EscucharTres organizaciones de derechos humanos fustigaron la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el acuerdo entre los gobiernos de los presidentes Donald Trump y Rodrigo Chaves, para que Costa Rica asumiera el retorno voluntario de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos.
En un informe publicado el pasado 8 de mayo, las entidades denunciaron que “debido a la falta de información y transparencia de parte de OIM, nos preocupa que esta agencia haya expuesto a personas al riesgo de volver a países donde corrían peligro”.
El documento fue presentado por el American Friends Service Committee (AFSC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM).
Cuando el gobierno de Rodrigo Chaves anunció en febrero que Costa Rica recibiría a los migrantes deportados por Trump, también aseguró que el proceso para las respectivas repatriaciones sería financiado por Estados Unidos, bajo la supervisión de la OIM.
La nota de prensa emitida por la Casa Presidencial, destacaba que la OIM sería la “agencia que cuidará de las personas migrantes durante su estadía en el país”.
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Sin posibilidad de decisiones voluntarias
No obstante, el informe publicado por las organizaciones advierte que si bien pudieron existir casos de personas que hayan aceptado voluntariamente retornar a sus países de origen, “no puede dejar de valorarse el contexto de detención en el que se encontraban estas personas y que hace que la toma de decisiones voluntarias resulte casi imposible”.
De acuerdo con las organizaciones, las personas deportadas por Estados Unidos “estaban desesperadas, enfrentaban una detención de duración incierta sumada a la incomunicación, la falta de acceso a asesoría legal y a información en un idioma comprensible, la falta de procedimientos efectivos de asilo, todo lo que pudo haber generado que percibieran el retorno como su única salida”.
La Nación remitió consultas a la oficina de la OIM en Costa Rica, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
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El documento concluye que no es posible afirmar que estas personas “están o estuvieron en condiciones de regresar voluntariamente a sus países de origen”.
“Tampoco se ha demostrado que las personas ya retornadas tuvieran acceso a un debido proceso que evaluara adecuadamente sus necesidades de protección internacional”, agrega.
Violaciones a derechos humanos
La organizaciones también acusaron al gobierno de Rodrigo Chaves de haber participado en una serie de violaciones contra los derechos humanos de las personas deportadas desde territorio estadounidense.
“Al recibir a estas personas—incluidos niños, niñas y adolescentes—, detenerlas de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución, el Estado costarricense vulneró sus derechos a la salud, integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida“, declararon las entidades.
Debido a esta situación, las organizaciones solicitaron a Costa Rica que se abstenga de realizar nuevos acuerdos verbales o escritos con Estados Unidos o cualquier otro país, “que impliquen prácticas violatorias de los derechos humanos, como las expulsiones colectivas y la detención migratoria arbitraria”.
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Igualmente, pidieron al Poder Ejecutivo hacer públicos los alcances del acuerdo verbal al que se llegó con Estados Unidos, los compromisos asumidos con ese gobierno, y los pagos que se han recibido de dicho país.
Denuncias se acumulan
Esta no es la primera denuncia que enfrenta el gobierno de Costa Rica por las condiciones brindadas a los migrantes deportados por Trump. Desde un inicio, la Defensoría de los Habitantes alertó sobre las irregularidades del proceso.
Asimismo, la Sala Constitucional tiene bajo estudio al menos dos recursos presentados a favor de los migrantes y el país tiene una demanda internacional ante el comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La denuncia fue presentada por abogados defensores de los derechos de las personas migrantes, quienes alegaron que el Estado costarricense habría violado los derechos humanos de niños de entre 2 y 10 años deportados, al mantenerlos detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables.
En el marco de uno de los casos que analiza la Sala Constitucional, un habeas corpus tramitado bajo el expediente 25-006713-0007-CO, el informe señala que los magistrados emitieron el 7 de abril una solicitud de criterio técnico a la OIM y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
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No obstante, ambas agencias de la ONU “invocaron los privilegios e inmunidades que el Estado de Costa Rica les reconoce para el ejercicio de sus funciones, por lo que se abstuvieron de responder directamente a la solicitud y, en su lugar, remitieron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el eventual relevo de la información”.
Sobre este tema también se enviaron consultas a la OIM y a Acnur.
¿Qué pasó con los migrantes?
Según dio a conocer La Nación, el gobierno de Rodrigo Chaves solamente logró movilizar a 94 de los extranjeros, que voluntariamente aceptaron volver a sus respectivas naciones.
Para otro nutrido grupo, compuesto por 85 personas, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) estableció un procedimiento especial para normalizar la situación migratoria de estos extranjeros.
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Según una resolución publicada el 21 de abril, los migrantes podrán recibir un permiso temporal de permanencia por tres meses, prorrogable por igual periodo. Una vez vencido ese plazo, deberán abandonar el país o iniciar un proceso de regularización conforme a la normativa ordinaria.
Por otro lado, 16 personas solicitaron la condición de refugio y otras cinco escaparon del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem, ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
