La Sala Constitucional dio trámite a un recurso de amparo que cuestiona la decisión impulsada por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de devolver la nómina de candidatos a magistrados suplentes remitida por la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal otorgó un plazo de tres días hábiles a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, para rendir un informe circunstanciado sobre las actuaciones señaladas en el recurso.
La gestión, de la que La Nación tiene copia, fue presentada por un ciudadano de apellido Delgado, quien sostuvo que la Asamblea Legislativa ha incumplido su deber constitucional al mantener sin nombrar nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional y al devolver, en dos ocasiones, la nómina de 18 candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Según el recurrente, la moción impulsada por la bancada oficialista para solicitar una nueva lista de aspirantes carece de fundamento constitucional y ha impedido completar la integración del Tribunal Constitucional, lo que, a su juicio, afecta el acceso a la justicia y el funcionamiento de la Sala.
En el recurso también se solicita que la Sala declare que la Asamblea no puede devolver la nómina de candidatos sin una habilitación expresa en la Constitución y que ordene concluir el proceso de elección dentro de un plazo razonable.
El ciudadano, además, pidió una medida cautelar para impedir que el procedimiento sea suspendido, archivado o reiniciado mientras se resuelve el fondo del asunto.
Por su parte, la Sala Constitucional advirtió a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, que la omisión injustificada de responder podría hacer que los hechos alegados por el recurrente se tengan por ciertos para efectos de resolver el caso.
Bloqueo en la elección de magistrados suplentes
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a alguno de los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó devolver a los diputados la nómina intacta al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
Resolución de la Sala Constitucional
Tras ese escenario, la Sala Constitucional emitió el jueves 30 de julio una sentencia con la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025 hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos.
Un día después, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la resolución como un “golpe de Estado”. Ese mismo 31 de julio, en una comparecencia junto con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La decisión del Tribunal Constitucional también ordenó a Jiménez someter la nómina de candidatos al conocimiento del Plenario “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros establecidos en la resolución.
La sentencia fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. Votaron a favor Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess Herrera. Salvaron su voto Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.
