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Las relaciones entre Costa Rica y China han pasado por una serie de tensiones en los años recientes, en un contexto marcado por la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y el gigante asiático. Declaraciones de funcionarios, decisiones en materia tecnológica, disputas por inversiones y episodios vinculados a seguridad nacional han provocado reclamos formales y cruces públicos entre San José y Pekín.
En prácticamente todos los casos, el factor estadounidense ha estado presente como telón de fondo. A continuación, los principales episodios que reflejan esas tensiones.
El inicio: advertencias de EE. UU. y la reacción china
Para comprender el conflicto, es necesario retroceder hasta agosto del 2023, cuando la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, manifestó en una visita a Costa Rica su preocupación por el eventual uso militar que China podría dar a inversiones en infraestructura estratégica en América Latina.
La militar mencionó proyectos vinculados con puertos de aguas profundas, redes 5G, cibertecnología y cooperación espacial, además de que cuestionó las intenciones del país asiático al involucrarse en ese tipo de iniciativas en la región.
La reacción china no se hizo esperar. Su embajada en Costa Rica respondió que los países latinoamericanos “no son el patio trasero de Estados Unidos” y criticó la histórica influencia de Washington en la región bajo la llamada Doctrina Monroe.
En medio de ese intercambio, el presidente Rodrigo Chaves intentó tomar distancia del enfrentamiento. El 23 de agosto de 2023, afirmó que Costa Rica no se involucraría en la disputa entre ambas potencias.
“Cuando los elefantes pelean hay que tener cuidado de dónde está uno”, dijo el mandatario.
“Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes”, agregó, una postura que muchos críticos consideran no se ha cumplido y que, al contrario, el gobierno se ha inclinado por alinearse a los intereses norteamericanos.
El decreto sobre 5G y el choque por Huawei
Las tensiones continuaron cuando el gobierno de Rodrigo Chaves emitió un reglamento, vía decreto ejecutivo, que condiciona la participación en el despliegue de redes 5G a empresas provenientes de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.
China no forma parte de ese tratado, lo que en la práctica excluye a empresas de ese país.
El debate en Costa Rica giró rápidamente hacia la empresa tecnológica china Huawei, uno de los principales proveedores globales de equipos de telecomunicaciones.
En diciembre de 2024, el presidente Chaves anunció una denuncia penal contra Huawei por supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
La denuncia también incluyó a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica. Según la acusación presentada ante el Ministerio Público, en lugar de cobrar una multa por un incumplimiento contractual, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aceptó equipos de la empresa como compensación, lo que habría permitido a Huawei convertirse en proveedor de un nuevo negocio.
Declaraciones del gobierno que elevaron el tono
Las tensiones diplomáticas también se alimentaron de declaraciones de funcionarios del propio gobierno costarricense.
El 11 de octubre de 2023, el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas, justificó la exclusión de empresas chinas del desarrollo de redes 5G al afirmar que China tiene un Estado totalitario y que su normativa interna permite exigir a sus compañías colaborar con los servicios de inteligencia del gobierno.
Según Vargas, ese marco jurídico podría obligar a empresas chinas a realizar acciones de espionaje en otros países.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, reforzó esa posición al afirmar que China representa un mayor riesgo para la seguridad nacional por no ser firmante del Convenio de Budapest.
Bogantes también cuestionó el historial de inversiones chinas en Costa Rica desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre ambos países en 2011.
“Las puedo contar con la mano”, afirmó al referirse a las inversiones provenientes del país asiático, y sostuvo que el proyecto de ampliación de la ruta 32 es una excepción al reconocimiento internacional de China como desarrollador de infraestructura.
China respondió con una protesta diplomática en la que expresó su “enérgica y vehemente oposición” a lo que calificó como “acusaciones irresponsables e infundadas”. Igualmente, acusó al Gobierno de Costa Rica de poner en riesgo futuras inversiones de empresas de su país.
Posteriormente, el propio presidente Rodrigo Chaves se uniría a las críticas. En julio de 2024, comparó al país asiático con Rusia y Corea del Norte al referirse a los países que no han firmado el Convenio de Budapest.
Visas canceladas y acusaciones de presión política
El debate sobre la red 5G también también habría desembocado en el retiro de visas a figuras políticas. Los primeros en sufrir esta medida fueron las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, entonces integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP), y posteriormente Francisco Nicolás y Vanessa Castro, de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Las cuatro figuras tienen en común que el presidente Rodrigo Chaves los ha acusado públicamente de favorecer los intereses de Huawei en el debate sobre la implementación de la red 5G.
El 4 de setiembre de 2025, Washington oficializó una política para restringir la entrega de visas a ciudadanos centroamericanos —incluidos costarricenses— que colaboren con el Partido Comunista Chino.
Meses antes, la embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, había denunciado que Estados Unidos utilizaba la cancelación de visas como un mecanismo de presión política.
Choques por inversiones y cooperación científica
Las tensiones también se trasladaron al terreno económico y tecnológico.
En enero del 2025, la embajadora de China en Costa Rica afirmó que las empresas de su país temían invertir en el mercado costarricense por la influencia de Estados Unidos en la política interna.
Ese mismo mes, Xiaoyao declaró que tenía la impresión de que Costa Rica “ya no quiere tener cooperación científica y tecnológica con China” y señaló que el gobierno costarricense mantenía frenados esos proyectos.
La respuesta del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, llegó tres días después en un mensaje publicado en la red social X. El jerarca afirmó que Costa Rica es una economía abierta, pero advirtió que las inversiones que busquen obtener beneficios mediante “tentaciones deshonestas” no serán bienvenidas en el país.
Cuando se le consultó si su mensaje estaba relacionado con las declaraciones de la embajadora china, Tovar evitó confirmarlo directamente. “Cada quien puede sacar sus propias conclusiones”, respondió a través de la oficina de prensa del ministerio.
Costa Rica como ejemplo de la estrategia de EE. UU.
La rivalidad entre Washington y Pekín volvió a aparecer con fuerza en abril de 2025.
Ese mes, Estados Unidos destacó a Costa Rica como un caso de éxito en su estrategia global para contrarrestar la influencia china durante los primeros 100 días de la segunda administración del presidente Donald Trump.
Un informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, señaló que el país había tomado “pasos significativos” para alejarse de Pekín y fortalecer su cooperación con Washington, especialmente en ciberseguridad y en el desarrollo de la red 5G.
El documento afirmó que ambos gobiernos habían trabajado juntos para “asegurar la infraestructura 5G” y “enfrentar la amenaza de las telecomunicaciones chinas”.
La embajada de China reaccionó con molestia. “Rechazamos categóricamente que Estados Unidos intervenga y sabotee las relaciones entre China y Costa Rica”, manifestó la misión diplomática.
Las advertencias estadounidenses ya se habían manifestado antes. En abril de 2024, durante una visita a Costa Rica, dos altos funcionarios del gobierno de Joe Biden —Nathaniel Fick y Anne Neuberger— advirtieron que cada vez más empresas internacionales se sienten incómodas invirtiendo en países cuya infraestructura de telecomunicaciones proviene de China.
Taiwán y acusaciones de ciberataques
Uno de los episodios diplomáticos más delicados ocurrió en 2025, cuando cinco funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) viajaron a Taiwán para participar en una capacitación en seguridad nacional.
China reaccionó con firmeza al recordar que Costa Rica reconoce el principio de “una sola China”, que considera a Taiwán parte de su territorio.
Posteriormente, el canciller Arnoldo André reconoció ante diputados que la participación de funcionarios costarricenses contradijo los términos del acuerdo diplomático firmado con Pekín en 2007.
Fue el único momento en estos años de tensiones en el que el gobierno costarricense admitió que una de sus actuaciones había afectado la relación bilateral.
Acusaciones de ciberataques
Las fricciones más recientes se han trasladado al terreno de la ciberseguridad.
En un primer episodio, la embajada de China reaccionó con malestar luego de que la misión diplomática de Estados Unidos en Costa Rica divulgara, en diciembre de 2024, supuestas intrusiones de grupos de cibercriminales ubicados en China en sistemas tecnológicos costarricenses.
El segundo ocurrió el 12 de marzo de 2026, cuando la embajada china expresó “profunda sorpresa y decepción” después de que funcionarios del gobierno costarricense vincularan al país asiático con el hackeo que sufrió el ICE.
“Sacrificar las relaciones entre China y Costa Rica para complacer a otros países no logra ganar el respeto de nadie”, afirmó el portavoz de la misión diplomática.
