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La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció este martes que no facilitará los votos necesarios para frenar la reelección de magistrados propietarios del Poder Judicial. Los verdiblancos advierten que existe el riesgo de que este proceso sea utilizado por el Gobierno para “tomar control” de ese Poder de la República, preocupación que sustentan en declaraciones del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
“La posición de la fracción es reelegir a las magistraturas que lleguen a la Asamblea Legislativa. No podemos exponernos a que el Poder Ejecutivo busque secuestrar la Corte, ni a que esta entre en fallos por falta de nombramientos”, declaró a La Nación el diputado liberacionista Salvador Padilla.
En la corriente legislativa ya se encuentra la solicitud de reelección de la magistrada Julia Varela, de la Sala II, cuyo nombramiento vence el próximo 16 de setiembre.
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados propietarios se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra. El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 curules; el PLN tiene 17; el Frente Amplio suma siete; mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) tienen una diputación cada uno.
Esta correlación de fuerzas convierte cualquier intento de recambio en un ejercicio políticamente complejo que requiere acuerdos amplios para alcanzar los 38 votos necesarios.
En ese contexto, el Frente Amplio también anunció un giro en su postura histórica de oponerse a la reelección automática de magistrados. Su jefe de fracción, José María Villalta, explicó que antes su agrupación tenía “más objeciones a la reelección de magistrados”, pero que esa posición cambió ante lo que calificó como un uso político por parte del oficialismo.
“Desde que el chavismo empezó a usar el nombramiento de magistrados como un instrumento para bloquear el Poder Judicial e impedir que la Corte pueda conocer causas contra políticos corruptos, nuestra posición ha cambiado”, afirmó Villalta.
El legislador añadió que serán “muy cuidadosos” de no generar nuevas vacantes en la Corte si existe el riesgo de que estas sean utilizadas para paralizar el sistema de justicia y aseguró que están “abiertos a valorar el nombramiento por un nuevo periodo”.
Las promesas de Rodrigo Chaves
El gobierno de Laura Fernández y el PPSO han planteado como objetivo reunir los 38 votos necesarios para reconfigurar la cúpula del Poder Judicial.
Además, antes de entregar la banda presidencial, Chaves manifestó su intención de incidir en ese poder de la República. Así lo expresó el 23 de abril, durante un discurso ante la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), en el foro Mi País: “Juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”.
Chaves también afirmó el 14 de abril en San Ramón, durante una de sus últimas giras como mandatario, que la meta expresa era reunir 38 votos para impedir las reelecciones en la Sala III, comenzando por su presidenta, Patricia Solano, cuyo nombramiento vence a inicios de noviembre.
“Que se unan siete más para no reelegir un solo magistrado de la Sala III, empezando por Patricia Solano”, adelantó.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández llegó al poder con la promesa de impulsar reformas al Poder Judicial, como bandera heredada del chavismo. Por eso, los nombramientos en la Corte se convierten en piezas estratégicas.
Renovación vs estabilidad
A este contexto se suma el bloqueo de la bancada oficialista para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que mantiene a ese tribunal al borde de un cierre técnico, al operar sin sus 12 sustitutos desde el 16 de diciembre de 2025.
“Nos preocupa que el oficialismo mantenga bloqueada la elección de magistraturas suplentes. Eso nos genera desconfianza sobre sus intenciones de remover a magistrados que están solicitando su reelección”, añadió Padilla.
El legislador sostuvo que uno de los principios democráticos es la estabilidad judicial, orientada a garantizar la continuidad de los jueces y a resguardarlos de presiones o injerencias políticas.
“En una coyuntura como la actual, en la que el Gobierno ha manifestado abiertamente su intención de cooptar el Poder Judicial, deben mantenerse ciertos jueces para preservar el equilibrio entre poderes”, afirmó.
Según Padilla, su bancada teme que si una magistratura no es reelegida, tanto el Ejecutivo como el oficialismo en el Congreso puedan negarse a nombrar a un sustituto, con el objetivo de “hacer fallar al Poder Judicial por dentro y generar repercusiones negativas en la vida de la gente”.
“No consideramos conveniente, en una coyuntura en la que el Gobierno busca tomar el Poder Judicial y además no contribuye a nombrar los cargos vacantes, remover a quienes actualmente solicitan su reelección, como es el caso de doña Julia”, concluyó.
