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La fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) promovió solicitar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) información sobre el operativo que llevó a la detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Por el contrario, si esta hubiese sido una operación de alguno de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, estaría protegida por el secreto de Estado decretado por la presidenta de la República, Laura Fernández.
Una de las mociones está enfocada en la planificación, ejecución, control, fiscalización, funcionalidad, eficiencia, productividad y ejecutabilidad del operativo Némesis, que permitió la detención de Arias Monge en Río Frío de Sarapiquí, el pasado 24 de julio.
La segunda moción pide al director interino del OIJ, Michael Soto, a quien estuvo en el sitio como jefe del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), y al jefe de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento que participó en la operación, presentar un informe sobre el plan operativo.
Además, solicita a la Dirección del OIJ un informe certificado sobre la realimentación realizada después de la intervención, con el propósito de conocer los detalles operativos de la actuación policial.
Las dos mociones fueron aprobadas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico con el respaldo de diputados de oposición, aunque legisladores del Frente Amplio (FA) cuestionaron la contradicción entre pedir esta información al OIJ y, al mismo tiempo, defender el secreto de Estado decretado por el Gobierno para los cuerpos de seguridad del Poder Ejecutivo.
El oficialismo también rechazó otra moción, presentada por la diputada frenteamplista Sigrid Segura, para convocar a Laura Fernández a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para que explicara ante los diputados los alcances del decreto que declaró secreto de Estado la información relacionada con los cuerpos y estructuras de seguridad del Poder Ejecutivo.
Frente Amplio señala contradicción
José María Villalta, jefe de fracción del FA, preguntó si el informe que entregue el OIJ será de acceso público o si la presidencia de la comisión, a cargo del oficialista Gonzalo Ramírez, le dará un tratamiento reservado, siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno en su decreto sobre secreto de Estado.
Villalta advirtió que se trata de información “absolutamente sensible”, pues podría revelar cómo funcionan los operativos del OIJ, cómo se planifican, cómo se organizan y cómo intervienen sus distintos cuerpos especializados.
“Yo nuevamente veo una gran contradicción. Ustedes defienden un decreto de secreto de Estado para los cuerpos de seguridad, pero al OIJ le piden que dé información sensible y que la traiga aquí a esta comisión”, cuestionó.
El diputado insistió en que la redacción de la moción contiene solicitudes sobre información que el propio Poder Ejecutivo considera reservada cuando se refiere a sus cuerpos policiales.
“Si yo tomo esa misma solicitud de ustedes y se la hago a un cuerpo de policía del Poder Ejecutivo, pidiéndole exactamente esa misma información sobre un operativo de la DIS o un operativo de la fuerza especial que se acaba de crear, me van a responder que eso es un secreto de Estado, sin duda alguna”, afirmó Villalta.
También preguntó qué criterios se utilizarán para impedir que información sensible sobre las operaciones policiales pueda llegar a manos “de los sicarios que podrían tratar de vengar al Diablo”.
Oficialismo justifica solicitud
Gonzalo Ramírez defendió las mociones y argumentó que la comisión está solicitando información sobre una operación que ya ocurrió, no sobre acciones futuras. El presidente de la comisión mencionó como antecedente una solicitud realizada por una comisión legislativa en 2005 para conocer detalles sobre el asalto al Banco Nacional en Monteverde.
“Estamos pidiendo lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió es diferente a lo que se está investigando. Lo que ya sucedió para nosotros, personalmente y como fracción, es importante para entender los temas de estrategia de seguridad. No de lo que viene, sino de lo que ya sucedió”, sostuvo Ramírez.
El oficialista también indicó que la comisión podría realizar una sesión privada antes de la presentación del informe.
Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, afirmó que no veía inconveniente en analizar lo ocurrido durante el operativo y solicitó que se anonimice la información sobre las personas que participaron en la intervención.
Kattia Calvo, también diputada oficialista, señaló que corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué información debe considerarse sensible o confidencial y advertirlo a los legisladores, con el fin de evitar que se afecte alguna investigación o procedimiento.
Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó el ambiente en que se desarrollaría la comparecencia y planteó qué ocurriría si las autoridades del OIJ deben negarse constantemente a responder por tratarse de información sensible o confidencial.
¿Qué información declaró secreto de Estado Laura Fernández?
El cuestionamiento del Frente Amplio se basa en el alcance del decreto firmado por la presidenta Laura Fernández, mediante el cual el Ejecutivo declaró secreto de Estado y restringió el acceso a información vinculada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo denominado “Fuerza Élite” y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa dirigidas por la Presidencia de la República.
El decreto establece que quedan bajo secreto de Estado informes, documentos, archivos e información relacionados con, entre otros asuntos, las formas de operación de la delincuencia organizada, las dinámicas policiales de prospección y despliegue, las capacidades operativas, los procedimientos especiales, los planes de respuesta, las estructuras de mando y los protocolos de intervención.
También incluye los recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, estrategias de acción policial, protocolos de evaluación de confiabilidad, planes de protección a funcionarios y las reuniones, grabaciones, planes y acuerdos vinculados con esos cuerpos y estructuras.
Además, el decreto establece que son secreto de Estado las acciones u operaciones relacionadas con la seguridad y defensa nacionales que sean ordenadas o coordinadas por la Presidencia de la República con el ministro correspondiente u otros actores involucrados.
