Fuertes tensiones se vienen cocinando a lo interno de la Municipalidad de San Ramón desde hace varios meses. Personas vinculadas con esta situación relataron a La Nación la existencia de un supuesto clima de intimidación de la alcaldesa Gabriela Jiménez contra colaboradores del PLN, lo que habrían incidido en los intentos fallidos para celebrar la asamblea cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) en ese cantón alajuelense.
Sin esa asamblea, Liberación no podía acceder al financiamiento estatal para pagar la campaña electoral.
En paralelo, la alcaldesa presentó una denuncia contra el presidente del Concejo Municipal, el regidor liberacionista Hermilink Johan Chinchilla Corrales, por supuesta violencia política y presunto acoso sexual. A raíz de esa denuncia, se dictó una medida cautelar que lo suspendió por cuatro meses y 15 días de la presidencia del órgano colegiado.
Esa disposición trascendió el pasado 22 de diciembre, durante una sesión del Concejo Municipal de San Ramón, en la que varios regidores se opusieron a que Chinchilla continuara presidiendo el órgano, en razón de la suspensión temporal.
Ahora, este lunes 29 de diciembre, se armó un nuevo zafarrancho cuando el presidente municipal trató de integrarse a la sesión.
La alcaldesa indicó que no podía referirse al fondo de la denuncia contra el liberacionista. Por su parte, el presidente municipal aseguró que, a la fecha, no ha sido notificado formalmente del expediente de la denuncia interpuesta en su contra ni convocado a audiencia alguna por parte del órgano director, situación que —afirmó— “profundiza aún más las violaciones al debido proceso y a mi derecho de defensa”.
El regidor sostuvo que el caso responde a “motivaciones meramente políticas, carentes de objetividad e imparcialidad”, en su criterio, en razón de la oposición que ha ejercido desde el gobierno local.
Mientras esta disputa se ventila públicamente, otros señalamientos se manejan de forma silenciosa. Dos personas vinculadas a Liberación Nacional que solicitaron mantener su identidad en el anonimato, describieron a La Nación un supuesto ambiente de temor a expresarse públicamente o a relacionarse con terceros, por el riesgo —según indicaron— de eventuales represalias desde la Alcaldía, incluso por mantener cercanía con personas ajenas al círculo cercano de la alcaldesa.
Consultada sobre estos alegatos, Jiménez los rechazó de forma categórica: “Son absolutamente falsas, una por una, todas y cada una de las afirmaciones que se me plantean. No reconozco como ciertos ninguno de los supuestos hechos descritos, ni he incurrido en presiones indebidas, violencia política, amenazas, interferencias institucionales ni actuaciones contrarias a la ley o a la democracia”.
Infiltraciones
Una de las fuentes afirmó que, durante los procesos distritales y cantonales de renovación de estructuras del PLN, la alcaldesa habría impulsado la participación de personas de su confianza mediante la inscripción de papeletas. “Inclusive funcionarios, asesores y personas cercanas a ella”, indicó.
Señaló que, en las elecciones distritales de Liberación, un regidor afín a la alcaldesa habría sido ubicado en las afueras de una mesa de votación para anotar, en una libreta, los nombres de los integrantes de asociaciones de desarrollo que participaban en los comicios internos del PLN, lo que —según la fuente— habría derivado posteriormente en “represalias con esas comunidades”, retirándoles la ayuda.
La misma persona relató que, a través de su vínculo con juntas directivas de asociaciones de desarrollo, tuvo conocimiento de presuntas advertencias atribuidas a la alcaldesa, en el sentido de que “si no se separaban de nosotros, incluso ellos enfrentarían represalias”.
“Entonces, si nosotros estamos en una actividad y hay gente de ella o cercanos, ni nosotros nos saludamos. Esa es la idea que hemos creado aquí entre la comunidad, para poder sacar proyectos. Y si ella no está, o no hay nadie cercano de ella, ahí sí, todo normal, la gente nos saluda”, declaró.
Control sobre bancada del PLN
Otra persona que solicitó el anonimato declaró que Jiménez mantiene control político sobre una mayoría de la fracción liberacionista en el Concejo Municipal y que, presuntamente, les impide relacionarse con el resto de la bancada.
“El día que hay una celebración de un cumpleaños y los invitamos a participar, ellos ya no van, ya no participan, ni siquiera para cantar cumpleaños a sus compañeros. Uno de los compañeros, la última vez que estuvo con nosotros, recibió una llamada en el momento en el que estábamos partiendo el pastel e inmediatamente se salió de la sala, nunca más volvió a participar”, afirmó.
Según esta fuente, Jiménez “maneja” a sus regidores y síndicos aliados “desde el celular”. “Se puede notar, pueden buscar las sesiones grabadas (del Concejo Municipal) donde ella les hace gestos para que vean el celular, si pueden hablar, si no pueden hablar y eso es evidente, se nota”, agregó.
Nuevamente, la alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra. “Quiero ser enfática: en este momento mi enfoque no está en el Partido de Liberación Nacional, ni en dinámicas internas de esa agrupación, ni en figuras del pasado político local. Mi posición política es pública y clara: brindo mi apoyo a doña Laura Fernández y, en el plano político-electoral nacional, participo activamente en el esfuerzo por dar continuidad al gobierno de don Rodrigo Chaves Robles. Fuera de eso, no tengo interés ni tiempo en disputas partidarias locales que no aportan al bienestar del cantón”, agregó.
En la consultas enviadas a la alcaldesa, nunca se le preguntó sobre su ligamen con el presidente de la República, ni con la candidata oficialista, Laura Fernández. Si bien Jiménez llegó a la alcaldía como representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), renunció a la agrupación rojiazul el pasado 23 de mayo, para dar su adhesión a Rodrigo Chaves.
PLN: No hay denuncias al respecto
Sobre los hechos descritos, Miguel Guillén, secretario general del PLN, indicó a La Nación que si bien han circulado distintas versiones sobre una eventual intervención en la cantonal de San Ramón, por parte de la alcaldesa -lo mismo que figuras cercanas al chavismo-, a la fecha, no se ha recibido ninguna denuncia formal al respecto.
“Lo que sí es de conocimiento del partido es que existen personas —integrantes de la fracción liberacionista municipal en San Ramón— que mantienen una cercanía evidente con esas posiciones y que, incluso, se reúnen de manera periódica para coordinar acciones municipales con la alcaldesa", reconoció.
Guillén subrayó que el partido no ha iniciado ningún proceso ante el Tribunal de Ética en relación con estos hechos, pero que tampoco lo descartan, al tiempo que recordó que la agrupación política separó de sus cargos como delegados cantonales a 45 personas, porque no asistieron o se negaron a permitir la realización de la asamblea de ramonense.
Temor y silencio
Quienes cuestionan la gestión de la alcaldesa Jiménez señalan que la jerarca sería poco receptiva a las críticas y que, por el contrario, destinaría esfuerzos a evitar que este tipo de manifestaciones trasciendan al ámbito público.
Uno de estos episodios habría involucrado a Óscar Ramírez, vecino de San Ramón. Según relató a La Nación, fue contactado por la alcaldesa luego de realizar una publicación en su perfil personal de Facebook en la que cuestionaba las obras que el municipio ejecutaba en un puente de su comunidad, pese a que —aseguró— nunca había conversado previamente con ella ni la conocía personalmente.
De acuerdo con Ramírez, durante esa comunicación la alcaldesa le habría manifestado que visitaría diariamente el lugar donde él reside hasta poder conversar con él, expresión que el vecino interpretó como una amenaza. Indicó que la gobernante local también había contactado a su esposa.
El exregidor Marvin Gerardo Rojas Bolaños expresó que en el cantón “hay miedo de muchas personas y eso es muy lamentable, porque esto no se había vivido nunca en San Ramón”.
“Indicó que es tal el sentimiento, que las personas “no se animan a ir a atestiguar, no se animan a decir que están siendo coaccionados o amenazados. Ese silencio también le hace daño, a la libertad de expresión, a la democracia y al funcionamiento de un gobierno local, de una administración y de un Concejo”, destacó. Mencionó que, en su caso, fue “sacado” de su cargo como representante de la municipalidad en una fundación de música, según dijo, bajo falsos argumentos, como que no presentaba informes.
De acuerdo con una tercera fuente anónima, este tipo de acciones responden a una estrategia para cooptar las distintas instancias locales y amplificar el poder. “Ellos han ido cambiando los miembros de las asociaciones y tratan en cada fundación, tener una persona de ellos ahí metida”, describió.