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La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto el 17 de febrero contra la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que se acusó a estas entidades de filtrar a la prensa una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves.
Se trata del informe que señala a Chaves Robles; al vicepresidente Stephan Brunner Neibig y el canciller Arnoldo André Tinoco como posibles responsables de cuatro delitos electorales, por el uso de estructuras paralelas de financiamiento.
La persona que recurrió alegó que se filtró información confidencial a la prensa los días 1.º y 2 de febrero de 2025, días después de que el fiscal general, Carlo Díaz, secuestró información en el TSE.
Este martes, la Sala Constitucional rechazó de manera unánime el recurso de amparo tras verificar que, antes de la filtración, algunos abogados defensores tuvieron acceso al expediente penal 22-000116-1218-PE.
Además, no se hallaron pruebas de que alguna autoridad fiscal o electoral hubiera facilitado documentos restringidos a personas ajenas al expediente penal y administrativo.
Por lo tanto, el amparo fue desestimado, según lo establecido en la resolución Nº 09519-2025 del 28 de marzo.
El caso está relacionado con nueve personas y dos sociedades anónimas que habrían financiado gastos electorales de la campaña de Chaves Robles sin que el dinero fuera registrado oficialmente en las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), tal como exige la legislación de transparencia electoral.
La ley electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Esto implica que, además del tesorero del partido o de las personas designadas por el Comité Ejecutivo, ninguna otra persona o grupo puede gestionar fondos en beneficio de un partido.
De hecho, el Código Electoral establece sanciones para quienes realicen aportes de manera paralela y para los dirigentes que los reciban.
Todos los gastos electorales deben tramitarse mediante las cuentas oficiales del partido. Además, la legislación prohíbe las donaciones de sociedades anónimas a las campañas.
Entre julio y octubre de 2021, el fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la sociedad ATA Trust Company S. A., pagó diversos gastos de la campaña de Chaves, como el alquiler de la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales, coordinadores territoriales, alquiler de vehículos, viáticos y mobiliario de oficina.
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(*) Noticia en desarrollo.
