Los diputados oficialistas de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público rechazaron investigar la deuda de $8,3 millones con el Banco Nacional que una sociedad del embajador Boris Marchegiani lleva sin pagar, al amparo de un escudo judicial.
Así lo decidieron los cinco legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) este jueves, durante la sesión de ese órgano legislativo, a la hora de votar la moción presentada por el legislador Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En contra de abrir dicha investigación votaron los oficialistas Antonio Barzuna, Cindy Blanco, Gonzalo Ramírez, María Isabel Camareno y Stephan Brunner, mientras que solo Padilla y Víctor Hidalgo, del PLN, y Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), votaron de forma afirmativa.
El pasado 24 de junio, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Marchegiani, lleva 12 años sin pagarle al BN una deuda crediticia que ya llega a los $8,3 millones.
Esa firma ha logrado eso al amparo de un escudo judicial, que es un convenio preventivo de acreedores, admitido en vía judicial desde junio de 2014, lo que le brindó una protección judicial a la compañía que tiene como bien que respaldaba la deuda el hotel Gaia, de Marchegiani.
Ese convenio evita que los acreedores de cualquier deudor embarguen o rematen los activos de la empresa con problemas de solvencia, por tratrarse de un escudo judicial, y permite que la empresa continúe sus operaciones sin hacer frente a sus pagos al banco.
Protección al embajador ante la ONU
Boris Vasir Marchegiani Carrero no solo fue designado como embajador del gobierno de Laura Fernández ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino que fue donante de campaña y secretario general suplente del PPSO, además de que financió las vallas publicitarias que, durante 2025, solicitaban la renuncia de varios jerarcas de dos poderes de la República. En 2020, fue candidato a alcalde de Quepos, por el partido Justicia Social Quepos.
En 2025, aportó ¢14 millones al PPSO. Asimismo, en el 2014, el empresario afirmó que hizo donaciones en especie a los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario, por medio de la empresa Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A.
En la propuesta de Salvador Padilla, se planteaba no solo convocar en audiencia a la Comisión de Gasto Público a Marchegiani, sino también a Gerardo Bouzid Jiménez, Diego Fallas Ibáñez y Kenneth David Fleming, todos miembros de la sociedad deudora del BN.
Igualmente, se planteaba la comparecencia de la Gerencia General del Banco Nacional y de la Auditoría Interna de la entidad, con el objeto de referirse a la veracidad de la información publicada por este medio sobre la deuda millonaria del embajador, así como el estado actual de la operación crediticia, la fecha de crédito, el monto, la cuota pactada de amortización, la cuota por concepto de intereses en términos monetarios y porcentuales, así como plazo y estado actual.
El argumento de los oficialistas
En una nota difundida más tarde, este jueves, los cinco oficialistas alegaron que la moción no acreditaba la existencia de hechos concretos que justificaran la apertura de la invesgigación y alegaron que el asunto está actualmente en conocimiento de las autoridades judiciales.
“Lo que corresponde es respetar el ámbito de actuación de cada instancia y evitar duplicidades en el ejercicio de sus competencias”, dice la nota firmada por Ramírez, Brunner, Camareno, Barzuna y Blanco.
También alegaron que la Comisión de Gasto Público tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de recursos públicos y la actuación de las instituciones del Estado.
“Dichas atribuciones no comprenden sustituir la labor de los tribunales de justicia ni revisar operaciones crediticias individuales que se encuentran sometidas a un proceso judicial y están sujetas al régimen jurídico aplicable, incluyendo las disposiciones sobre el secreto bancario”, dice la carta.
