Viceministro de Micitt: Sistema totalitario de China impide intervenir compañías que espíen

“Yo entiendo que se dice que hay otros países que han espiado a otros, y eso será una situación de política que requiere análisis, pero hay países de estos que ustedes han indicado, que no tiene tienen una normativa sólida que permite la intervención de una compañía, por parte de un Gobierno o un Estado, que es totalitario, verdad, como China”, dijo.

El jerarca hizo las aseveraciones, la noche del miércoles, ante cuestionamientos de diputados sobre los criterios técnicos que llevaron al Gobierno costarricense a emitir un reglamento que impide la compra de equipos o programas de 5G a empresas que provengan de naciones no firmantes del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001, del cual China no forma parte.

“Esto es una pieza de información, para mejor proveer, en por qué este reglamento incorpora ciertas limitaciones sobre bloques económicos, que no están siendo socios leales en su relación con otros”, agregó el viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Se trata del decreto 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto anterior que, al fijar como requerimiento la adhesión al Convenio de Budapest, dejaría por fuera del negocio de 5G en Costa Rica a la firma china Huawei.

La Nación solicitó a la Embajada de China en Costa Rica un criterio sobre las manifestaciones del jerarca.

Diputados: ‘Es una decisión política’

Los diputados calificaron las declaraciones del viceministro como una admisión de parte del Gobierno de Costa Rica, de que la inclusión del Convenio de Budapest en el reglamento tuvo un fundamento político y no técnico.

“La argumentación que se ha dado aquí, de que es un criterio político, queda absolutamente clara en las manifestaciones del viceministro”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Siento que esto, lejos de ser un tema técnico, se ha vuelto en un tema político y me da temor pensar las consecuencias que pueda ocasionarle al país tomar esta decisión política, bueno, quién sabe con cuáles intereses”, cuestionó José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR).

“Es un reconocimiento implícito de que esta es una decisión política y no técnica”, concluyó Sofía Guillén, vocera de la bancada del Frente Amplio.

Por su parte, Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), preguntó a Paula Bogantes, ministra del Micitt, si el gobierno considera a China como una amenaza a la seguridad nacional de Costa Rica.

La ministra respondió: “El Gobierno de Costa Rica considera al Gobierno chino como un gobierno de mayor riesgo que un país que esté en proceso de adhesión o se haya adherido al Convenio de Budapest”.

Bogantes razonó su postura en que China, al no adherirse al instrumento internacional, “no se compromete a darle persecución a los ciberdelincuentes, que podrían, eventualmente, perpetuar un ciberataque y por tanto, comprometer la seguridad nacional”.

Ministra cuestiona inversiones chinas

Ante los señalamientos de los diputados sobre las posibles consecuencias que tendría el reglamento sobre el libre comercio y eventuales demandas que afrontaría el país, la jerarca aseguró que la regulación no discrimina a ninguna empresa local o internacional, tampoco impone barreras al comercio o interfiere con relaciones exteriores con otros países.

“Nosotros no le estamos cerrando la puerta a ningún país”, dijo.

Sin embargo, criticó el historial de inversiones de China en Costa Rica, desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio en 2011.

“Yo soy la primera que aplaudiría en tener más empresas Chinas invirtiendo en el país, lamentablemente esto es un tratado de libre comercio de hace poco más de 15 años y en el país cuento con una mano las inversiones chinas que han hecho; y uso el mal ejemplo de la ruta 32, que irónicamente China es un país reconocido mundialmente por ser muy hábil con lo que tiene que ver con infraestructura pasiva, pero bueno, Costa Rica lamentablemente es una excepción a esto”, expresó.

Neutralidad tecnológica en duda

La diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó que el reglamento no garantiza la neutralidad tecnológica que exigen los acuerdos comerciales, según lo indicó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), mediante el criterio 06900-SUTEL-CS-2023, del 17 de agosto pasado.

La Sutel advirtió de que el reglamento solamente regula lo relativo a ciberseguridad para la tecnología 5G, dejando de lado las otras tecnologías (2G, 3G, 4G, entre otras) que se encuentra en funcionamiento.

“La propuesta reglamentaria no cumple con el principio citado, siendo que está direccionada únicamente a un tipo de tecnología, incluso dejando de lado que las redes 5G pueden operar de forma interconectada con otras tecnologías como lo es el modo non-standalone, dada la facultad que ostentan los operadores de desarrollar y diseñar sus propias redes”, explica el oficio.

El principio de neutralidad tecnológica está normado por el artículo 3 inciso h) de la Ley General de Telecomunicaciones y se entiende como la posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para escoger las tecnologías por utilizar.

“Siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiera esta ley”, señala la norma.

Sobre los señalamientos, Bogantes dijo que habían conversado con Sutel para “aclarar varios temas de malinterpretación del decreto, entre otros, la neutralidad tecnológica”.