El gobierno estadounidense llama “narcoterroristas” a las personas a bordo de las lanchas, ultimadas por los misiles de los barcos de guerra norteamericanos desplegados en el Caribe y en el Pacífico. La destrucción de esas lanchas con presuntos narcotraficantes, y la muerte violenta de casi todos sus ocupantes, se presenta con fines propagandísticos como la punta de lanza de una política firme contra los carteles de la droga.
Pero ¿hasta qué punto puede aceptarse que las acciones militares ordenadas por el presidente Trump sean legítimas? Los argumentos del gobierno se sustentan en que los traficantes usan lanchas rápidas y rutas marítimas para introducir en Estados Unidos cocaína, fentanilo y otras drogas, que causan la muerte de miles de norteamericanos. Pero los letales ataques contra las embarcaciones y sus ocupantes –sin orden judicial y sin evidencias claras de drogas a bordo– socavan los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados y los derechos de las personas. Esas operaciones pueden equivaler a asesinatos extrajudiciales.
Gigantesco negocio
Mientras Trump ordena su campaña militar contra las drogas en aguas internacionales, en Estados Unidos ocurre a diario una actividad escandalosa. El blanqueo de dinero derivado del narcotráfico permanece casi intacto. Se calcula que en Estados Unidos se lavan al año unos $100.000 millones, y la cifra posiblemente es conservadora. La magnitud de esta actividad debería poner en alerta al gobierno, si de verdad está empeñado en una guerra para suprimir el trasiego de drogas.
Claro, es mucho más sencillo destruir una lancha en alta mar con un misil sofisticado que desmantelar redes financieras complejas en las que el dinero del narcotráfico –y de otras actividades ilegales– se blanquea para insertarse en la economía legal. El gobierno regula e investiga muy poco esas estructuras opacas, y, si lo hace, los resultados han sido muy insuficientes.
Es un acto de propaganda: se destruyen embarcaciones y se tronchan vidas humanas bajo el anuncio estridente de una campaña contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo el gobierno se mantiene penosamente ineficaz frente al monstruo del lavado de dinero. Si de verdad se lucha contra el narcotráfico, las acciones militares deben estar acompañadas de la investigación de actividades del sector bancario y el inmobiliario, porque hay que golpear a los narcos donde más les duele: en el bolsillo.
Y a la vez que se investigan las operaciones de los bancos, los bienes raíces y los flujos internacionales de dinero, es urgente examinar por qué la elevadísima demanda de drogas ha convertido a Estados Unidos en el mayor consumidor del mundo. No basta con letales acciones militares que constituyen presuntos asesinatos extrajudiciales: hay que implementar políticas sociales que examinen las causas por las que tantas personas en Estados Unidos consumen drogas, y ayudarlas para que superen su adicción.
A fin de cuentas, el narcotráfico es un negocio que funciona, como todo otro negocio, bajo las leyes del capitalismo: hay oferta porque hay demanda. Reducir el consumo es el objetivo al que debería apuntar la campaña contra el narcotráfico proclamada por Trump, al mismo tiempo que se debe perseguir el blanqueo de dinero ilícito. De lo contrario, las acciones militares contra lanchas y personas que no pueden defenderse no son más que un espectáculo cruel dirigido a un público al que se intenta engañar.
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Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son El ocaso y La espada macedonia, publicadas por Mundiediciones. También ha publicado los ensayos Biden y el legado de Trump y Una plaga del siglo XXI, sobre la pandemia de covid-19.
