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Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que el país estuvo “muy cerca” de enfrentar la peor crisis institucional en los últimos 78 años, producto de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y otros órganos del Estado durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.
“El país estuvo a una distancia muy corta de haber entrado en la peor crisis institucional de la Segunda República”, indicó Arias en entrevista con La Nación.
Según el jerarca legislativo, el escenario se agravó conforme el Gobierno encontraba obstáculos para avanzar con su agenda, en medio de procesos como los relacionados con el levantamiento de la inmunidad al mandatario, que finalmente no logró los votos necesarios.
A su juicio, este contexto derivó en ataques constantes del presidente y su equipo de gobierno contra distintos actores institucionales, entre ellos el propio Arias, diputados de oposición, la Contraloría General de la República (CGR), la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Cuando las puertas se fueron cerrando para el Gobierno, y todas las acciones que hacían no se podían aprobar, o algunas de ellas, por más que las ganaba, como toda la acusación que se hizo para poder llevar a juicio al presidente de la República, que requería levantarle la inmunidad, eso fue un procedimiento lento, que duró muchísimo, y al final no tuvimos los votos. Esas pudieron ser cosas que atenuaron un poco la situación”, relató.
Ataques contra el TSE
No obstante, Arias consideró que el escenario se tornó aún más crítico cuando el Ejecutivo incluyó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en su lista de “enemigos”, en las puertas del proceso electoral de 2026.
“Cuando empezó la elección y el Tribunal Supremo de Elecciones estableció la forma en que se iban a realizar, yo creo que ahí el Gobierno estaba dispuesto a no aceptar lo que dijera el TSE si ellos perdían la elección. Estaba clarísimo que no la iban a aceptar”, alegó el líder parlamentario.
Durante ese periodo, el presidente Chaves arremetió contra los magistrados del Tribunal, en respuesta a una resolución que prohibió al Ejecutivo difundir mensajes o información que exaltaran sus logros o atributos, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
El mandatario calificó la medida como una “mordaza” dirigida a él y a sus ministros. Incluso, Casa Presidencial lanzó el 2 de octubre una campaña en redes sociales institucionales titulada “Cayó la mordaza”, la cual, según una sentencia posterior del TSE, constituyó una “distorsión informativa de parte del presidente de la República”.
Aunque la campaña fue retirada pocas horas después de la publicación de los primeros mensajes y generó una gran cantidad de reacciones negativas, no frenó los cuestionamientos del mandatario contra el árbitro electoral.
En sus intervenciones públicas, Chaves también acusó a los magistrados de estar parcializados a favor del Partido Liberación Nacional (PLN), pese a que el órgano está actualmente integrado por cuatro de los cinco jueces que en 2022 certificaron su victoria en las elecciones presidenciales.
Victoria oficialista
Finalmente, la candidata oficialista del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, ganó los comicios con amplia ventaja, al obtener 1.243.141 votos, una diferencia de 381.262 sufragios sobre su más cercano rival, Álvaro Ramos, del PLN, quien sumó 861.879.
La victoria de Fernández supone la continuidad del proyecto político de Chaves. Aunque el mandatario llegó al poder en 2022 bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el oficialismo se distanció posteriormente de esa estructura.
De cara a las elecciones de 2026, el chavismo optó por competir con un nuevo vehículo político —un nuevo “taxi”, en la jerga electoral—, en este caso el PPSO.
Pese a ese contexto, Arias dijo tener expectativas positivas sobre la gestión de la mandataria electa, a quien atribuyó una actitud distinta a la del actual Gobierno.
El presidente del Congreso señaló que, a partir de las reuniones que Fernández sostuvo con las fracciones legislativas en su rol como ministra de la Presidencia, se generaron espacios de “diálogo muy abiertos” y “espontáneos”, en los que incluso hubo intercambios directos con diputados.
Asimismo, valoró que la presidenta electa demostrara conocimiento sobre los proyectos de ley que el Ejecutivo busca aprobar antes de que finalice el actual periodo, el próximo 30 de abril.
“En ningún momento dio señales de que podía gobernar en nada similar a lo que Costa Rica había experimentado con el señor Chaves”, concluyó.
