La diputada oficialista Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó este martes un proyecto de ley que busca reformar la Constitución Política para trasladar a la Asamblea Legislativa la totalidad del proceso de elección de magistraturas suplentes.
Actualmente, el Poder Judicial tiene la potestad de definir las candidaturas, así como de remitir una nómina al Congreso, que posteriormente elige a las personas que ocuparán los cargos a partir de esa lista. Con la iniciativa de Esquivel, este paso previo quedaría eliminado y sería la Asamblea la encargada de efectuar la convocatoria, evaluación, selección y nombramiento de los altos jueces.
El proyecto forma parte de un paquete de iniciativas legislativas y reformas constitucionales presentado por Esquivel junto con la también diputada oficialista Kattya Mora, quienes aseguraron que las propuestas buscan fortalecer la institucionalidad, la seguridad ciudadana y modernizar el Estado.
Se eliminaría la etapa previa para la elección de magistrados
Actualmente, el artículo 164 de la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados a partir de una nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, dispone que las vacantes temporales sean cubiertas mediante un sorteo realizado por la Corte entre los magistrados suplentes y que cuando quede vacante un cargo de magistrado suplente, la elección recaiga en uno de los dos candidatos propuestos por ese órgano.
La iniciativa de Esquivel elimina esa etapa previa y establece que será la Asamblea Legislativa la encargada de realizar directamente la convocatoria, recepción de postulaciones, verificación de requisitos, evaluación, comparecencias, dictamen y nombramiento de los magistrados propietarios y suplentes.
Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 38 diputados en el Plenario Legislativo.
Modernización del gobierno judicial
Otra de las propuestas de Esquivel busca trasladar las funciones administrativas del Poder Judicial a órganos especializados, con el objetivo de que los magistrados concentren su labor en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Para ello, el proyecto plantea reformar 17 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adicionar dos artículos transitorios para implementar un nuevo esquema de organización institucional, mediante el cual el Consejo Superior asumiría la administración integral del Poder Judicial, para que los magistrados se dediquen a las funciones judiciales de sus cargos.
La propuesta también establece que los magistrados no integrarán comisiones administrativas, operativas o técnicas permanentes relacionadas con la gestión ordinaria judicial.
Al tratarse de una reforma a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, el proyecto deberá ser consultado obligatoriamente a la Corte Suprema de Justicia, conforme lo establece el artículo 167 de la Constitución Política. Si la Corte emite un criterio negativo y la Asamblea Legislativa no esta de acuerdo con este, la iniciativa requerirá el voto favorable de al menos 38 diputados para su aprobación.
Amplía los delitos de extradición de nacionales
Por su parte, la diputada Kattya Mora presentó una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos por los cuales un ciudadano costarricense podría ser extraditado a otro país.
Actualmente, la Constitución únicamente permite la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y terrorismo, siempre que exista un tratado internacional o se aplique el principio de reciprocidad.
La iniciativa incorpora casos relacionados con la criminalidad organizada transnacional, como legitimación de capitales, trata de personas, tráfico de armas, órganos y migrantes, sicariato, asociación ilícita y delitos informáticos que afecten la seguridad nacional.
Otros proyectos
Asimismo, Mora impulsa una reforma al artículo 24 de la Constitución Política para incorporar el derecho a la autodeterminación informativa mediante la adición de dos párrafos. La iniciativa reconoce el derecho de toda persona a controlar la recopilación, uso, tratamiento y circulación de sus datos personales, así como a acceder, rectificar o suprimir esa información en los términos que establezca la ley.
La legisladora también presentó un proyecto para autorizar y regular el uso de dispositivos de descarga eléctrica (táser) por parte de los cuerpos policiales para intervenir en situaciones de riesgo sin recurrir en primera instancia al uso de armas de fuego.
La iniciativa prohíbe utilizar estos dispositivos como mecanismo de castigo o tortura y restringe su uso en grupos vulnerables, como mujeres embarazadas o personas con discapacidad, salvo situaciones excepcionales.
Además, establece capacitación obligatoria en derechos humanos, en el uso progresivo de la fuerza y en primeros auxilios y exige que cada utilización quede documentada mediante informes.
Otra de las iniciativas busca suspender el plazo de prescripción de la pena cuando una persona condenada permanezca prófuga o en condición de rebeldía, de manera que el tiempo no continúe corriendo mientras evada el cumplimiento de la sentencia.
Finalmente, la diputada oficialista presentó un proyecto que regularía el uso de la pólvora sonora, estableciendo zonas de protección alrededor de hospitales, centros educativos, hogares de adultos mayores, refugios de animales y otras poblaciones vulnerables.
La iniciativa prioriza el uso de pólvora de bajo o nulo impacto sonoro en las actividades organizadas por instituciones públicas y prohíbe su importación, fabricación, comercialización y utilización.