Juez no encontró dolo en caso por tala ilegal en Gandoca-Manzanillo
Juzgado Penal de San José rechazó medidas cautelares contra empresario Allan Pacheco Dent y otros cuatro imputados porque, en su criterio, la Fiscalía no demostró que los aparentes quebrantos a la ley hayan sido intencionales
Personal del OIJ y la Fiscalía Adjunta Ambiental la mañana del 16 de julio de 2024 en el centro operativo del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur. Fotografía: Cortesía de chat vecinal.
“Más allá de la gravedad que tiene el hecho desde la óptica del daño ambiental, no existen elementos probatorios, directos o indiciarios, que determinen con probabilidad la existencia de un plan previo”. Bajo esta consideración, el juez Felix Castellón Ruiz, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó el lunes la solicitud de medidas cautelares contra los cinco imputados por una aparente tala ilegal en el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur.
Castellón Ruiz no halló dolo en los hechos denunciados por la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Argumentó que no bastaba “el error en la calificación de los hechos y en la aplicación de las normas legales”, sino que también se requería aportar pruebas que demostraran que los quebrantamientos de la ley fueron intencionales.
La conducta delictiva, agregó el juez, debe estar tipificada en la ley, además de ser antijurídica y culpable. Esas circunstancias, en su criterio, no se cumplen en el planteamiento del Ministerio Público.
Concluyó, entonces, que la discusión de este caso “en sede penal resultaba prematura”, por lo que no procede el dictado de medidas cautelares en contra del empresario Allan Pacheco Dent, representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., ni las otras cuatro personas investigadas: la regente forestal de apellidos Camacho Calvo; dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), apellidados Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres.
A todos se les investiga bajo el expediente N.° 24-00003-1851-PE, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
La decisión del Juzgado Penal no fue compartida por el Ministerio Público, que inmediatamente confirmó que apelará.
“Las Fiscalías se encuentran trabajando en la apelación, la cual será presentada al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que se programe una nueva audiencia, en la que el Ministerio Público reiterará su petición”, indicó la oficina de Prensa de esa entidad.
Gandoca El pasado 16 de julio, personal del OIJ y la Fiscalía Adjunta Ambiental allanaron el centro operativo del refugio natural de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur. Fotografía: Cortesía de chat vecinal
Los hechos denunciados y los alegatos del juez
El Ministerio Público sospecha que, en dos fincas de Pacheco Dent, que en conjunto miden 15,4 hectáreas, “hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal”.
La Fiscalía sostiene que los terrenos forman parte del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, según consta en una resolución de la Sala IV de julio del 2019, lo que implicaría que tienen limitaciones en cuanto al uso del suelo. Además, las propiedades tienen cobertura boscosa, lo que las hace inalienables y las inhabilita para ser deforestadas.
Para sostener esos alegatos, el órgano acusador presentó tres peritajes forestales de mayo y junio del 2024, los cuales, de acuerdo con el juez Castellón Ruiz, “bien podrían acreditar, en grado de probabilidad, que el terreno donde se realizó la tala tiene la condición que impedía que se realizara la misma”, es decir, que era bosque.
No obstante, no acuerpó la hipótesis de que las fincas están dentro del refugio. Alegó que el Sinac todavía no cumple con el fallo de la Sala IV que ordenó reintegrar estas propiedades al refugio, dentro de sus límites que regían antes del 2014, año en que una ley desafectó 188 hectáreas. Esta norma posteriormente fue declarada inconstitucional.
“La existencia de tal voto actualmente no impide a la Administración Pública entrar a valorar gestiones como las planteadas por el imputado Pacheco Dent, pues a la fecha no se han reivindicado las tierras del refugio, y más allá de que a futuro se reivindiquen esas tierras conforme a la orden constitucional y que el imputado Pacheco Dent tenga una intención urbanística sobre tal territorio, tal intención es un acto meramente de ideación, que incluso sería ilógico, pues al final su propiedad sería reivindicada total o parcialmente al refugio”, razonó el juez.
Algunas de las medidas rechazadas
Los cinco imputados habían sido detenidos el 16 de julio y, posteriormente, fueron puestos en libertad. Estas son algunas de las medidas que solicitó el Ministerio Público y rechazó el Juzgado Penal:
Suspensión de los permisos otorgados por el Sinac para tala en las dos fincas de Pacheco Dent y la suspensión de la ejecución de estos permisos.
Ordenar al Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac suspender y archivar todas las autorizaciones de aprovechamiento de productos forestales pendientes de visto bueno para la finca en cuestión.
Anotar ante el Registro Público de la Propiedad las fincas vinculadas con la investigación para asegurar su recuperación a favor del Estado.
