La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió el nombramiento del embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boris Marchegiani, pese a que una sociedad vinculada al funcionario lleva 12 años sin pagar al Banco Nacional (BN) una deuda que ya alcanza los $8,3 millones. La firma se ampara en un escudo judicial.
“Tener deudas no es un delito en este país. Como cualquier otra persona, él deberá atender sus obligaciones financieras mediante los mecanismos que correspondan. De hecho, tanto ciudadanos como empresas, incluidas grandes compañías, pueden mantener deudas sin que eso implique un delito”, dijo la presidenta.
Fernández añadió que no estaba “enterada” del proceso judicial que permite a la empresa ligada a Marchegiani no pagar al BN.
“Sí así fuera (que enfrenta un proceso), deberá enfrentarlo y responder conforme a la ley, como corresponde a cualquier ciudadano”, dijo.
Casa Presidencial sostuvo que la mandataria revisa los antecedentes penales antes de seleccionar a sus funcionarios, pero “esta revisión no incluye las deudas por no ser un delito”.
El pasado 24 de junio, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN un crédito adquirido para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos.
En el 2014, la empresa presentó un convenio preventivo de acreedores cuyo proceso fue admitido en la vía judicial. Dicho trámite evita que los acreedores de cualquier deudor embarguen o rematen los activos de la empresa con problemas de solvencia al tratarse de un escudo judicial. Además, permite la continuidad de las operaciones de una compañía sin hacer frente a sus pagos.
Marchegiani, según la presidenta Laura Fernández, fue nombrado como embajador ante la ONU con la misión de “dar un giro” a la posición de Costa Rica sobre la Agenda 2030 y alejar al país de foros sobre “derechos” y “diversidades”. Sin embargo, el funcionario es accionista del hotel Gaia, que se describe como “amigable” con la comunidad LGBTQ+.
En tanto, la Cancillería también defendió su nombramiento al señalar que el embajador cumple los requisitos normativos.
Bloqueo de investigaciones
El 16 de julio, los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano, en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, rehusaron investigar la deuda de la sociedad vinculada al embajador, al rechazar una moción del legislador Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En contra de abrir dicha investigación votaron los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, mientras que solo votaron a favor Padilla y Víctor Hidalgo, del PLN, así como Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).
El 30 de julio, los oficialistas volvieron a negar a llamar Marchegiani.
“Si alguien hace mal los recursos públicos, hay que llamar al banco, no a Taboga, ni a Marchegiani, ni a este, ni a fulano. Es al banco, no a Marchegiani. Abramos uno contra el Banco Nacional, no contra Marchegiani, ni Taboga, ni ninguno de esos”, dijo Stephan Brunner en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso el pasado 30 de julio.
El diputado agregó: “En el caso de los préstamos, al que hay que llamar es al banco, no a la personas que recibieron o no recibieron un crédito, lo pagaron o no lo pagaron”.
Ingenio Taboga es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de la caña de azúcar.
Alcanzó notoriedad luego de que, en junio del 2025, el entonces presidente, Rodrigo Chaves, aludiera en conferencia de prensa a un supuesto vínculo entre la familia Arias y la empresa Ingenio Taboga.
De forma previa, en esa misma conferencia, el presidente de la República indicó que la compañía solicitó un crédito de $70 millones al Banco Nacional y de $10 millones al Banco Popular.
El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, negó que su familia sea la propietaria actual de la empresa Ingenio Taboga y aclaró que el 3,22% que tenía de acciones ahora son de sus dos hijos.
La empresa Taboga indicó, en ese momento, que no tenía ningún crédito formalizado o en proceso ni con el Banco Nacional ni con el Banco Popular.