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Así llamó la Policía Judicial a una investigación que implica a altos funcionarios públicos, la cual se derivó del Caso Madre Patria, en el cual se desmanteló a un grupo que al parecer cometía fraudes para adueñarse de propiedades, venderlas e invertir el dinero en transporte público, criptomonedas y vehículos.
El OIJ primero captó una llamada en la que el diputado Leslye Bojorges, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le pedió un favor al empresario Herrera, después de haber hecho gestiones con el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, con el objetivo de que la autobusera no perdiera la concesión de una ruta de bus. El legislador le pidió una ayuda para Jiménez.
Luego, la entonces candidata llamó al autobusero. Le dijo que lo hacía porque Bojorges le dijo. Entonces, Herrera le dijo que llegara al día siguiente, al plantel de buses de Barrio San José de Alajuela, para recoger el dinero, de acuerdo con el análisis del OIJ. Fue en ese momento en que el empresario le dijo que esa era la mejor forma, para evitar un depósito.
Al día siguiente, casi a las 3 p. m. del 3 de noviembre, ella lo llamó para avisarle que estaba afuera, y él le respondió que ya salía. Tal como ya había publicado La Nación, la policía judicial hizo seguimiento y pudo constatar, a través de las cámaras de vigilancia de la Policía Municipal de Alajuela, cuando Jiménez llegó al lugar en un vehículo Chevrolet, sin placas metálicas, y con una calcomanía de su campaña electoral por la alcaldía ramonense.
En ese momento, Gabriela Jiménez trabajaba como asesora de la diputada Daniela Rojas, también de la fracción del PUSC.
El jueves, la alcaldesa dijo que el diputado Bojorges la embarcó y que el sospechoso de lavado le entregó una bolsa de monedas, por un monto menor a los ¢100.000 y que lo había reportado como donación.
Sin embargo, en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no aparece ninguna donación a nombre de los autobuseros sospechosos de lavado.
