La mayoría de los partidos que aspiran a la presidencia de la República coinciden en impulsar un endurecimiento de la legislación penal y una restricción de los beneficios carcelarios, aunque difieren ampliamente en el alcance y la severidad de esas medidas para luchar contra la inseguridad.
Así lo demuestra una revisión hecha por La Nación a los planes de gobierno de las 20 agrupaciones que competirán en las elecciones del 2026. Entre ellas destaca un partido que plantea la introducción de una cadena perpetua revisable para los delitos “gravísimos”, una sanción que podría ser reevaluada por los jueces y, eventualmente, reducida.
Se revisaron los programas de gobierno de los partidos Alianza Costa Rica Primero (CR1), Aquí Costa Rica Manda (ACRM), Avanza, Centro Democrático y Social (PCDS), Coalición Agenda Ciudadana (CAC), De la Clase Trabajadora (PT), Esperanza Nacional (PEN), Esperanza y Libertad (PEL), Frente Amplio (FA), Integración Nacional (PIN) y Justicia Social Costarricense (PJSC).
También los de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Nueva Generación (PNG), Nueva República (PNR), Progreso Social Democrático (PPSD), Pueblo Soberano (PPSO), Unidad Social Cristiana (PUSC), Unidos Podemos (UP) y Unión Costarricense Democrática (PUCD).
Mano dura
Entre las iniciativas destacan aquellas destinadas a ampliar las capacidades del Estado frente al crimen organizado.
Nueva República propone un paquete de reformas que incluye trasladar el control de la telefonía satelital –hoy en manos del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)– al Ministerio de Seguridad, así como habilitar la inmovilización de bienes, cuentas y valores vinculados al crimen organizado.
También plantea labores penitenciarias obligatorias y la creación de una Fiscalía de Delitos Electorales para detectar el ingreso de capitales ilícitos a campañas políticas.
El enfoque de “mano dura” también se refleja en el programa del PLP, que propone convertir el homicidio de jueces, fiscales y policías en homicidio calificado, así como aprobar proyectos que permitan declarar como narcoactividad delitos conexos para activar plazos de prisión preventiva más amplios y procesos penales más rígidos.
También impulsa la creación de un régimen especial para perseguir el crimen organizado juvenil, con mayores herramientas de investigación, medidas cautelares y un sistema de juzgamiento concentrado en tribunales especializados.
La restricción o eliminación de beneficios penitenciarios aparece también en el programa del Partido Nueva Generación, que plantea que personas condenadas por crimen organizado, sicariato, narcotráfico, delitos sexuales y otros delitos graves no puedan acceder a beneficios carcelarios.
El PUSC propone modificar el Código Procesal Penal para restringir beneficios como libertades anticipadas y ampliar la lista de agravantes en delitos vinculados al crimen organizado, el sicariato, la extorsión y la corrupción.
A la vez, impulsa reformas a la Ley de Intervención de las Comunicaciones para permitir intervenciones en casos de asociación ilícita agravada; también menciona un endurecimiento de sanciones para cabecillas de bandas y ajustes a la Ley de Justicia Penal Juvenil para diferenciar los tratamientos según la edad del infractor.
Pueblo Soberano coincide en el énfasis penitenciario: propone eliminar figuras permisivas en la ejecución condicional de la pena, hacer obligatorio el trabajo carcelario y reforzar los controles migratorios para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves una vez cumplida la pena.
Cadena perpetua
El Partido Nueva Generación propone la figura de prisión de duración indefinida –similar a la “prisión perpetua revisable” aplicada en España– para sicarios seriales, asesinos de menores de 12 años y autores de actos terroristas con múltiples víctimas, una de las medidas más severas entre todos los programas revisados.
PNG también plantea endurecer las penas para quienes atenten contra policías, jueces u otros funcionarios, y condena lo que denomina “infantilización del delincuente”, proponiendo reformas para evitar atenuantes que, a su juicio, reducen la responsabilidad penal. Además, impulsa poner fin a la política del “año carcelario”.
Coalición Agenda Ciudadana se concentra en endurecer sanciones por portación ilegal de armas y modernizar la legislación para combatir capitales emergentes.
Por su parte, ACRM impulsa penalizaciones agresivas por corrupción y la confiscación ampliada de bienes de origen ilícito.
Leyes a modificar
Varios partidos también buscan ajustar figuras específicas del sistema penal.
El PUCD propone reformar la Ley de Violencia Doméstica para que los jueces puedan ordenar prisión preventiva a partir de evaluaciones forenses que midan la peligrosidad del agresor, además de impulsar cambios al proceso penal para que el sicariato sea tratado como un acto terrorista.
El PPSD, por su parte, plantea una reforma amplia a la ley de armas y una revisión de los criterios para imponer prisión preventiva en casos complejos o crímenes violentos.
El PEN propone la creación de una “Ley Marco de Seguridad Nacional”, sin detallar su alcance.
Mientras tanto, el PLN enumera una lista de leyes que pretende reformar (drogas, policía, armas, migración, trata de personas) sin precisar el tipo de modificaciones que introduciría.
Respuesta de la justicia
Otro bloque de agrupaciones plantea ajustes al andamiaje jurídico, con especial énfasis en fortalecer la respuesta del sistema de justicia.
Costa Rica Primero también orienta sus planteamientos hacia acelerar procesos judiciales y elevar penas para funcionarios que colaboren con el crimen organizado, mientras CDS apunta a una reforma procesal integral para agilizar la resolución de delitos graves.
Otras visiones
En contraste con la tendencia general de endurecimiento, dos partidos plantean rutas casi opuestas.
El Partido de los Trabajadores propone despenalizar la venta y el consumo de drogas bajo un enfoque de salud pública, así como derogar la ley de extradición y eliminar el secreto bancario.
El Frente Amplio, aunque coincide en la necesidad de un control más estricto de armas, plantea una reforma integral al Código Penal con énfasis en penas alternativas y la actualización de tipos penales, además de proponer la inhabilitación por hasta 50 años para quienes cometan delitos con armas de fuego.