La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, anunció este viernes su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupación política que la llevó a ocupar el cargo. Asimismo, la jerarca municipal declaró su “adhesión” al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Jiménez figura en una causa judicial, junto con el diputado Leslye Bojorges León, del PUSC, por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario autobusero detenido por el Caso Madre Patria. Además, se les indaga por supuesto tráfico de influencias.
En respuesta a lo manifestado por Jiménez, el mandatario externó lo siguiente: “Usted no le dio la adhesión a Rodrigo Chaves, porque Rodrigo Chaves no está corriendo nada más que para desarrollar a este país. Usted le acaba de dar la adhesión al futuro de su cantón y al futuro de esta patria”.
Aunque la diputada oficialista Pilar Cisneros, principal escudera de Rodrigo Chaves, ha admitido públicamente que el mandatario contempla la posibilidad de renunciar anticipadamente a su cargo para postularse como diputado en las elecciones nacionales de 2026, esa estrategia aún enfrenta importantes obstáculos.
Uno de los principales es la ausencia, por ahora, de una estructura partidaria consolidada que le permita aglutinar a sus adeptos.
Chaves está legalmente impedido de realizar manifestaciones de carácter partidario, ya que esto podría constituir el delito de beligerancia política. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene abiertas varias investigaciones contra el mandatario, debido a presuntas violaciones a esta prohibición.
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Chaves lideró celebración
La alcaldesa comunicó su decisión mientras participaba en un acto organizado por la Casa Presidencial, en San Miguel de Naranjo. La actividad, según el Gobierno, marca el inicio de la nueva carretera de San Carlos.
El anuncio de Jiménez fue recibido con aplausos por el presidente Chaves, quien se encontraba sentado al frente de la alcaldesa, mientras esta pronunciaba su discurso en el escenario.
De inmediato, el mandatario se levantó de su silla y comenzó a levantar los brazos, en dirección a los presentes, para solicitarles que se pusieran de pie y alentaran a la jerarca municipal.
Tras varios minutos de vítores, por parte de los asistentes al acto oficialista, Jiménez indicó que no se trataba de una decisión “impulsiva, ni individual”.
Afirmó que daba el paso como equipo, y que la misma determinación habían tomado sus dos vicealcaldes, Fabián Vásquez Quirós y Jenny Chaves Madrigal, quienes la acompañaron en el escenario.
El jefe de la fracción legislativa del PUSC, Alejandro Pacheco, aseguró que la decisión de Jiménez no le causaba sorpresa.
“Desde hace meses ella venía mostrando su inconformidad con el partido, especialmente desde que don Juan Carlos Hidalgo (expresidente del PUSC) solicitó al Tribunal de Ética y Disciplina investigar el caso en el que ella estaba involucrada”, declaró el legislador.
Caso Richter
La alcaldesa de San Ramón es investigada en el Caso Richter. A la jerarca municipal se le indaga por presuntamente recibir donaciones para su campaña en el plantel de buses de barrio San José, donde un empresario autobusero investigado por lavado de dinero le habría entregado personalmente el efectivo.
Jiménez reconoció haber recibido una bolsa con monedas por un monto total menor a los ¢100.000. Igualmente, responsabilizó al diputado Bojorges de ponerla en esa situación.
“Leslye me embarcó, pero no tengo nada de qué avergonzarme. Durante la campaña del 2024, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un amigo suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto. Ciertamente, no voy a ocultar que, por la intermediación de Leslye, me dieron una bolsa con monedas con menos de ¢100.000”, declaró la alcaldesa, el pasado mes de enero, en un comunicado.
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Según la investigación judicial, Leslye Bojorges le solicitó al autobusero Jonathan Herrera González, detenido por el Caso Madre Patria, un aporte para Jiménez, cuando ella estaba en campaña para alcanzar la alcaldía ramonense.
En el Caso Madre Patria, se investiga a un grupo sospechoso de cometer fraudes para apropiarse de terrenos y de lavar el dinero, producto de la venta de los bienes, comprando vehículos de alta gama, invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
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El Caso Richter se derivó de las escuchas telefónicas que las autoridades judiciales ejecutaron en el marco del expediente Madre Patria.
Además de Bojorges y Jiménez, están implicados Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).