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El énfasis que ha puesto el expresidente Rodrigo Chaves en la necesidad de conseguir los 38 votos necesarios para aprobar su reforma al Poder Judicial encuentra matices dentro del propio oficialismo.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, afirmó que el abordaje debe replantearse: antes de pensar en conseguir apoyos en la Asamblea Legislativa, el foco debería estar en la discusión de fondo sobre el modelo de justicia que el país necesita.
“Hay que separar dos cosas: la votación y la discusión. No empezamos teniendo los votos para una discusión, empezamos discutiendo para convencer sobre cuáles son las reformas posibles”, sostuvo el legislador.
El planteamiento contrasta con la narrativa del exmandatario, quien ha insistido en la necesidad de reunir la mayoría calificada para aprobar los proyectos alineados con su visión e incluso ha prometido “tomar control” del Poder Judicial, como —según su propia valoración— ya ocurrió con el Ejecutivo y el Legislativo.
La bancada oficialista de Pueblo Soberano cuenta con 31 legisladores, por lo que Chaves había prometido “reclutar” los siete votos faltantes de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN). El exmandatario seguirá vinculado al Poder Ejecutivo, ya que ejercerá, de forma simultánea, como ministro de Presidencia y Hacienda.
Esas afirmaciones de Chaves trascendieron en momentos en los que fracasaban, en la anterior Asamblea Legislativa, las elecciones de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Sobre la mesa, quedó una nómina de nueve candidatos recomendados por la Comisión de Nombramientos del Congreso al plenario. Ninguno de los integrantes logró reunir los votos necesarios, en parte por la decisión de la bancada chavista y sus aliados de obstruir el proceso de elección para que la decisión quedara en manos de la nueva Asamblea, con mayoría oficialista.
No obstante, para Acosta, el punto de partida debe ser otro. “Antes de tener proyectos específicos tenemos que tener claridad de cuál va a ser el modelo que vamos a trabajar”, indicó, al tiempo que calificó la discusión como urgente y advirtió que el esquema actual “está agotado”.
“A veces perdemos de vista algo importante: hasta que estemos convencidos de cuáles son las reformas es que vamos a llegar a votaciones”, añadió.
Consultado sobre si ya habían recibido las propuestas del equipo técnico conformado por la presidenta Laura Fernández —incluidas iniciativas como la reforma a la ley de usura o el establecimiento de reglas de ejecución de la pena—, indicó que aún están a la espera de los resultados.
Una discusión amplia
El diputado aboga por abrir espacios de diálogo no solo entre fracciones legislativas, sino también con el propio Poder Judicial. “No es solo la Asamblea; van a tener que buscarse espacios donde el Poder Judicial y el Legislativo se sienten a discutir qué es lo que queremos”, señaló.
Según explicó, ya han existido acercamientos iniciales con las bancadas de Liberación Nacional y el Frente Amplio (FA). Entre ambas agrupaciones suman 24 votos.
Consultado si propondrán crear una mesa de trabajo para analizar el tema, indicó que es necesario tener varias conversaciones informales de previo a la presentación de un plan de trabajo en la reunión semanal de los jefes de fracción.
Insistió en que el primer paso debe ser construir acuerdos amplios sobre el rumbo de la reforma.
Asimismo, señaló que no es un tema que se va a resolver prontamente, para arrancar, el Congreso se enfocaría en sacar adelante los proyectos que ya están “maduros”, o sea, listos para ser votados en segundo o primer debate.
Postura de la oposición
Tanto el PLN, como el FA y las bancadas unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), han externado su disposición en avanzar con reformas del Poder Judicial, siempre y cuando no afecten la independencia del Poder Judicial.
Así lo externaron en el manifiesto que el bloque de oposición presentó el pasado 1.° de mayo, exponiendo las iniciativas que estarían dispuestos a apoyar como bloque de oposición y las líneas rojas que no estarían dispuestos a cruzar.
“Promoveremos una justicia pronta, reducción de la impunidad y la mora judicial. Revisar el sistema de nombramiento de las futuras magistraturas, separar la función judicial de la gestión administrativa, promover transparencia y rendición de cuentas. Todo lo anterior sin comprometer la independencia del Poder Judicial”, indica el documento firmado respaldado por los 26 legisladores de oposición.
Otro de los pilares centrales del acuerdo es el combate al crimen organizado. La oposición planteó impulsar la extinción de dominio, agilizar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales y aumentar las penas por portación ilegal de armas.
Además, propone fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Fuerza Pública, así como modernizar el sistema penitenciario, diferenciando el tratamiento entre delincuencia común y crimen organizado.
