El recurso legal responde a la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de acoger a cientos de personas deportadas por la administración de Donald Trump.
El pasado 20 de febrero, un grupo de 135 migrantes provenientes de Asia Central, África y Europa llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría tras ser deportado por Estados Unidos.
Posteriormente, fueron trasladados con escolta policial al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en Corredores de Puntarenas, donde debían permanecer hasta 30 días mientras se gestionaban retornos voluntarios a sus países de origen, según informó el Gobierno en ese momento.
En ese primer vuelo llegaron 65 niños —todos acompañados— y 70 adultos, entre ellos un adulto mayor y dos mujeres embarazadas. Este grupo forma parte del total de 200 personas que Costa Rica se comprometió a recibir desde la nación norteamericana.
Sin embargo, tras casi dos meses, muchas de estas personas continúan recluidas en el centro.
Ian Kysel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y miembro fundador del Consejo Global de Litigios Estratégicos —una de las organizaciones que presentó la demanda— explicó a The New York Times que, debido a los compromisos adicionales que Costa Rica asumió al suscribir la Convención, las denuncias pueden ser analizadas por el panel de expertos de la ONU.
La demanda describe los casos de cuatro niños, cuyas edades oscilan entre los dos y los diez años. Sus familias aseguran haber huido de la persecución en países como Azerbaiyán e Irán, y alegan que durante su estancia en Costa Rica no tuvieron acceso a educación, atención pediátrica ni asistencia legal.
Los abogados estiman que cerca de 100 personas siguen recluidas, entre ellas unos 50 niños. El resto ya fue repatriado, según una carta firmada por el Gobierno en marzo.
“Han obligado a estas personas a salir de Costa Rica mediante lo que llaman ‘retornos voluntarios’”, afirmó Silvia Serna Román, litigante principal del caso. “Pero si se les obliga a tomar una decisión, se les quita el carácter voluntario de estos retornos”, advirtió.
Privación de libertad de facto
El panel de expertos de la ONU puede emitir una directriz no vinculante. Su cumplimiento dependerá de la voluntad de Costa Rica y de los demás Estados firmantes de la Convención. “En cierto modo, se trata de avergonzarlos si no lo hacen”, agregó Kysel.
Ante la posibilidad de que la resolución del caso se demore varios meses, los abogados solicitaron una orden provisional de emergencia.
Consultado por The New York Times, Omer Badilla Toledo, director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), se negó a comentar sobre la demanda. No obstante, aseguró que los deportados no están detenidos.
“Las personas no están detenidas”, respondió en un mensaje de texto, en el que indicó que pueden salir del centro con escolta policial para hacer compras. “Debido a su estatus de tránsito, debemos protegerlas”, añadió.
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Acciones ante la Sala Constitucional
La denuncia presentada ante la ONU se fundamenta en los mismos argumentos de un recurso de habeas corpus interpuesto el 24 de marzo contra la DGME y contra Badilla Toledo, por la detención de los migrantes. La Sala Constitucional acogió el recurso para su estudio.
El documento sostiene que los migrantes —incluidos menores de edad— están privados de libertad de facto, sin una base legal que justifique la restricción de su movilidad. Esta afirmación se basa en informes de la Defensoría de los Habitantes.
Tramitado bajo el expediente N.° 25-008039-0007-CO, el recurso solicita a la Sala ordenar a las autoridades garantizar la libertad de circulación de los migrantes, permitiéndoles entrar y salir del Catem sin restricciones, y sin que esto afecte su alimentación ni su alojamiento.
También exige que se respete su derecho a la libertad de expresión, para que puedan comunicarse con quien deseen, según consta en el expediente.
Antes de resolver sobre el fondo, la Sala Constitucional ordenó a Badilla Toledo presentar un informe sobre la situación jurídica de los migrantes, en seguimiento de un primer recurso presentado días antes.
El 18 de marzo, Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís, interpuso un recurso de amparo contra la DGME y Badilla, por la misma situación. Este caso se tramita bajo el expediente N.° 25-006713-0007-CO.
En su denuncia, Herrera alegó que los migrantes permanecen privados de libertad en Costa Rica, bajo vigilancia permanente de oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública, sin haber cometido ningún delito ni infringido la legislación migratoria.
Por ello, solicitó su liberación inmediata y la garantía de sus derechos humanos.
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