“La designación del señor Marchegiani cumple los requisitos normativos. El gobierno ha detallado ampliamente los atestados de selección del representante permanente y las tareas que le ha encargado”, se limitó a responder Cancillería ante una consulta de La Nación.
Este 16 de julio, los diputados oficialistas de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público rehusaron investigar al embajador por esa misma deuda, al rechazar una moción del legislador Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En contra de abrir dicha investigación votaron los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, mientras que solo Padilla y Víctor Hidalgo, del PLN, así como Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), votaron de forma afirmativa.
Este medio remitió preguntas para el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar. Se le consultó si se considera conveniente que Boris Marchegiani continúe como embajador de Costa Rica ante la ONU pese a ser presidente y apoderado generalísimo de una sociedad que se ampara en un escudo judicial, para no pagar al BN.
Además, se preguntó si el canciller fue informado de esa situación al momento del nombramiento; y si, tras conocerla, solicitará explicaciones o tomará alguna medida contra el diplomático. Finalmente, se pidió copia del acto administrativo mediante el cual se oficializó su designación como representante del país ante las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no fue respondido.
Deuda una sociedad vinculada a Marchegiani
El pasado 24 de junio, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN una deuda crediticia que ya llega a los $8,3 millones.
Esa firma ha logrado eso al amparo de un escudo judicial, que es un convenio preventivo de acreedores, admitido en vía judicial desde junio de 2014, lo que le brindó una protección judicial a la compañía que tiene como bien que respaldaba la deuda el hotel Gaia, de Marchegiani.
Marchegiani, según la presidenta Laura Fernández, fue nombrado como embajador ante la ONU con la misión de “dar un giro” a la posición de Costa Rica sobre la Agenda 2030 y alejar al país de foros sobre “derechos” y “diversidades”. Sin embargo, el funcionario es accionista del hotel Gaia, que se describe como “amigable” con la comunidad LGBTQ+.
