Escuchar
“Las democracias no se defienden solas”. Con esa frase, el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, defendió el fallo que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes, ante la inacción de la Asamblea Legislativa, y respondió a las críticas de la presidenta Laura Fernández al afirmar que la resolución busca “restablecer el orden constitucional”.
Esta tarde, en un video de cinco minutos, el gobierno calificó de “golpe de Estado” la decisión judicial. Mientras que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció una querella por supuesto prevaricato contra los cuatro magistrados que adoptaron la decisión, incluido Araya.
Al respecto, el magistrado Araya dijo:
“Costarricenses, las democracias no se defienden solas. Usualmente se defienden cuando se pierden. No lleguemos a ese punto. Señora Fernández, unamos a la familia costarricense. Es tiempo de paz. Es tiempo de luz, no de confrontación”.
Con la decisión de los altos jueces, se resuelve el bloqueo que los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impusieron a la elección de magistrados suplentes de ese tribunal.
La Asamblea Legislativa no eligió a magistrados sustitutos porque los diputados del PPSO no aportaron sus votos a ninguno de los candidatos que la Corte Suprema de Justicia presentó, según la disposición fijada en la Constitución Política.
Para Araya, el término usado por el oficialismo, “golpe de Estado”, no tiene ningún asidero ni en la doctrina jurídica y política clásica ni contemporánea.
“Un golpe de estado es una ruptura ilegítima del orden constitucional. En el caso que nos ocupa, en la resolución que dictó la sala el día de ayer, de lo que se trata es totalmente lo contrario. Se trata de restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional“, dijo el magistrado.
El alto juez señaló que, a su criterio, las valoraciones de la presidenta Laura Fernández contra la sentencia son prematuras: “Necesita ella, su gobierno y el país, conocer la integralidad de la sentencia, de la resolución dictada por el más alto tribunal de justicia constitucional del país. De tal manera que lo prudente hubiera sido esperar a que se le notifique el fallo integralmente para tener una reacción al respecto”, dijo.
Detrás de cada expediente
Araya recordó que la justicia constitucional no es parcial, sino para todos los costarricenses. Allí se ven temas de salud, social y “todos aquellos temas relacionados con el sueño de una persona de tener una sentencia a su favor, del dolor de cada ser humano que hay detrás de un expediente, el Tribunal Constitucional ahora sí lo va a poder resolver”, recordó.
La decisión de la Sala impide que entre en cierre técnico cuando debe resolver casos en los que hay magistrados propietarios inhibidos. En la actualidad, 123 expedientes estaban paralizados, porque el Tribunal no podía dictar resoluciones por la ausencia de suplentes.
El voto fue aprobado con una mayoría de cuatro magistrados frente a tres que salvaron su voto. A favor votaron Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor del caso), Jorge Araya e Ingrid Hess. En contra lo hicieron Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo (presidente de la Sala) y Anamari Garro.
Prorroga de magistrados suplentes
La sentencia de este 30 de julio ordenó a Yara Jiménez Fallas, presidenta de la Asamblea Legislativa, poner la nómina de candidatos suplentes en conocimiento del plenario “en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros establecidos en la resolución”.
Mientras eso sucede, se prorrogó los nombramientos de los 12 magistrados suplentes, a los que el periodo les venció en diciembre pasado, hasta que los diputados elijan a sus sustitutos.
Con esto, los magistrados dejaron sin efecto el acuerdo tomado por la Asamblea Legislativa para devolver la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y solicitar una nueva a la Corte Suprema de Justicia.
