El Concejo Municipal de San José aprobó un reglamento de vivienda con la intención de que el ayuntamiento compre edificios subutilizados en la ciudad, que representan el 35% de los inmuebles del cantón, y los habilite como apartamentos para alquilarlos.
El reglamento surgió a raíz de la aprobación de la Ley de Vivienda Municipal, del 2022, la cual permite a los gobiernos locales desarrollar dos tipos de proyectos habitacionales.
El primero está enfocado en la construcción de vivienda social, similar a la que ejecuta el Estado, utilizando los parámetros del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) para otorgar bonos a las personas en condición de pobreza.
El segundo corresponde a iniciativas como la de comprar edificios para habilitar viviendas. Así lo explico a La Nación el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, quien declaró que se trata de proyectos habitacionales baja la figura de usufructo.
El plan permitirá a las personas acceder a una especie de alquiler municipal mediante la compra del derecho de uso del terreno, pagando entre un 20% y un 80% del valor total del inmueble.
Esta opción aseguraría a los inquilinos la tenencia de un hogar por un periodo de 20 a 99 años.
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“No se podría sacar al inquilino sin un debido proceso, como a diferencia del alquiler donde, si el dueño necesita vender el inmueble o que alguien más lo ocupe, le puede pedir a la persona que se vaya”, señaló Guadamuz.
Costo de alquiler
El costo del arriendo se calcularía tomando en cuenta el valor total de la propiedad (según su avalúo) y otros gastos como los costos de construcción, administración y financiamiento.
Se cobraría un mínimo del 20% del valor del bien y un máximo del 80% dependiendo de la cantidad de años de uso. Los periodos irán de 20 a 99 años.
El monto total a pagar se calculará así: un 2% por cada año de contrato.
Por ejemplo, si una vivienda vale ¢100 millones y el contrato es por 20 años, se calcula el 2% a ese monto por cada año, lo cual sería el 40% del valor de la propiedad. En este caso, el inquilino tendría que un total de ¢40 millones distrubuidos a lo largo de dos décadas, explicó el regidor.
Al final del contrato, la propiedad no pasa a manos del inquilino, pues es municipal.
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¿Cuándo iniciará el proyecto habitacional?
Pese a que el proyecto habitacional ya cuenta con el reglamento publicado en La Gaceta, el regidor señaló que la Municipalidad aún no ha definido los recursos presupuestarios para su ejecución.
Una de las opciones viables sería modificar el presupuesto ordinario 2026 de la Municipalidad, que ya está aprobado; o bien, formular un presupuesto extraordinario, o iniciar el proyecto habitacional en el 2027.
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“Queremos impulsar la creación de una oficina dentro de la municipalidad que gestione este tipo de proyectos. Además, buscamos promover la compra o reciclaje de un edificio para destinarlo a vivienda. Es algo en lo que estamos trabajando y que esperamos presentar pronto”, finalizó.