El Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es el nuevo embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boris Vasir Marchegiani Carrero, lleva 12 años sin pagar al Banco Nacional (BN) una deuda crediticia que ya alcanza los $8,3 millones. Así lo consigue amparado en un escudo judicial.
El préstamo fue suscrito inicialmente por Marchegiani para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos, por un monto de $2,6 millones en enero del 2006. Luego, en agosto del 2011, se hizo una readecuación con unificación de deudas por más de $3,5 millones, según el expediente 14-100021-0425-CI, de más de 3.800 páginas, al que tuvo acceso La Nación.
La deuda también incluye un saldo de $142.277 correspondiente a un crédito otorgado a Inversiones Helénicas Aphrodite Doscientos Uno Limitada, sociedad vinculada al proyecto hotelero como accionista.
Tres años después de la reestructuración, el 26 de mayo del 2014, el BN avisó a la sociedad deudora sobre la ejecución del fideicomiso de garantía por impagos. El bien que respalda la deuda es, precisamente, el hotel.
El siguiente 29 de mayo, la empresa presentó un convenio preventivo de acreedores cuyo proceso fue admitido en la vía judicial cinco días después, el 3 de junio del 2014, lo cual brindó una protección judicial a la compañía hotelera, según el expediente del caso.
Dicho trámite evita que los acreedores de cualquier deudor embarguen o rematen los activos de la empresa con problemas de solvencia al tratarse de un escudo judicial. Además, permite la continuidad de las operaciones de una compañía sin hacer frente a sus pagos.
Al 16 de junio del 2026, la deuda ascendía a $8.345.997, incluyendo principal, intereses y gastos, de acuerdo con información del BN.
Boris Marchegiani, de 74 años, fue donante y secretario general suplente del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financió las vallas publicitarias que solicitaron la renuncia de varios jerarcas del Estado. En el 2020, fue candidato a alcalde de Quepos por el Partido Justicia Social Quepos, pero no ganó la contienda.
En 2025, aportó ¢14 millones al PPSO. Asimismo, en el 2014, el empresario afirmó que hizo donaciones en especie a los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario, por medio de la empresa Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A.
La Nación solicitó a Marchegiani conversar sobre el proceso y la deuda que mantiene ante el BN. Él respondió por mensaje de texto que las respuestas las dará su abogado en el proceso.
Gerardo Bouzid Jiménez, apoderado judicial del Grupo Mercantil Lapis Lazuli en el convenio preventivo, no respondió la consulta de este diario sobre la falta de pago al Banco Nacional por parte de la empresa hotelera.
Indicó que la sociedad ha mostrado un proceso gradual de recuperación al haber tenido capacidad de pagar deudas con el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“En cuanto al desarrollo de una junta de acreedores (...) constituye el fin de las empresas promoventes alcanzar las fases procesales bajo propuestas viables y organizadas para cumplir con el pago de los créditos pendientes”, afirmó Bouzid por escrito.
Por su parte, la Dirección Jurídica del Banco Nacional confirmó que el proceso se encuentra actualmente en trámite en el Juzgado Concursal bajo el expediente 14-100021-0425-CI. La entidad dijo que no puede referirse a detalles específicos de operaciones crediticias individuales, en apego al deber de confidencialidad y secreto bancario.
“El BN actúa en todos los casos conforme al marco legal vigente, velando por la adecuada gestión de sus operaciones y la protección de los intereses institucionales y de sus clientes”, señaló la institución financiera.
⇒ Sin pagos desde 2014
Según una certificación emitida por el Banco Nacional, el último pago registrado se realizó el 1.° de febrero del 2014, es decir, hace 12 años y casi cinco meses.
El préstamo fue pactado originalmente a 12 años y luego reestructurado a 20 años plazo (240 meses).
Entre los argumentos del no pago de la deuda figuran el señalamiento de cláusulas que la empresa considera abusivas, relacionadas con las tasas de interés, comisiones, cargos por mora y vencimiento anticipado, según se indica en los documentos judiciales del caso.
El grupo empresarial también afirmó que, tras la crisis global del 2008, sufrió por una fuerte disminución en la cantidad de turistas que se hospedaron en el hotel, la apreciación del colón frente al dólar, la reducción de días de hospedaje de los clientes y el incremento de las tasas de interés.
El expediente del caso expone que el BN envió, el 6 de mayo del 2014, una comunicación en la que otorgaba 10 días naturales para cancelar los pagos pendientes.
El incumplimiento del préstamo llevó al Banco a emitir, el 26 de mayo del 2014, un aviso de cobro previo a la ejecución del fideicomiso de garantía. Tres días después, el 29 de mayo, la sociedad presentó una solicitud de convenio preventivo ante la instancia concursal.
El 3 de junio de 2014, el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita declaró abierto el convenio preventivo de acreedorers que tuvo la última audiencia oral entre las partes el 28 de julio del 2021.
Cabe señalar, que el Hotel Gaia, que es parte de las garantías del préstamo, fue calificado como el Mejor Hotel Ecológico del Mundo 2025 por World Travel Awards.
Según el contrato de la operación No. 22-10-39593082, el plan de inversión establece que los fondos serán utilizados para turismo, adecuación de deudas con el BN que incluye dos operaciones, y la cancelación del saldo de la tarjeta de crédito a nombre de Marchegiani, quien es identificado como venezolano en el contrato.
El crédito está respaldado por un fideicomiso de garantía que incluye el Hotel Gaia, así como por la fianza solidaria de Marchegiani.
⇒ Los directivos
De acuerdo con una certificación del Registro Nacional presentada por el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A. ante el Juzgado Concursal en noviembre del 2024, Marchegiani ocupa la presidencia de la Junta Directiva y ostenta la representación judicial y extrajudicial de la sociedad para el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2004 y el 11 de noviembre de 2103.
La certificación también registra a Diego Fallas Ibáñez como secretario y a Kenneth David Fleming como tesorero.
Tanto Marchegiani como Fleming se presentaron como acreedores en el proceso judicial porque la sociedad bajo protección judicial les debe $238.129 y $202.735, respectivamente.
⇒ Inicio de la relación financiera
De acuerdo con los documentos del caso, la relación comercial entre el Grupo Mercantil Lapis Lazuli y el BN comenzó en enero del 2006 con un crédito por $2,6 millones. Como respaldo, se constituyó un fideicomiso con garantía inmobiliaria y la fianza solidaria de Marchegiani.
Durante los años siguientes se otorgaron nuevos créditos, una línea de crédito y varias readecuaciones.
Todas estas operaciones quedaron incorporadas en distintas adendas y, finalmente, se consolidaron en la operación crediticia N.° 22-10-30593082, formalizada el 19 de agosto del 2011, que refundió las obligaciones anteriores por un total de $3.554.000 a un plazo de 20 años.
⇒ Empresa en marcha
En los informes financieros entregados al Juzgado Concursal, por el curador Piero Vignoli Chessler, se precisa que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli es un negocio en marcha y que la operación incluso tiene utilidades.
No obstante, según detalla el expediente judicial, se reconoce que existe una incertidumbre material de que “eventos o condiciones futuras” afecten su operación.
Sin embargo, el Banco Nacional criticó que el análisis hecho por el curador no describe si la sociedad cuenta con el flujo de caja necesario para soportar un eventual arreglo de pago.
“Lo que describe el curador en su informe, en términos muy generales, es un negocio que va en marcha y está generando utilidades, ya que evidentemente no está atendiendo su carga financiera al día de hoy: el crédito otorgado por nuestra poderdante y con el cual se construyó el hotel. Esta morosidad se mantiene”, reprochó el banco estatal ante el Juzgado Concursal.
Consultado sobre el estado del convenio preventivo, el curador indicó a La Nación que su función es estrictamente técnica y auxiliar del Juzgado.
“No me corresponde anticipar resoluciones”, aseguró. Respecto a la convocatoria de la junta de acreedores, manifestó que su realización o programación forman parte de la dinámica procesal propia del expediente y dependen de las actuaciones judiciales y de las condiciones procesales en cada etapa.
⇒ El fideicomiso
El contrato de fideicomiso se constituyó el 17 de enero del 2006.
Entre 2006 y 2010, la empresa turística y el Banco Nacional acordaron la reestructuración de la deuda mediante cinco adendas.
Una de esas adendas establecía que los recursos del crédito se utilizarían para:
- Cancelar una obligación con el Banco Nacional por $2.880.488.
- Cancelar una segunda obligación con el Banco Nacional por $520.602.
- Cancelar el saldo de una tarjeta de crédito a nombre de Marchegiani por $52.516.
- Financiar seis meses de intereses, entre agosto del 2011 y enero del 2012, por $100.393.
De esta manera, el monto total de la operación se fijó en $3.554.000 a un plazo de 20 años.
En operaciones corporativas e inmobiliarias es habitual que primero se constituya el fideicomiso y, posteriormente, se formalice y desembolse el crédito.
En abril del 2009, se documentó el cambio de fiduciario, que pasó de Citibank a Banco Improsa.
El fideicomiso también respalda un préstamo por $200.000 otorgado a Inversiones Helénicas Aphrodite Doscientos Uno Limitada.
⇒ Convenio preventivo
El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita ordenó la apertura del proceso bajo el expediente 14-10021-0425-CI a inicios de junio del 2014.
A partir del 1.° de febrero del 2018, el expediente fue trasladado al Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José.
Desde las primeras etapas del expediente surgieron cuestionamientos sobre la suficiencia y actualización de la información financiera presentada por el grupo.
El Banco Nacional, principal acreedor del proceso, objetó los estados financieros, solicitó información adicional, entre otros. Tales observaciones obligaron a los demandantes a aportar balances, declaraciones tributarias, estados de resultados y documentación contable para respaldar su situación patrimonial y operativa.
El 13 de abril del 2018, el juez Raúl Buendía Ureña fijó para el 31 de mayo de ese año la junta de acreedores que debía votar la aprobación o rechazo del convenio preventivo propuesto por el Grupo Mercantil Lapis Lazuli.
Posteriormente, la convocatoria fue reprogramada para el 3 de julio del 2018 debido a un compromiso académico del juez, según consta en una notificación judicial. A la fecha, la junta de acreedores aún no se ha realizado.
Los documentos con información financiera hasta noviembre del 2024, muestran que el Hotel Gaia continuó operando durante el proceso, realizando pagos a proveedores y conservando vigentes sus permisos sanitarios, patentes municipales y obligaciones patronales.
A noviembre del 2024, el hotel reportaba 54 trabajadores activos y una planilla mensual de ¢22,8 millones, según la información remitida al curador.
Uno de los argumentos más recurrentes del curador es que la continuidad operativa del hotel generaba mayores posibilidades de recuperación para los acreedores que una liquidación forzosa.
⇒ Demandas arbitrales
La compañía hotelera también promovió dos procesos arbitrales contra el Banco Nacional y Banco Improsa (administrador del fideicomiso de garantía) ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el 11 de junio del 2012 y el 18 de octubre del 2013.
En los procesos, la empresa solicitó la nulidad de cláusulas relacionadas con la tasa de interés incluidas en adendas del contrato de fideicomiso y reclamó indemnizaciones por daños y perjuicios.
En la primera resolución, emitida el 13 de marzo del 2013, el tribunal arbitral acogió parcialmente la demanda y condenó al Banco Nacional a reembolsar $288.190,56 al grupo por cobros efectuados en exceso, debido a la aplicación de una tasa piso en el cálculo de los intereses corrientes hasta el 13 de setiembre del 2012.
Además, condenó al banco al pago de las costas del proceso.
Posteriormente, el 14 de noviembre del 2016, el tribunal declaró sin lugar una demanda presentada por el deudor por la tasa de interés incorporada en la última adenda del préstamo. Además, condenó a la empresa al pago de las costas del proceso.
La compañía interpuso un recurso de nulidad contra esa sentencia ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.