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Las reformas a distintos componentes del Poder Judicial ocupan un lugar destacado en las propuestas legislativas de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) durante sus primeros meses en la Asamblea Legislativa.
Entre el 1.° de mayo y el 10 de agosto, legisladores de esa agrupación presentaron siete iniciativas dirigidas a modificar diferentes componentes del sistema judicial, desde la elección del fiscal general y de los magistrados suplentes, hasta el gobierno interno de la Corte Suprema de Justicia, las reglas para ejercer una magistratura y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Los expertos consultados por La Nación identificaron distintos alcances y efectos entre las iniciativas. El politólogo Daniel Calvo considera que varias no atienden los problemas de fondo de la institución, sino que se concentran en modificar mecanismos de elección y los actores que intervienen en determinadas decisiones.
La politóloga Kattia Benavides identificó elementos de una “agenda de revisión del Poder Judicial”, aunque considera prematuro hablar de un paquete legislativo articulado.
Por su parte, los constitucionalistas Marvin Carvajal y Luis Felipe Rodríguez, advirtieron que algunas propuestas modifican la distribución de competencias y deben analizarse a la luz de la independencia, autonomía y equilibrio entre poderes.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, rechazó que exista una agenda de la bancada para reformar integralmente el Poder Judicial. Afirmó que las iniciativas responden a temas específicos y que la necesidad de introducir cambios en ese poder del Estado es una discusión compartida por otras fracciones legislativas.
¿De qué tratan los proyectos?
Un análisis de La Nación sobre los 42 proyectos presentados por diputados de PPSO durante ese periodo determinó que las iniciativas relacionadas con Poder Judicial, justicia y diseño institucional constituyen el bloque temático con mayor cantidad de proyectos: siete, equivalentes al 16,7% del total analizado.
Le siguen cuatro categorías con cinco proyectos cada una (11,9%): seguridad, crimen y materia penal; cultura, identidad y reconocimientos; control del Estado, transparencia y administración pública; y economía, finanzas y actividad productiva.
Por su parte, los bloques temáticos de territorio, ambiente y animales; niñez, familia y bienestar social; y otros temas reúnen cuatro iniciativas cada uno (9,5%), mientras que seguridad social, CCSS y pensiones contabiliza tres (7,1%).
| Nota aclaratoria |
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| Los proyectos fueron agrupados según su objeto principal de regulación y el ámbito institucional o temático sobre el que recaen. Cuando una iniciativa podía vincularse con más de una temática, se clasificó según su propósito predominante, de manera que cada expediente fuera contabilizado una sola vez. |
Cuatro proyectos plantean cambios estructurales
De las siete iniciativas vinculadas con el Poder Judicial, cuatro plantean modificaciones de mayor calado sobre la estructura y gobernanza judicial: la elección y control del fiscal general, la distribución de funciones de Corte Plena, la selección de magistrados suplentes y las reglas de permanencia de los magistrados propietarios.
Elección y control del fiscal general
El expediente 25.634, impulsado por la diputada Marta Eugenia Esquivel, propone que la elección del fiscal general de la República y del fiscal general subrogante deje de estar en manos de la Corte Suprema de Justicia y pase a la Asamblea Legislativa.
El proyecto busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público e incorpora mecanismos de rendición de cuentas ante los diputados y contempla la posibilidad de que la Asamblea Legislativa remueva al fiscal general bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.
No obstante, al tratarse de una reforma que afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial, la iniciativa debe ser consultada a la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 167 de la Constitución Política.
Si la Corte determina que el proyecto afecta su organización o funcionamiento y emite criterio negativo, la Asamblea Legislativa solo podrá apartarse de esa posición con el voto favorable de al menos 38 diputados.
Consejo Superior asumiría funciones administrativas
El expediente 25.687, presentado también por Esquivel, propone una reorganización del gobierno interno del Poder Judicial.
La iniciativa busca trasladar las funciones administrativas del Poder Judicial a órganos especializados, con el objetivo de que los magistrados concentren su labor en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Para ello, el proyecto plantea reformar 17 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adicionar dos transitorios para implementar un nuevo esquema de organización institucional, en el que el Consejo Superior asumiría la administración integral del Poder Judicial, incluidas funciones presupuestarias, disciplinarias y de gestión que actualmente recaen en Corte Plena.
Por plantear cambios en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la iniciativa también deberá ser consultada a la Corte.
Asamblea asumiría proceso para escoger magistrados suplentes
El expediente 25.693, presentado por Esquivel y otros nueve diputados, plantea reformar la Constitución Política para eliminar la participación de Corte Plena en la elaboración de las nóminas de candidatos a magistrados suplentes.
Actualmente, el artículo 164 de la Carta Magna establece que la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados a partir de una nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa de Esquivel elimina esa etapa previa y define que será el Congreso el encargado de realizar directamente la convocatoria, recepción de postulaciones, verificación de requisitos, evaluación, comparecencias, dictamen y nombramiento de los magistrados suplentes.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 38 diputados en el plenario legislativo.
Magistrados por 15 años y sin reelección
El expediente 25.694, presentado por la diputada Kattia Calvo Cruz, propone reformar los artículos 158 y 159 de la Constitución Política para modificar el periodo de nombramiento y los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto sustituye el actual sistema de períodos de ocho años con posibilidad de reelección por un único nombramiento de 15 años, sin posibilidad de reelección.
Además, elevaría de 35 a 45 años la edad mínima para ocupar el cargo y exigiría 20 años de ejercicio profesional como abogado.
Esta iniciativa también implica una reforma constitucional, por lo que deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 38 diputados.
Dos iniciativas apuntan al Fondo de Pensiones Judicial
Por su parte, el expediente 25.678, impulsado por Esquivel, permitiría a los trabajadores judiciales elegir entre permanecer en el Fondo Judicial o trasladarse al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CCSS.
Con ello, la afiliación al régimen judicial dejaría de ser obligatoria para quienes opten por trasladarse al IVM.
El expediente 25.679, presentado por Nogui Acosta, modifica las reglas aplicables cuando las cotizaciones de un trabajador deben trasladarse desde el Fondo Judicial hacia otro régimen.
La propuesta establece que, en esos casos, no se trasladen únicamente las cuotas correspondientes, sino que también se reconozcan los rendimientos generados por esos recursos mientras permanecieron invertidos en el Fondo Judicial.
Restricciones para magistrados suplentes
El séptimo proyecto identificado en el análisis, el expediente 25.632, presentado por la diputada María Isabel Camareno Camareno, propone cambios en las reglas aplicables a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa establece restricciones al ejercicio privado de la abogacía y el notariado, con el objetivo de prevenir posibles conflictos de interés, y regula otras incompatibilidades vinculadas con el cargo.
¿Hacia dónde se mueve el poder?
Para el politólogo Daniel Calvo, varias de las iniciativas se concentran precisamente en modificar los mecanismos de elección y los actores que intervienen en ellos, más que en atender problemas estructurales de la institución. Más allá de ese elemento común, afirmó no identificar una reforma integral del Poder Judicial.
“Me parece más bien esfuerzos orientados en un ‘quítate tú para ponerme yo’, en poder tener más influencia sobre los jueces o que algunos que han tenido históricamente influencia la pierdan, que realmente resolver los problemas del Poder Judicial”, afirmó.
Calvo interpreta la presencia de estas iniciativas dentro de la agenda de PPSO en el contexto de la confrontación política que ha mantenido el oficialismo con el Poder Judicial, al que considera actualmente uno de los principales focos de disputa del Gobierno.
También cuestionó el traslado de competencias hacia el Congreso. Sobre las reformas relacionadas con nombramientos, afirmó que llevarlas a la Asamblea implicaría “politizar todavía más” los procesos de elección, debido al peso que tendría la conformación política de cada legislatura.
La politóloga Kattia Benavides identificó un hilo común en varias de las iniciativas: la revisión de quién selecciona, quién controla y quién ejerce determinadas cuotas de poder dentro del sistema de justicia. A su criterio, existen elementos para hablar de una “agenda de revisión del Poder Judicial”, aunque considera prematuro afirmar que se trate de un paquete legislativo articulado.
Benavides señaló que trasladar competencias de Corte Plena hacia la Asamblea modifica el equilibrio de poder entre las instituciones. Según explicó, una mayor participación política puede justificarse como un mecanismo de control y rendición de cuentas, pero también conlleva el riesgo de politizar decisiones que tradicionalmente han buscado mantenerse alejadas de las mayorías políticas de turno.
Constitucionalistas advierten riesgos en traslado de competencias a la Asamblea
Los constitucionalistas Marvin Carvajal y Luis Felipe Rodríguez también advirtieron riesgos en trasladar hacia la Asamblea las competencias relacionadas con el fiscal general y los magistrados suplentes. Rodríguez considera que esto podría “sobrepolitizar” esos procesos, mientras Carvajal sostuvo que concentrarlos en el Congreso podría alterar el equilibrio de poderes.
“Sería tan absurdo como criticar la concentración de poder en la Corte y hacer una hiperconcentración de poder en la Asamblea”, afirmó Carvajal.
No obstante, los expertos no cuestionan de igual manera todas las reformas. Carvajal considera razonable retirar parte de las funciones administrativas de Corte Plena, aunque advirtió que trasladarlas al Consejo Superior requeriría revisar también la carga de trabajo de ese órgano.
También valoró favorablemente establecer un periodo único de 15 años sin reelección para los magistrados. Rodríguez señaló que una reforma de este tipo puede buscar un equilibrio entre garantizar la independencia y estabilidad de los magistrados y evitar una permanencia excesivamente prolongada en los cargos.
PPSO niega una agenda integral de reforma
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, rechazó que exista una agenda de la bancada para reformar integralmente el Poder Judicial. Según afirmó, las iniciativas presentadas responden a temas específicos y la discusión sobre cambios en ese poder del Estado no es exclusiva del oficialismo.
Acosta también rechazó que las iniciativas que trasladan determinadas competencias hacia la Asamblea Legislativa impliquen un mayor control político sobre el Poder Judicial.
El legislador sostuvo que cualquier modificación debe realizarse dentro del marco constitucional y respetar la división de poderes. Añadió que la independencia judicial no significa que las normas relacionadas con el Poder Judicial no puedan discutirse o reformarse.
Finalmente, Acosta aseguró que actualmente “no existe una agenda para reformar la organización del Poder Judicial como tal” y señaló que, si se presentan nuevas iniciativas, serán analizadas de manera puntual.
Colaboró con este artículo la periodista Jailine González Gómez.
