Cientos de miles de personas transitan San José todos los días, pero apenas una pequeña fracción vive en la capital. Según el regidor capitalino Brandon Guadamuz (del partido Frente Amplio) esto podría cambiar en el futuro.
Revista Dominical entrevistó a Guadamuz con el fin de conocer a fondo su plan para que la Municipalidad de San José compre inmuebles abandonados, los reforme y los arriende a inquilinos de clases medias y bajas. El edil asegura que su propuesta es un hito, y ahora su aplicación solo depende del alcalde de San José, Diego Miranda; sin embargo, criticó que Miranda está poniendo “malas excusas” para no apoyar la iniciativa.
Además, Guadamuz habló del estado actual del Parque Natural Urbano Simón Bolívar, así como los pasos que faltan para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus instalaciones. Le ofrecemos un extracto de la entrevista, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.
— Usted presentó un proyecto que pretender dar soluciones habitacionales a personas de bajos y medianos ingresos, pero antes de hablar de esa iniciativa, me gustaría que nos comente, ¿cuál es el estado del tema habitacional en San José?
— Es crítico. Los cuatro distritos centrales despoblado con el tiempo. Desde los años 60 hasta la actualidad hemos perdido muchísimos habitantes, antes habían más de 100.000 habitantes, ahora hay alrededor de 57.000.
“Las personas se van a las periferias, se van a otros lugares. El centro se ha convertido en una ciudad fantasma, peligrosa, porque cuando no hay personas, la ciudad se vuelve insegura.
“La política de repoblamiento para solucionar esto, que la llevó adelante el antiguo alcalde Johnny Araya, ha sido un rotundo fracaso. No ha solucionado absolutamente nada. El centro se sigue despoblando. Para lo que sí ha funcionado es para la construcción de torres de apartamentos que son inaccesibles para la gran mayoría josefinos y josefinas.
“Entonces, por un lado, tenemos torres de apartamentos que no están en los cuatro distritos centrales, torres de apartamentos inaccesibles. El más barato, de 40 m², empieza por $150 mil o $200 mil. No son accesibles.
“Por el otro lado, en el centro: despoblamiento, cuarterías, alrededor de 3.000 personas en situación de calle, alquileres inaccesibles...
“Hay una gran disparidad en la situación habitacional del centro, a pesar de que la gente necesita y quiere vivir ahí, algunas porque quisieran tener más cerca la oferta cultural, otras porque quisiera poder caminar a todos los lugares, o porque lo necesitan.
“Tiene sentido querer vivir en el centro. Por eso muchísimas personas terminan viviendo en cuarterías, porque necesitan estar ahí y es la opción que pueden pagar. Es realmente crítica la situación.
“Además, esta comisión de repoblamiento se ha manejado de forma muy irregular. Una publicación de Interferencia explicó cómo la comisión estuvo dando beneficios que no estaban en el plan regulador.
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“La idea era repoblar a partir de dar ciertos beneficios a los desarrolladores inmobiliarios, sin embargo, existe un beneficio que no está en el plan regulador que es el coeficiente de altura. La investigación de Interferencia demostró que, entre 2016 y 2023, se dio el beneficio de coeficiente de altura a varios edificios a pesar de que no está contemplado en el plan regulador.
“Mandamos una denuncia al auditor. Recientemente recibimos el informe de Auditoría que entre los hallazgos muestra que, además del coeficiente de altura, muchos de esos beneficios se han dado de manera irregular, porque las actas de la comisión son muy escuetas, algunas no tienen fundamento técnico, algunas no tienen firmas, se han hecho sin cuórum... Se dan a la ligera beneficios que terminan en torres de apartamentos que la gente no puede alquilar.
“Es un rotundo fracaso”."
“Tenemos torres de apartamentos inaccesibles. El más barato, de 40 m², empieza por $150 mil o $200 mil”
— Regidor Brandon Guadamuz
— Una de las principales problemáticas de la infraestructura en San José es que está subutilizada, por eso no es raro ver edificios vacíos a partir del segundo piso. ¿Cómo está ese tema?
— El 35% de los edificios de los cuatro distritos centrales están subutilizados. En la parte de abajo se puede ver alguna actividad comercial, y de ahí para arriba hay oficinas vacías.
“El TEC hizo un excelente trabajo en mapear esos edificios y descubrió que el 80% se pueden restaurar. Además, identificaron edificios que ya tienen requisitos complicados.
“Por ejemplo, están los requisitos que pone Bomberos, que se necesitan salidas de emergencia. El TEC identificó cuáles edificios pasaron esos requisitos y están listos para rehabilitarlos. Hay dueños dispuestos, y el proyecto de vivienda municipal busca justamente rehabilitar estos edificios, se dice ‘reciclarlos’.
“La idea es que la municipalidad abra una licitación que diga: ‘Quiero comprar edificios con estas categorías, en estos lugares’, y que pueda adquirir esos edificios para utilizarlos como vivienda municipal.
“Este proyecto de vivienda municipal es un hito en Costa Rica por dos razones: la primera es que hasta el día de hoy ninguna municipalidad estaba preparada para hacer vivienda, antes era solo resorte del gobierno central.
“En 2022 se aprobó la Ley de Vivienda Municipal, entonces la Asamblea Legislativa le dijo a las municipalidades: ‘además de recoger basura y hacer aceras, pueden hacer viviendas’.
“Para hacerlo se necesitaba un reglamento, que ninguna municipalidad lo tenía, el IFAM nunca quiso hacerlo porque la ley dice que tienen que hacer un fondo de avales para financiar los proyectos y el IFAM dice ‘no tengo plata para eso, no quiero’, ¡a pesar de que una ley les dice lo que tienen que hacer!
“Esto es una necesidad, es una urgencia, entonces presentamos el primer reglamento que ya se aprobó. Ahora la Municipalidad de San José está preparada para hacer vivienda, el siguiente paso es hacer las primeras inversiones, que decidamos adquirir esos edificios y reciclarlos para poder dar una solución de vivienda más accesible a la población”.
“El TEC hizo un excelente trabajo en mapear esos edificios y descubrió que el 80% se pueden restaurar”
— Regidor Brandon Guadamuz
— ¿Qué contempla ese reglamento?
— El reglamento permite dos tipos de vivienda. Una es la vivienda social como la hace el Estado, bonos de vivienda, se le hace un estudio socioeconómico a la persona, si está bajo la línea de pobreza, se le puede dar este bono.
“El segundo tipo es otro hito en la política de vivienda costarricense que es el modelo de usufructo habitacional, esto no existía en el país hasta ahora.
“En este caso, la municipalidad conserva la propiedad del edificio y le da la posibilidad a una persona de que viva ahí entre 20 hasta 99 años. Una vez esta persona cumple ese ciclo, se hace un reavalúo del apartamento y un nuevo inquilino puede venir a vivir ahí. Es un activo que el ayuntamiento va a tener por años y años en el futuro”.
— ¿Cuál es el público meta que podría acceder potencialmente a esto? ¿Clase media, media-baja?
— Queremos que sea para personas de clase media, clase trabajadora, personas jóvenes que no tienen opciones de vivienda. Hemos definido un tope de ingresos por individuo o por núcleo familiar para acceder a este usufructo, alrededor ¢2.500.000 mensuales.
“Queremos que justamente sí sea para personas de clase media. Le hemos dado prioridad a familias monoparentales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Cuando estas poblaciones aplique, se pondrán de primeras en las listas.
“También es un requisito que las personas no tengan una propiedad de vivienda a su nombre, que no tengan otro usufructo a su nombre, que no hayan recibido un bono de vivienda, tienen que demostrar que hay una necesidad.
“La política de vivienda anterior estaba enfocada a los estratos más altos, clase media alta, clase alta, y nosotros creemos que la política de vivienda de la ciudad tiene que dar un giro y ahora sí ser una opción para personas de clase trabajadora”.
“El IFAM dice ‘no tengo plata para eso, no quiero’, ¡a pesar de que una ley les dice lo que tienen que hacer!”
— Regidor Brandon Guadamuz
— Usted menciona que el objetivo es que las personas vivan ahí entre 20 y 99 años. ¿El mínimo es 20? Es decir, si soy un joven que lo quiero rentar por dos o cinco años, ¿se puede también?
— El mínimo de 20 años se definió en la Ley de Vivienda Municipal. A futuro la Asamblea Legislativa sí debería considerar bajar ese mínimo, sería importante que se pueda bajar a cinco o a 10 años.
— ¿Entonces tendría que modificarse por reforma de ley, pasando por la Asamblea Legislativa?
— Exacto. La forma de pago también es interesante. Se paga entre un 20% y un 80% de lo que cuesta realmente el apartamento, porque la persona, como te decía, no es propietaria del inmueble, es la municipalidad quien va a ser propietaria. La persona es propietaria de un derecho de uso que sí va a estar en el registro nacional.
“El pago se calcula a partir de una fórmula, a partir de la cantidad de años que la persona quiere vivir ahí, se multiplica por un 2%“.
Si una persona quiere vivir 20 años en un apartamento, se multiplica cada año por 2%, esto quiere decir que tiene que pagar un 40% de lo que cuesta el apartamento. Si costara ¢100 millones, tendríamos que el 40% son ¢40 millones a lo largo de 20 años.
Esto se podría pagar financiado por un banco o por un préstamo de ahorro y crédito del INVU. También se buscará que se pueda pagar directamente a la municipalidad como mensualidades.
— Regidor Brandon Guadamuz
¿Posible nicho de corrupción? Guadamuz responde
— En nacion.com explicamos el proyecto y algunas personas en comentarios consideraban que el proyecto era muy loable, pero eran muy escépticas, ya que dudaban de que la municipalidad sea capaz de administrar e incluso consideran que es un posible nicho de corrupción. ¿Ya ha pensado en esas amenazas?
— Sí. Este es un modelo que ha sido exitoso en varios países, así tal cual, como se planteó la ley y el reglamento, se hace en Singapur, en Hong Kong, en China. Esta es una estrategia muy asiática.
“Es un modelo probado en varios países. Si hay una municipalidad que pueda hacer este tipo de cosas es la de San José, porque tiene un presupuesto de ¢90.000 millones al año.
“Muchos de estos procesos vamos a tener que tercerizarlos con empresas privadas o cooperativas. Por ejemplo, la construcción (el ‘reciclaje’ del edificio) es posible tercerizarla con algún desarrollador mediante una licitación.
“Además, la gestión del inmueble, como las personas que van a cobrar, que hacen el mantenimiento, o que resuelven problemas entre vecinos, eso también se puede tercerizar a una cooperativa de vivienda, por ejemplo, o a una empresa.
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“Yo no me imagino a la Municipalidad de San José resolviendo cuestiones del día a día de estos edificios, prefiero tercerizar, que sea un ganar-ganar. Veo a la ‘muni’ más en una posición de control, de seguimiento.
“Con el tema de posible corrupción, en el reglamento hemos determinado implementos de transparencia: que esté publicado siempre de forma transparente las personas beneficiarias, los requisitos, las empresas adjudicadas, que todo eso esté claro y transparente.
“Es un modelo nuevo, creo que vamos a ser pioneros y las cosas tal vez podrían salir mal, pero es necesario, el despoblamiento de San José y la falta de opciones de vivienda ameritan que la política busque soluciones”.
“Es lamentable que el alcalde diga que no hay plata”
— Ya el reglamento fue aprobado. ¿Qué falta para poder implementar este proyecto? ¿Hay buen ambiente en la administración municipal y en el alcalde Miranda para implementar el proyecto?
— Ya fue publicado, es oficialmente una herramienta de la institución. Si mañana queremos empezar a hacer vivienda, podemos hacerlo.
“Yo pensaba que desde la administración y la alcaldía iba a haber más apertura de avanzar más rápido con esto, porque cuando estábamos trabajando en el reglamento el señor alcalde lo sabía, fue una de las cosas que hablamos con él al principio
“Al alcalde le pareció muy bien e incluso hablaba de esto en sus intervenciones. Una vez hizo un foro sobre repoblamiento, decía todas las cosas que quería hacer, y entre esas ponía tal cual el reglamento de vivienda municipal, a pesar de que era un proyecto nuestro.
“Yo me dije ‘todo bien, me encanta que lo ponga porque eso quiere decir que que lo quiere llevar adelante, está comprometido’. Una vez que se votó, su fracción lo apoyó.
“Sin embargo, recientemente hubo una entrevista en la que le preguntaron su anuencia a hacer estas inversiones, y dijo que para esto no hay plata. ¡Me toma por sorpresa! Me parece lamentable porque no es cierto, la Municipalidad de San José tiene el presupuesto más alto de todo el país, ¢90.000 millones al año. Justamente vamos a adquirir un inmueble para personas en situación de calle, es un proceso similar, una compra, una restauración.
“Él dice ahora que no, no hay dinero. Esto habla de que no tiene las prioridades tan claras porque, por ejemplo, sí presupuestó ¢800 millones para hacer un obelisco en La Sabana. Una cosa que nadie pidió, nadie necesita y nadie quiere, un armatoste de cemento en La Sabana, pero para eso sí hay plata.
“Yo esperaría que cambie de opinión. Nosotros vamos a ser muy insistentes. Probablemente vamos a tener que presentar alguna moción para que se haga la primera inversión. Vamos a estar ahí de necios hasta que se haga, porque es necesario".
“Dijo que para esto no hay plata. ¡Me toma por sorpresa! Me parece lamentable porque no es cierto"
— Regidor Brandon Guadamuz
— En marzo del 2024, cuando apenas comenzaba la administración, firmaron un acuerdo de entendimiento con Mariana Zúñiga, regidora del partido del alcalde. En consecuencia, votaron por ella para elegirla presidenta del Concejo Municipal, parecía haber buena inercia. Con el tiempo, ¿cómo ha cambiado esa relación? En esta sección hemos intentado conversar con el alcalde.
— En efecto, nosotros votamos por la presidencia de Mariana Zúñiga. En ese momento hicimos un acuerdo en el que pedimos, a cambio del voto, avances en diferente temas.
“Justamente pusimos el apoyo en el tema del reglamento de vivienda municipal, inversiones en adaptación al cambio climático, arborización, aceras, mejoramiento de espacios públicos, parques, intervención con la falta de agua en las comunidades.
“Nosotros dijimos ‘si ustedes avanzan con esto, nosotros votamos por ustedes’. San José tuvo un mismo liderazgo muchísimo tiempo y no habían cambios, la ciudad empeoraba cada vez más y se abrió una ventana de oportunidades para hacer cambios, y queríamos sumarnos, ser propositivos.
“En un inicio sí, la relación era mucho mejor. El alcalde tenía un bloque tácito de ocho regidores que votaban la mayoría de las cosas. Sin embargo, poco a poco eso ha ido cambiando, tenemos muchas coincidencias programáticas con él, pero él ha tenido malos tratos con el Concejo Municipal, faltas de respeto por las que incluso se ha tenido que disculpar públicamente.
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“Miranda ha ido cercenando esa confianza en el Concejo Municipal, no ejecuta los acuerdos del Concejo, se aprueba algún proyecto interesante, positivo, con todos los votos, incluso los de su fracción, pero nunca se ejecutiva, le da prioridad a sus propios temas.
“Eso ha ido calando en la relación. Nosotros mantenemos la cordialidad, el diálogo.
“Lo más reciente fue esto de la suspensión, él presentó su recurso de revocatoria y fue rechazado, ahora lo llevó a un contencioso administrativo. Tenemos dos tesis diferentes sobre este tema, pero a pesar de eso, los canales de comunicación siguen abiertos”.
Continuidad de presidenta municipal oficialista bajo análisis
— El tema la sanción, como usted dice, lo va a tener que dirimir un tribuna contencioso administrativo, pero me gustaría consultarle: ¿se han cumplido los compromisos que se adquirieron en el acuerdo de entendimiento? El próximo 1.º de mayo se elige la presidencia del Concejo, ¿Su voto para la continuidad de Zúñiga depende de que se cumplan esos compromisos?
— Ha costado mucho, hemos tenido que ser muy insistentes, por ejemplo, con esto de la arborización. (...) Eso en eso se avanzó.
“En cuanto al reglamento de vivienda municipal, tuvimos los votos de la fracción de Juntos (partido del alcalde Miranda). Ahora el alcalde debería tomarse esto en serio y sacar adelante las inversiones.
“Si él considera que no estamos listos para dar el primer paso y necesitamos, no sé, crear alguna especie de oficina interna o unidad ejecutora especializada, esa sería una mejor excusa. Pero decir que no hay plata no es cierto, es una mala excusa lo que está diciendo. Él debería cambiar esa posición. Esperaría que lo haga.
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“Con el tema del agua, ha sido bastante complicado porque en San José es el AyA quien administra el tema, una institución que ha tenido las puertas cerradas al diálogo. Ha costado muchísimo ponerse de acuerdo.
“Pero sí, definitivamente de cara al próximo 1.º de mayo, cuando tengamos que votar nuevamente por la presidencia municipal, es algo que vamos a tener en cuenta, si se han cumplido o no estos acuerdos, y si le dan seguimiento a las cosas que nosotros aprobamos en el Concejo".
Parque Simón Bolívar: ¿En qué quedó?
— Otro proyecto que usted planteó fue el del Parque Simón Bolívar. Usted planteó la propuesta de hacer un parque urbano en colaboración con el TEC, pero hemos tenido pocas noticias al respecto, ¿cómo está el Simón Bolívar?
— Claro. Esa fue la primera iniciativa que planteamos en el Concejo cuando entramos. La primera moción que pusimos sobre la mesa porque teníamos miedo de que se fuera a abandonar el zoológico, que lo fueran a vandalizar, que se llenara de basura. Así que presentamos esa moción para que el lugar se convirtiera en un parque natural urbano y jardín botánico.
“En ese momento decíamos que la municipalidad debía ser dueña del inmueble. Hemos avanzado en varias cosas, por ejemplo, se decretó como el primer parque natural urbano de Costa Rica, y está acá en San José. Es un primer avance.
“Un segundo avance fue que se mejoró la seguridad, porque nuestros miedos se confirmaron: el lugar empezó a abandonarse, el Sinac no lo cuidaba, no tenía seguridad, lo vandalizaron, se robaron cosas, lo destruyeron. Ahora pusieron seguridad, por las denuncias que hemos venido haciendo.
“Sin embargo, todavía está vandalizado, el lugar está en malas condiciones, hicimos algunos voluntariados para recoger la basura y demás. Logramos que la municipalidad presupuestara, solo para este primer año, ¢80 millones para invertir ahí. Sin embargo, estamos a la espera de un convenio con el Minae que se ha atrasado.
“Ya la municipalidad aprobó el convenio preliminar para ayudar a restaurar el lugar, meter ahí la oficina del departamento que da mantenimiento a los parques de la ‘muni’, llevarlos ahí para que puedan arreglar todo eso.
“Pero desde el Minae no nos han devuelto el convenio. Yo espero que el ministro Franz Tattenbach nos lo devuelva pronto, que lleguemos a un acuerdo porque ya está el presupuesto, esos ¢80 millones que podemos invertir mañana mismo.
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“Un miedo grande es que esa plata se convierta en superavit, porque tiene que ejecutarse este año.
“Cambió mi percepción, yo antes abogaba por que la propiedad fuera de la municipalidad, ahora pienso que puede seguir siendo del Minae y llegar a una co administración entre la municipalidad y el Sinac, porque para nadie es un secreto que el Sinac no tiene plata, y la municipalidad sí tiene recursos, tiene biólogos, botánicos, tiene el equipo.
“Hay un plan maestro, hay renders que se ven superbonitos e ilusionan. Se habla de 10 años por etapas. Para el próximo año la Municipalidad de San José podría invertir entre ¢200 y ¢300 millones con una partida especial para parques. Pero es necesario el convenio con Minae".
— Señala que están esperando la respuesta del Minae, ¿cuánto tiempo llevan en espera? ¿Han podido hablar con el ministro Tattenbach?
— Se había hecho una carta de entendimiento entre ambas instituciones, el convenio se escribió, se aprobó en el Concejo Municipal, tiene que aprobarse en el Conac, que es una comisión del Sinac. Pero ya está en la cancha de ellos, estamos esperando. Llevamos meses.
— ¿Cuánto llevan esperando desde que enviaron el acuerdo?
— Como desde principios de este año. Ha sido bastante, le han hecho cambios, modificaciones. Pero espero que pueda hacerse este año, porque esos ¢80 millones están ahí y vencen este año, hay urgencia.
