Estados Unidos destacó a Costa Rica como un caso de éxito en su estrategia global para contrarrestar la influencia de China, durante los primeros 100 días de la segunda administración del presidente Donald Trump.
Un informe del Departamento de Estado norteamericano, liderado por el secretario Marco Rubio, menciona que Costa Rica es uno de los países que ha “tomado pasos significativos” para alejarse de Pekín y acercarse a Washington, especialmente en sectores estratégicos como la ciberseguridad y la infraestructura 5G.
La administración estadounidense reconoció explícitamente que este giro forma parte de los frutos de su política exterior, al destacar la cooperación directa con Costa Rica para reforzar las defensas digitales.
El Departamento de Estado citó como un logro de la administración Trump, el desalentar la presencia de China en el continente americano, mediante la política America First (Estados Unidos Primero).
Agrega que países como El Salvador, México y Costa Rica, “han dado pasos significativos para alejarse de China y acercarse a Estados Unidos”.
Otra acción que se presenta como un hito, es la “ampliación de las alianzas en ciberseguridad y tecnología". En este apartado el único país al que se hace alusión es Costa Rica.
El texto señala que se “realizó una asociación con Costa Rica para expandir las defensas cibernéticas y asegurar la infraestructura 5G (quinta generación), uniéndonos para enfrentar la amenaza de las telecomunicaciones chinas”.
Si bien Rodrigo Chaves afirmó que “Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes”, en referencia al conflicto entre Estados Unidos y China, su administración ha evidenciado una mayor cercanía al país norteamericano.
Al respecto, la Embajada de China en Costa Rica rechazó “categóricamente que Estados Unidos intervenga y sabotee las relaciones entre China y Costa Rica, haciendo daños a los intereses legítimos de China”.
La sede diplomática calificó de “estrategia propagandística” las manifestaciones estadounidenses. “Refleja sus constantes actos hegemónicos, coaccionando a países regionales a tomar partido”, agregó.
Biden marcó el rumbo, Trump lo mantiene
Aunque con estilos distintos, tanto la administración de Donald Trump como la de su antecesor Joe Biden han mantenido una línea constante en su objetivo de frenar la participación de China en el desarrollo de infraestructura crítica en América Latina, particularmente en el despliegue de redes 5G.
En agosto de 2023, bajo el gobierno de Biden, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, expresó su preocupación por las inversiones chinas en el desarrollo de “infraestructura crítica”, como puertos en aguas profundas, cibertecnología, el sector espacial y redes 5G.
Durante una visita a Costa Rica, Richardson advirtió sobre el posible uso militar que China podría dar a estos proyectos, sugiriendo que tales inversiones podrían tener implicaciones estratégicas para la seguridad regional.
El 31 de agosto, la administración del presidente Rodrigo Chaves emitió el decreto Nº 44196-MSP-MICITT, publicado en el diario oficial La Gaceta, que establece la obligación de adquirir equipos o programas para servicios de 5G exclusivamente de empresas provenientes de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001.
Con esta medida, se excluye a compañías como Huawei, ya que China no ha suscrito dicho Convenio.
En abril del 2024, dos altos funcionarios del gobierno de Biden, advirtieron a Costa Rica de que las compañías estadounidenses están cada vez más incómodas de hacer grandes inversiones en países con infraestructura de telecomunicaciones proveniente de China o brindada por empresas originarias del país asiático, por considerar que estas no son de confianza y constituyen un riesgo para la privacidad.
Así lo manifestaron los funcionarios Nathaniel Fick y Anne Neuberger, durante una visita oficial a Costa Rica.
Este también fue uno de los puntos clave que destacó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante su gira inaugural el pasado mes de febrero. Poco días de que iniciara la segunda administración del presidente Trump.
Sanciones
Tras sostener una reunión con Rodrigo Chaves, el 4 de febrero en Zapote, el secretario de Estado felicitó la política costarricense de “solo permitir que los proveedores de confianza” puedan participar en los procesos de contratación para el despliegue de la red 5G.
Igualmente, Rubio advirtió sobre la disposición del gobierno de Trump de sancionar a funcionarios costarricenses que colaboren con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad del país.
Dos semanas después de las declaraciones, Estados Unidos anunció la cancelación de visas a dos diputadas entonces pertenecientes al Partido Liberal Progresista (PLP), Johanna Obando y Cynthia Córdoba, quienes más tarde se declararían independientes.
La revocatoria de visas fue tomada por el gobierno de Estados Unidos el 15 de enero del 2025, cuando Biden aún era presidente, pero se ejecutó en febrero, con Donald Trump en el poder.
Posteriormente, la misma medida se aplicó a los legisladores Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La lista la completan el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, así como la jefa de Auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores.
En el caso de los diputados y de la auditora del ICE, todos comparten el hecho de haber sido señalados por el gobierno de Rodrigo Chaves por un presunto favorecimiento a la empresa Huawei.
Mientras que Arias, en cuyo segundo gobierno se establecieron relaciones diplomáticas entre China y Costa Rica, criticó la postura de obediencia del gobierno de Chaves frente a las administraciones de Donald Trump y Joe Biden.
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