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Tal vez podemos decir que era inevitable, considerando el área y el tamaño del mar territorial costarricense. Tarde o temprano, alguno de los múltiples ataques de Estados Unidos a presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico implicaría a Costa Rica. Las consecuencias del último asalto llegaron este viernes a Golfito: dos cuerpos y un sobreviviente.
El flagelo del narcotráfico requiere estrategias cada vez más complejas y, quizás, más atrevidas. Esa ha sido la explicación para la medida de bombardear presuntas narcolanchas en las distintas rutas que utiliza el comercio ilícito para llevar la droga a Norteamérica.
La situación ya se militarizó incluso en países donde se había evitado, como demostraron los recientes bombardeos de Ecuador. Pero el suceso del viernes, que involucra a Costa Rica, amerita atención detallada por las dudas que suscita.
¿Por qué hay dudas?
El ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Pacífico oriental se inscribe en una estrategia más amplia que, desde septiembre de 2025, ha redefinido la lucha antidrogas en la región.
Washington ha pasado de operaciones de interdicción y captura a acciones militares letales en altamar, bajo la premisa de estar en un “conflicto armado” contra el narcotráfico (hay que recordar que la declaratoria de guerra en Estados Unidos debe autorizarla el Congreso; esto es relevante por el marco jurídico que aplicaría en cada caso).
Según cifras oficiales citadas por agencias internacionales, estas operaciones habían dejado más de 140 muertos en cerca de 40 ataques en el Caribe y el Pacífico a mediados de febrero.
El problema central no es operativo, sino jurídico. El quid del asunto está en la descripción de los blancos: “presuntas” narcolanchas. Como han señalado reportes de prensa internacional, Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estuvieran efectivamente vinculadas al narcotráfico, lo que ha abierto un debate sobre la legalidad de estas acciones.
Ya en noviembre, el El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, solicitó a Estados Unidos investigar la legalidad de sus ataques: “Pido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”.
En derecho internacional, el uso de la fuerza letal fuera de un conflicto armado convencional requiere estándares estrictos, incluyendo la existencia de una amenaza inminente.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas”, había dicho desde setiembre un grupo de expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas han advertido que atacar embarcaciones sin identificación plena de sus ocupantes ni intento previo de captura vulnera principios básicos del debido proceso. La cuestión tiene efectos inmediatos. En diciembre, la familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.
Tensiones entre soberanía y cooperación
En paralelo, emerge una dimensión política regional, especialmente tras el lanzamiento reciente de la “coalición militar” contra el narcotráfico de la que ahora forma parte Costa Rica.
La situación de las narcolanchas ya había generado fricciones políticas regionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó uno de los ataques como “un asesinato” y subrayó que la cooperación antidrogas debe ajustarse al derecho internacional.
La preocupación no es menor, pues la normalización de este tipo de operaciones podría sentar un precedente para intervenciones unilaterales en aguas internacionales o incluso en zonas de jurisdicción compartida. En el caso de este viernes, el hecho ocurrió a 126 millas náuticas (233,3 km) de la costa.
El caso que involucra a Costa Rica subraya además la inevitable externalización de las consecuencias, con implicaciones humanitarias y legales. ¿Qué jurisdicción corresponde? ¿Bajo qué marco se investigarán los hechos? ¿Qué responsabilidades tienen los Estados involucrados? Estas preguntas abiertas tensan la cuerda entre soberanía, cooperación y dependencia en materia de seguridad regional.
Desde Washington, la estrategia se defiende en términos de disuasión, pues según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, los ataques han reducido el número de embarcaciones activas y han “intimidado” a los traficantes.
La lucha contra el narcotráfico requiere acciones contundentes, y es difícil creer que Costa Rica no coopere en más ataques contra el crimen organizado. El tráfico internacional vive un auge notorio, con las consecuencias nefastas que tiene en la seguridad regional y la local. Pero en esta estrategia específica, queda la pregunta por el marco normativo, suspendida sobre todas estas operaciones.
Múltiples expertos han elevado las alertas. “El hecho de que funcionarios estadounidenses describan a las personas abatidas por el ataque de EE. UU. como narcoterroristas no las convierte en objetivos militares legítimos”, dijo Michael Becker, de Trinity College, a BBC este diciembre.
El viernes 13 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la primera audiencia sobre la legalidad de los ataques de embarcaciones estadounidenses en el Caribe. Aparte de diversas organizaciones, los representantes Joaquin Castro (demócrata de Texas) y Sara Jacobs (colega de California) también enviaron una carta a la comisión instándola a “examinar minuciosamente la política de esta administración y contribuir a impulsar la rendición de cuentas en el ámbito internacional”.
Dicho sea de paso, la audiencia llevó a una confrontación entre la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Departamento de Estado, que recriminó a la CIDH permitir que “la ACLU aprovechara la audiencia para intentar obligar a Estados Unidos a revelar prematuramente argumentos y pruebas en dos casos pendientes ante los tribunales federales estadounidenses”.
Ya veremos cómo se decide el asunto. Pero las dudas se empiezan a extender incluso al ámbito operativo. Justo ayer, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó que estos ataques han obligado a los grupos narcotraficantes en la región a modificar sus patrones operativos, pero no constituyen una solución a largo plazo. “Los ataques a embarcaciones no son la respuesta”, dijo, según el New York Times, aunque reconoció que seguirán siendo una herramienta.
Este viernes, el Comado Sur lideró el ataque y entregó los cuerpos en Golfito.
