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La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) acusó, este jueves por la mañana, al Partido Pueblo Soberano de pretender una captura del Poder Judicial, al bloquear el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y votar una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos a nueve suplencias, para exigir una nueva lista.
En conferencia de prensa, 15 horas después de aprobada la moción solamente con los 29 votos oficialistas, los diputados liberacionistas acusaron a los oficialistas de luchar “no por una justicia independiente, sino por una justicia obediente”.
“Fue un paso más dentro de una estrategia de captura del Poder Judicial, anunciada por el hoy ministro de la Presidencia (el expresidente Rodrigo Chaves)”, dijo Álvaro Ramírez, jefe del PLN.
El vocero verdiblanco aseguró que es necesario que los costarricenses sepan que “sí había por quién votar” entre las 18 candidaturas a las suplencias".
Ramírez enfatizó que hubo un riguroso proceso, en la Corte Suprema de Justicia, para seleccionar las candidaturas.
De hecho, el vocero liberacionista recordó que la propia diputada oficialista Marta Esquivel, exmagistrada suplente de la Sala Constitucional y exministra del gobierno de Rodrigo Chaves, reconoció este miércoles que los candidatos pasan por muchos filtros antes de llegar a consideración del plenario.
En cuanto a posibles acciones contra la moción aprobada por Pueblo Soberano, Ramírez señaló que se están analizando las posibles acciones legales por realizar.
Ya desde este miércoles, otros diputados de la oposición, como Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), anunciaron gestiones contra la decisión de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, de poner a votación la moción de orden.
La subjefa liberacionista, Iztarú Alfaro, enfatizó que los más afectados serán los costarricenses que acuden a la Sala Constitucional en busca de respuesta, buscando acceso a la salud, a vivienda digna.
“Pueblo Soberano detiene este proceso de nombramiento y no afecta a la Sala ni a los jueces, sino al pueblo, porque los casos no se van a poder ver”, dijo.
La Sala Constitucional está sin magistrados suplentes desde diciembre y solamente puede funcionar si está integrada por siete magistrados. Hasta el momento, los propietarios han estado obligados a no tomar vacaciones, ni viajar ni tomar incapacidades, pese a que varios de ellos son de avanzada edad.
De faltar uno solo, el tribunal no podría sesionar ni tramitar los amparos presentados por los habitantes. Además, hay cerca de 86 expedientes en los que los magistrados propietarios se han inhibido, por lo que no se pueden avanzar mientras no haya suplentes que puedan tramitarlos.
