EscucharLa reciente revocatoria de visas a las diputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP), fue tomada por el gobierno de Estados Unidos el 15 de enero del 2025, cuando Joe Biden aún era presidente, pero se ejecutó en febrero, con Donald Trump en el poder y tras una amenaza hecha por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.
Para Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales, el caso podría tener un trasfondo político, más allá de una decisión meramente técnica, pues este tipo de medidas suelen adoptarse de manera independiente a la administración de turno en Estados Unidos. Sin embargo, según considera, el momento y el contexto en que se oficializó la cancelación de los visados genera interrogantes.
Murillo señaló que una de las razones que sustenta esta tesis es el momento en que se oficializó la medida. El pasado 4 de febrero, Marco Rubio anunció en Costa Rica que su gobierno podría sancionar a cualquier funcionario público del país que colabore con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad del territorio nacional.
Además, el funcionario acusó a China de emplear el chantaje y la presión política para avanzar en sus propios intereses.
“Entonces, ahí es donde el elemento político entra en juego y, más bien, abre una serie de especulaciones sobre por qué fue que se comunicó la revocatoria de la visa hasta este momento”, señaló el analista.
Quince días después de la visita del secretario de Estado, las dos legisladoras del PLP recibieron correos de la Embajada norteamericana, informándoles que sus visas habían sido revocadas el 15 de enero, conforme al artículo 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La notificación indicaba que, tras la emisión de sus visas, emergió información que podría hacerlas inelegibles.
Al menos Obando había investigado por qué el gobierno de Rodrigo Chaves excluyó a las empresas chinas de proveer tecnología 5G en Costa Rica. En tanto, Córdoba atribuyó la revocatoria a los enfrentamientos que ha tenido con Chaves. “No se lo atribuyo a lo de 5G; se lo atribuyo al presidente”, sostuvo.
Cercanía con gobierno estadounidense
Cuando se decidió revocar la visa a las legisladoras, el gobierno de Costa Rica mantenía una estrecha relación con la entonces embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, quien dejó el cargo tras la reasunción de Trump.
Durante su gestión, Telles llegó a catalogar a la administración Chaves como “amiga” y destacó que Estados Unidos no tenía “mejor aliado” en la región. Una muestra de esta cercanía fue la inauguración, el 20 de febrero, de la rotonda Raymond Telles en Hatillo 3, nombrada en honor al padre de la exembajadora.
Murillo recordó que desde el año anterior el gobierno norteamericano ejercía presión sobre Costa Rica y su relación con la República China. Ante ese panorama, la Embajada norteamericana había manifestado preocupaciones sobre estos vínculos, por lo que estrechó sus lazos con el gobierno de Chaves.
“Recordemos que el año pasado había una presión muy grande de los Estados Unidos hacia Costa Rica para ajustar algunas cosas en materia de semiconductores y de la relación con China, que se venían dando y sobre las cuales la embajadora Telles ya se había manifestado”, agregó.
La diplomática terminó funciones el pasado 20 de enero, cuando se dio el cambio de mando. Para esa fecha, la decisión de revocar las visas de las dos legisladoras ya estaba tomada. Sin embargo, la orden no se ejecutó hasta un mes después, justo después de la advertencia de Rubio.
Esta coincidencia temporal entre la cercanía que había con la exembajadora, las declaraciones de Rubio, y la notificación de las visas, es la que Murillo considera que genera especulaciones sobre una posible relación de la medida con un trasfondo político.
Posible intervención del Ejecutivo
El analista Carlos Murillo no descartó la posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves haya intervenido en el proceso. Como argumento, señaló la ausencia de alguna reacción por parte de la Cancillería costarricense y que tampoco se han pedido explicaciones diplomáticas a Washington.
“¿Por qué la Cancillería costarricense hoy no reacciona cuestionando la cancelación de esas visas? Porque se trata de dos diputadas que forman parte del gobierno de Costa Rica y, sin embargo, la actual administración no ha dicho nada.
“Más bien, algunos funcionarios o representantes de la actual administración han dicho que ya se les había advertido, lo cual hace pensar que el tema tiene un trasfondo político y no solo un trasfondo estrictamente técnico”, agregó Murillo.
Indicó que, de haber argumentos que pudieran desmentir tales hipótesis, el Ejecutivo debería exponerlos porque la información conocida de momento conduce a pensar en una posible intervención de Zapote en la decisión del gobierno estadounidense.
“Si la evidencia es equivocada, entonces debería de aclararse. Pero la evidencia, en este momento, conduce a pensar que sí hay algún tipo de vinculación o de interés en que fuera solo a esas dos diputadas y no a todo el resto”, explicó Murillo.
Recordó que, además de Obando y Córdoba, otros diputados participaron en reuniones con representantes de Huawei y del gobierno chino, pero no fueron sancionados.
