La presidenta de la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, acogió la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para tramitar el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y que este afronte 15 denuncias por beligerancia política.
Este lunes, la jerarca a.í. del Congreso puso a consulta de las diferentes fracciones un borrador de resolución, que anunciaría oficialmente este martes, en la sesión del plenario, donde establece las pautas para llevar adelante el trámite de la solicitud de desafuero.
Esa propuesta de resolución se basa en jurisprudencia del órgano electoral, de enero de 1996, donde se estableció que el TSE tiene la competencia para investigar y resolver en definitiva sobre la pérdida de credenciales de los funcionarios electos popularmente para ejercer cargos públicos, incluso cuando se trata de supremos poderes.
Esa jurisprudencia del 96 fue ratificada en resoluciones del órgano electoral en 2002 y 2008, donde se confirmó que la norma aplica precisamente para los procesos de beligerancia política previstos en el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución Política.
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Adicionalmente, Castro fundamenta su decisión de acoger la solicitud del Tribunal Electoral en sentencias de la Sala Constitucional, como la 29-2002, donde el máximo tribunal indica que la voluntad de los diputados constituyentes fue darle al TSE la función de interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
Sala IV afirma que TSE tiene absoluta potestad
La presidencia en ejercicio también cita, en su argumentación, la resolución de la Sala IV 2023-023861 de agosto de 2024, donde los magistrados constitucionales sentencian que el TSE tiene “la competencia constitucional de investigar y pronunciarse sobre denunciar relacionadas con parcialidad política de servidores o funcionarios impedidos para ello”.
Desde que el órgano electoral envió a los diputados la solicitud de levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, diputados, abogados y analistas políticos afines al gobierno se han dedicado a argumentar que el Tribunal de Elecciones no tiene potestad de pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República.
Sin embargo, diversa jurisprudencia y normativa apunta a que el TSE tiene la absoluta potestad de llevar adelante el proceso de investigación contra Rodrigo Chaves por beligerancia política.
Frente a los argumentos de los chavistas de que no hay ningún procedimiento en el Reglamento legislativo para tramitar solicitudes del TSE para levantamiento de inmunidad, la presidenta Vanessa Castro se acogió al principio de autorregulación de la Asamblea Legislativa para determinar el camino por seguir en este caso.
En relación con el trámite en sí mismo, Castro se ajusta bastante al procedimiento ya ejecutado en la anterior solicitud de levantamiento de la inmunidad para la acusación penal del caso BCIE-Cariñitos.
En ese sentido, Vanessa Castro leerá su resolución, que posiblemente sea apelada por los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y de seguido pasará a la conformación de la comisión especial, integrada por tres congresistas.
Ese órgano especial tendrá un plazo de 20 días hábiles, prorrogable por un plazo idéntico, al igual que se aplicó para el caso del BCIE-Cariñitos, en que la solicitud de desafuero de Chaves provino de la Corte Suprema de Justicia.
La presidencia legislativa señala, en su borrador de resolución, que el expediente de la solicitud del TSE no es de libre acceso y solo pueden consultarlo las partes del proceso, sus representantes legales y las diputaciones, de forma regulada.
En cuanto a la publicidad de las sesiones de la comisión especial sobre inmunidad de Chaves, serán públicas, salvo que sus miembros dispongan lo contrario.
Límite a intervención de Chaves en comisión
A diferencia de la comisión especial sobre el caso judicial, Vanessa Castro le fijó un plazo de 30 minutos al presidente Chaves para su intervención en ese órgano, mismo plazo que se aplica para la sesión del plenario en que se conocería el informe de la comisión.
De igual forma, el informe de la comisión será público, salvo las partes que los legisladores decidan resguardar.
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Precisamente, para el conocimiento del informe en el plenario, se dará un espacio de media hora a Rodrigo Chaves, para que exponga su posición, si asiste.
El 22 de setiembre, cuando se conoció el informe de la comisión sobre el desafuero para el caso BCIE-Cariñitos, Chaves rechazó acudir al plenario, pues alegó que se trataba de un plazo demasiado corto.
En la fecha dispuesta por la presidencia del Congreso para debatir el informe, se votará si el plenario autoriza el levantamiento de la inmunidad del mandatario para afrontar las denuncias por beligerancia o no.
