Jiménez rindió el informe solicitado por la Sala Constitucional luego de que el alto tribunal diera curso al recurso presentado por un ciudadano de apellidos Delgado Castro, quien cuestionó que la Asamblea mantenga pendientes los nombramientos de nueve magistrados suplentes y haya devuelto en dos ocasiones la lista de 18 candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Como parte de su defensa, la presidenta legislativa sostuvo que no existe una omisión constitucional, pues el procedimiento de elección se ha mantenido activo y los diputados realizaron 11 rondas de votación sin alcanzar los 38 votos necesarios para efectuar los nombramientos.
La posición de Jiménez es que la imposibilidad de alcanzar los votos requeridos forma parte de la dinámica propia de un órgano político y no significa, por sí misma, que la Asamblea haya incumplido su deber constitucional de elegir a los magistrados.
“La falta de consenso entre las distintas fracciones legislativas no puede equipararse a una omisión constitucional ni a una negativa institucional de ejercer la competencia que corresponde al Plenario Legislativo”, indicó Jiménez en su respuesta.
Además, argumentó que la Constitución no establece un plazo fatal para completar las designaciones y que, mientras el procedimiento continúe activo, no puede considerarse lo denunciado por el ciudadano.
Jiménez también sostuvo que ordenar judicialmente al Congreso efectuar los nombramientos dentro de un plazo implicaría intervenir en una competencia propia del Plenario.
Ciudadano rebate argumentos de Jiménez
Luego de conocer el informe presentado ante la Sala, Delgado remitió un nuevo escrito en el que cuestionó los argumentos de la presidenta legislativa y mantuvo su solicitud para que el recurso sea declarado con lugar.
Según el recurrente, la respuesta de Jiménez no identifica a ninguno de los 18 candidatos que incumpla requisitos constitucionales, legales, éticos o profesionales. Tampoco, afirmó, señala falta de experiencia, formación jurídica, probidad o problemas de elegibilidad, ni irregularidades en el procedimiento desarrollado por Corte Plena.
Delgado planteó que la discusión no consiste en determinar si los diputados están obligados a votar favorablemente por alguno de los aspirantes, sino en establecer si podían devolver reiteradamente la nómina e impedir que el proceso de elección continuara.
“El recurso nunca sostiene o pretende que los diputados estén obligados a votar por una persona específica”, afirmó Delgado en su escrito. Seguidamente, sostuvo que existe una diferencia entre votar en contra de un candidato e impedir que exista una elección.
El ciudadano también cuestionó que, a su criterio, el informe de la Asamblea no responde una interrogante central: por qué los 18 candidatos enviados por la Corte no podían continuar sometidos al proceso de votación.
Según Delgado, explicar las competencias constitucionales del Plenario o su potestad para decidir sobre la idoneidad de los candidatos no constituye, por sí solo, una justificación para devolver la nómina.
Recurso surgió tras devolución de nómina
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a alguno de los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó devolver a los diputados la nómina intacta al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
Resolución de la Sala Constitucional
Tras ese escenario, la Sala Constitucional emitió el jueves 30 de julio una sentencia con la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025, hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos.
Un día después, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la resolución como un “golpe de Estado”. Ese mismo 31 de julio, en una comparecencia junto con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La decisión del Tribunal Constitucional también ordenó a Jiménez someter la nómina de candidatos al conocimiento del Plenario “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros establecidos en la resolución.
