El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, reiteró que su agrupación se opondrá a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
En el comunicado liberacionista explicaron que su posición se debe a la “falta de un marco regulatorio previo y porque el estado actual de esta entidad bancaria es saludable y podría ser un movilizador del sector productivo".
“Podemos pedirle a los bancos estatales más eficiencia y resultados, pero su venta no asegura un balance social a favor de las personas. Podemos dialogar sobre reformas políticas siempre y cuando no se lesione la democracia que aún disfrutamos”, agregó Sancho.
Solo un día después de triunfar en las elecciones, la presidenta electa, Laura Fernández, adelantó que buscará la venta del BCR como una medida para financiar la deuda del Estado con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“De hecho, fue un tema prioritario en mi plan de gobierno. Yo sigo en pie, con la propuesta seria, de que vendamos el Banco de Costa Rica”, dijo la futura gobernante.
Fernández agregó que su propuesta es vender la entidad bancaria “antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.
Consultado sobre los supuestos “problemas de corrupción” a los que se refirió la mandataria electa en sus declaraciones, el diputado electo por San José y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, respondió que él no conoce nada de esos supuestos “casos de corrupción”.
Otras agrupaciones de oposición se han manifestado en contra de la venta del BCR, como el Frente Amplio y la diputada electa de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.
BCR y sindicato se defienden
El pasado 3 de febrero, ese banco respondió a la presidenta electa: “El BCR es un banco estable, con una de las suficiencias patrimoniales más robustas y una solvencia financiera sólida en el mercado financiero costarricense“, enfatizó en un comunicado.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la estabilidad financiera del país, la continuidad de los servicios a los clientes y la mejora continua mediante la innovación.
Entretanto, el 4 de febrero, la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco) aseguró que la venta del ente “no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones”.
Unebanco consideró que la propuesta de Fernández “es un ataque directo al Estado social costarricense”.
“Por el contrario, la venta tendría un enorme costo social porque eliminaría para siempre el aporte anual permanente que el banco hace para financiar las pensiones del Régimen No Contributivo, el desarrollo cooperativo de nuestras regiones rurales (Infocoop), el apoyo solidario en desastres naturales (CNE) y las becas estudiantiles (Conape)”, detalló el comunicado.