Entre junio del 2020 y agosto del 2021, Sofía Agüero Salazar, hija del diputado de gobierno Waldo Agüero, registró un ingreso mensual promedio de $600 (¢390.000) en sus cuentas en el Banco Nacional (BN). Dos meses después, en octubre de ese año, comenzó a recibir depósitos con miles de dólares que, en cuestión de cinco meses, sumaron $195.800 (unos ¢127 millones, según el tipo de cambio promedio de esa época).
En esa época, Agüero tenía 24 años y fungía como asistente administrativa y coordinadora de la agenda del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Ante los inusuales movimientos de dinero, el BN le consultó el motivo de los 18 depósitos. En el detalle, solo aparecían consignadas las frases “Loeb Casanova Jack Frederic/campaña RCH” o “Loeb Casanova Jack Frederic/campaña política”.
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Ante la consulta del Banco Nacional, Sofía Agüero reconoció que el dinero provenía de su patrono, el banquero Jack Loeb Casanova. Dijo que él “apoyó específicamente al candidato a diputado por San José, su padre, el señor Waldo Agüero Sanabria con el PPSD”.
Con esos recursos, Agüero canceló facturas por concepto de pauta electoral en Facebook, pauta televisiva en Canal 7, vallas y adquisición de signos externos.
Al ver las cuentas bancarias de Jack Loeb, el TSE también confirmó que fue él quien depositó el dinero a Sofía Agüero. El órgano electoral detalló que, antes de hacer esos depósitos, él recibía dinero de otras cuentas a nombre de “Grupo Santiago”, “Prival Bank Panamá”, “Holland Global Enterprises Ltd” y otras cuentas de Prival Bank.
Según un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitido en diciembre, así se confirmó que las cuentas de Agüero se usaron para captar fondos y pagar gastos electorales en favor de la campaña de Rodrigo Chaves al margen de los controles públicos, lo cual no está permitido.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido.
El Código Electoral prevé sanciones de cárcel para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
La respuesta de Agüero al BN consta en el informe final de la investigación que realizó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (N.° IDI-DFPP-007-2024), con fecha del 29 de noviembre del 2024.
El órgano electoral concluyó que a través de sus cuentas de Sofía Agüero en el BN y la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae), operó una segunda estructura paralela de financiamiento que movilizó ¢136 millones en favor de la campaña de Chaves.
El documento del TSE, al cual La Nación tuvo acceso, forma parte del expediente judicial N.° 22-000116-1218-PE, que fue secuestrado por el fiscal general, Carlo Díaz, el pasado 17 de enero.
Además, el TSE menciona a otra presunta estructura paralela que operó mediante el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, y que destinó ¢112 millones para gastos electorales.
Sin secreto bancario
La información del BN confirma que Sofía Agüero recibió 18 depósitos de Jack Loeb por un total de $195.816 (¢127 millones) entre el 5 de octubre del 2021 y el 28 de febrero del 2022.
Un total de $190.816 entraron antes de la primera ronda electoral del 6 de febrero y $5.000 después, el 28 de febrero.
Ahí, también consta que ella recibió ¢900.000 de ATA Trust, la fiduciaria de Costa Rica Próspera, el 8 de octubre del 2021 y, posteriormente, ella depositó ese dinero a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual lo reportó al TSE como una donación.
‘Información confidencial’
En marzo del 2022, cuando La Nación reveló que la campaña de Rodrigo Chaves manejó una segunda estructura paralela de financiamiento, un equipo de este diario entrevistó a Sofía Agüero, quien, en esa oportunidad, reconoció los depósitos hechos por Loeb y afirmó que eran para apoyar “la campaña de diputados, especialmente de San José”.
Ella dijo desconocer el monto exacto de las transacciones; también dijo desconocer si Rodrigo Chaves estaba al tanto de los pagos que ella realizaba y no fue clara al detallar quién decía cómo se usaban esos fondos.
Sí admitió que recibió una notificación del BN solicitando una aclaración de los movimientos. Pero cuando se le preguntó qué había respondido, prefirió no contestar, alegando que se trataba de información “confidencial”.
La alerta emitida por el Nacional sirvió para que el TSE solicitar levantara el secreto bancario, entre otras personas, a Sofía Agüero, a Jack Loeb Casanova y al hoy presidente Chaves, así como a las cuentas de la firma ATA Trust Company S. A., donde se administraron los recursos del Fideicomiso Costa Rica Próspera.