falso, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
El Tribunal Penal no solo resolvió la apelación del Ministerio Público, sino que también atendió la que presentó la Procuraduría General de la República (PGR). Anuló la sentencia del Juzgado solo en cuanto a las medidas cautelares atípicas y personales, e insistió en que en lo demás, “el fallo permanece incólume”.
Además, declaró inadmisibles las apelaciones presentadas por Pacheco Dent y Campbell Lindo.
LEA MÁS: Caso Gandoca-Manzanillo: Claves para entender un conflicto ambiental complejo
Algunas de las medidas rechazadas
Los cinco imputados habían sido detenidos el 16 de julio del 2024 y, posteriormente, fueron puestos en libertad. Estas son algunas de las medidas que en aquel momento solicitó el Ministerio Público y rechazó el Juzgado Penal:
- Suspensión de los permisos otorgados por el Sinac para tala en las dos fincas de Pacheco Dent y la suspensión de la ejecución de estos permisos.
- Ordenar al Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac suspender y archivar todas las autorizaciones de aprovechamiento de productos forestales pendientes de visto bueno para la finca en cuestión.
- Anotar ante el Registro Público de la Propiedad las fincas vinculadas con la investigación para asegurar su recuperación a favor del Estado.
- Para Pacheco Dent se había solicitado firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí, y un impedimento para salir del país.
- Para Camacho Calvo una inhabilitación como regente forestal, una prohibición para emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal, firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental e impedimento de salida del país.
- Para Campbell Lindo, Cruz Torres y Salas Rodríguez una suspensión de sus cargos, impedimento para ingresar a las oficinas de Sinac y no mantener contacto perturbatorio con dos testigos.
LEA MÁS: Este fue el mapa de humedal Gandoca-Manzanillo que directora del Sinac presentó ante diputados
Los hechos investigados
El Ministerio Público sospecha que, en dos fincas de Pacheco Dent, que en conjunto miden 15,4 hectáreas, “hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal”.
La Fiscalía sostiene que los terrenos forman parte del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, según consta en una resolución de la Sala IV de julio del 2019, lo que implicaría que tienen limitaciones en cuanto al uso del suelo. Además, las propiedades tienen cobertura boscosa y humedales, lo que las hace inalienables y las inhabilita para ser deforestadas.
Esas dos características habrían hecho imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, en la cual se requiere que no exista bosque, según la Ley Forestal. No obstante, la entidad concedió el permiso a Pacheco Dent.
Para sostener esos alegatos, el órgano acusador presentó tres peritajes forestales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizados entre mayo y junio del 2024.