El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el vicepresidente, Stephan Brunner Neibig; y el canciller, Arnoldo André Tinoco, figuran como posibles responsables de cuatro delitos electorales en un informe emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras una investigación de tres años.
El TSE concluyó que la campaña de Chaves se benefició del dinero captado mediante dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, tal como lo reveló La Nación a principios del 2022.
Según el documento, el presidente promovió la recepción de donaciones en una de las estructuras, mientras que el vicepresidente ocultó lo que ocurría a pesar de que era el tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y, por lo tanto, tenía el deber de denunciar. Un audio fue utilizado como evidencia de ello. En cuanto al canciller, se le cuestiona el doble papel de administrador y donante.
Una de las estructuras funcionó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del diputado Waldo Agüero Sanabria, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
A los tres jerarcas, el TSE les achaca la presunta violación de artículos del Código Electoral, los cuales conllevan penas de cárcel de dos a seis años. El documento, del cual La Nación tiene una copia, lo secuestró el fiscal general, Carlo Díaz, el pasado 17 de enero y forma parte del expediente judicial N.° 22-000116-1218-PE.
Los siguientes son los hechos achacados a los jerarcas:
Presidente Rodrigo Chaves
El TSE lo menciona como posible responsable de cometer tres delitos electorales. Primero, le achaca haber recaudado fondos para Progreso Social Democrático “sin haber sido autorizado por el tesorero de la agrupación”.
El órgano electoral lo señaló en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera y por “invitar a recibir depósitos en las cuentas de ATA Trust (la firma que administró ese fideicomiso), siendo ya candidato electo por el PPSD”.
Esa presunta violación es castigada con penas de dos a cuatro años de prisión, según el artículo 273 del Código Electoral.
Segundo, las pesquisas del TSE le atribuyen dos aparentes delitos por haber recibido siendo candidato, o bien, precandidato, “contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”. Ese incumplimiento es sancionado con penas de dos a seis años de cárcel, de acuerdo con el artículo 275, inciso b, de la legislación electoral.
Este segundo supuesto delito se lo atribuyen dos veces, tanto por la estructura que operó mediante las cuentas del fideicomiso Costa Rica Próspera, como por la que captó fondos a través de las cuentas de Sofía Agüero.
No obstante, en el caso de la segunda estructura paralela, el TSE precisó que solo habría incurrido en esa violación “en la medida en que el señor Chaves Robles hubiere conocido de antemano la existencia de este esquema de financiamiento y, aun así, hubiere aceptado beneficiarse de él”.
Vicepresidente Stephan Brunner
A Stephan Brunner el TSE le cuestiona que, en la campaña, siendo tesorero del PPSD, no haya denunciado que en la sede de esa agrupación —en barrio La California, en San José— se hubiesen adquirido activos con recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Para llegar a esa conclusión, el Tribunal usó como prueba un audio que Brunner le envió a Chaves antes de la segunda ronda electoral del 2022, donde reveló que tenía pleno conocimiento de que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dinero y activos “contaminados”.
El audio circuló en agosto del 2022 y tanto Brunner como Chaves reconocieron su autenticidad en un video que colgaron en YouTube. Al respecto, el Tribunal señaló que “estas declaraciones denotan una intención de ocultamiento”.
Por estos hechos, el Tribunal le atribuye a Brunner una aparente violación al artículo 275, inciso a, del Código Electoral, que castiga con prisión de dos a seis años al miembro del comité ejecutivo de un partido que tenga conocimiento de contribuciones ilegales y no lo denuncie ante las autoridades competentes.
Canciller Arnoldo André
Al canciller Arnoldo André, el TSE lo señaló primero como posible responsable de dos delitos electorales.
Le atribuye, al igual que Chaves, una violación al artículo 273 por ejercer “el rol de administrador efectivo del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera”, tomando en cuenta que, para ese momento, él era el presidente de ATA Trust. Ese supuesto delito es penado con hasta cuatro años de prisión.
Segundo, le achaca haber hecho una donación a esa estructura paralela de financiamiento por ¢3,6 millones. En las cuentas de ATA Trust consta que él hizo ese aporte a título personal y a través de las empresas Galería Tres Mil S. A. y Península Group S. A., entre el 11 de marzo y el 8 de agosto del 2021.
Esa aparente irregularidad se establece en el artículo 274, inciso e, del Código Electoral, con una pena de prisión de dos a cuatro años.
¿Cuánto dinero se movió?
— El fideicomiso Costa Rica Próspera habría movilizado ¢112 millones para gastos político-electorales.
— Las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar movieron otros ¢136 millones.
Entre ambas, se movieron, ¢248 millones.
Así consta en el informe N.° IDI-DFPP-007-2024 emitido por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE el 29 de noviembre. El documento ya forma parte de un expediente en la Fiscalía General por tratarse de miembros de los supremos poderes (N.° 22-000116-1218-PE).
Junto al presidente, el vicepresidente y el canciller, el TSE también señaló al diputado Agüero y a su compañera de bancada, Luz Mary Alpízar Loaiza, quien es presidenta del PPSD. Les achaca posibles responsabilidades en el aparente financiamiento ilegal.
La lista de presuntos implicados asciende a 16 personas y la completan estas 11: Sofía Agüero, Jack Loeb Casanova, Andrés Vásquez Landergreen, Alonso Vargas Araya, José Francisco Coto Quesada, Luis Diego Soto Clausen, Bernal Jiménez Chavarría, Adrián Torrealba Navas, Damaris Robles Aguilar, Helen Valerie Loeb Casanova y José Antonio Yock Fung.
“Este Departamento considera —en grado de probabilidad y salvo mejor criterio del superior— que, de cara y/o durante las elecciones nacionales del 2022, habrían operado dos estructuras paralelas de financiamiento partidario, destinadas a favorecer la acción político-electoral del Partido Progreso Social Democrático, en particular, de las candidaturas de los señores Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República, y Waldo Agüero Sanabria a la diputación por San José”, dice el informe del TSE.
Diputados señalados por el TSE
En el caso de Luz Mary Alpízar, el Tribunal le cuestionó haber recibido, en su calidad de presidenta del PPSD, “múltiples donaciones en especie, conociendo que estas no habían sido sufragadas por personas físicas costarricenses, y así se lo hizo creer al TSE”.
Progreso Social Democrático, por ejemplo, le reportó al Tribunal donaciones del banquero Jack Loeb por ¢66,6 millones y, de este monto, ¢44,4 millones correspondían a donaciones en especie, del 6 de julio del 2021, que el propio empresario negó haber hecho.
Según le dijo él mismo al TSE, ese último monto en realidad obedece a donaciones hechas al fideicomiso Costa Rica Próspera.
Esa presunta falta es sancionada por el Código Electoral, en el artículo 275, inciso b, con penas de dos a seis años de cárcel.
Además, por esos hechos, el TSE presume que la agrupación oficialista podría ser castigada con el pago de una multa de unos ¢88,8 millones, el doble del monto de la donación que reportó Alpízar y que Loeb negó haber realizado.
“El PPSD podría haber incurrido en la falta sancionada en el artículo 288, inciso a, del Código Electoral, que castiga a las agrupaciones políticas que reciban contribuciones, donaciones y aportes privados sin acatar los procedimientos previstos en el artículo 123 del Código Electoral”, se consignó en el informe.
A Waldo Agüero se le atribuyó una posible violación al artículo 275, inciso b, que es castigado con hasta seis años de cárcel, en la medida en que hubiese conocido de antemano la existencia del dinero que pasó por las cuentas de su hija para su campaña.
Otros involucrados
Las otras 11 personas que también fueron señaladas por el TSE figuran como posibles responsables de, al menos, uno de los delitos antes mencionados.
En el caso de la estructura paralela que funcionó con el fideicomiso, se cuestiona al banquero Jack Loeb en su calidad de constituyente del fideicomiso —junto con Rodrigo Chaves—, así como de Alonso Vargas, quien fue director de operaciones del fideicomiso, y Andrés Vásquez, en su condición de representante legal de ATA Trust.
Loeb, André y otras siete personas también son vinculadas con una posible violación al artículo 274, inciso e, por haber hecho donaciones al fideicomiso, lo cual es penado hasta con cuatro años de prisión. Ese es el caso de José Francisco Coto Quesada, Luis Diego Soto, Bernal Jiménez, Adrián Torrealba, Damaris Robles, Helen Valerie Loeb y José Antonio Yock.
Todos ellos están vinculados a la primera estructura paralela. En cuanto a la segunda, a Sofía Agüero se le vincula con una recaudación ilegal de fondos, sin el aval del tesorero de la agrupación, delito que es penado con hasta cuatro años de cárcel. Mientras tanto, a Jack Loeb también se le achaca haber dado donaciones a esa estructura paralela, hecho que también es sancionado con hasta cuatro años de prisión.
Primera estructura paralela: Costa Rica Próspera
Sobre el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el TSE determinó que este se usó para captar donaciones y financiar gastos de “naturaleza político-electoral”, entre el 25 de febrero y el 8 octubre del 2021.
En ese lapso, a las cuentas bancarias de la firma ATA Trust Company S. A., la cual administró el fideicomiso, ingresaron ¢288,6 millones y, el TSE logró determinar que ¢112 millones se utilizaron para pagar bienes y servicios de la campaña de Chaves.
“La recaudación y gestión de estos fondos tenía por objeto potenciar las aspiraciones políticas del señor Chaves Robles; que posteriormente se radicaron en el Partido Progreso Social Democrático, por lo que terminaron beneficiando también a esta agrupación política y a otras de sus candidaturas vicepresidenciales y diputadiles”, consignó el TSE en el informe.