“Si van a aprobar un mamarracho, mejor no aprueben nada, porque puede salirnos peor lo que van a aprobar, y más bien generar una huida de la inversión, o un desestímulo a la inversión extranjera directa, que hoy día está ya en nuestras zonas francas, empleando a miles de jóvenes”, afirmó la mandataria electa, durante su primera conferencia de prensa, tras resultar victoriosa en los comicios del domingo.
Chaves convocó la iniciativa de ley para el periodo de sesiones extraordinarias, que finalizó el 31 de enero. Los diputados retomarán control de la agenda legislativa, hasta el próximo 1.º de mayo.
Si bien Fernández insistió en la necesidad de aprobar una reforma legal que habilite jornadas laborales extendidas de 12 horas, llamó al actual Congreso a abstenerse de avanzar si no logra consensuar un texto adecuado y a trasladar la discusión a la próxima legislatura, en la que el oficialismo contaría con mayoría, al sumar 31 de los 57 diputados.
“Si no se sienten en capacidad de aprobar un proyecto bueno, eficiente, libre de burocracia, y que más bien sea un facilitador, mejor déjenlo así queditito, y con los próximos diputados lo sacamos adelante”, añadió.
El proyecto de jornadas 4-3 busca permitir esquemas laborales de cuatro días de trabajo por tres de descanso en determinados sectores productivos, pero ha generado un intenso debate político, sindical y empresarial, en medio de cuestionamientos sobre sus eventuales impactos en derechos laborales y condiciones de trabajo.
A finales de octubre, los diputados aprobaron una moción que obligaría al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a implementar un plan piloto para probar los resultados de la reducción progresiva del turno de trabajo semanal, como parte del proyecto de jornadas 4-3.
No obstante, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) se pronunció en contra de la modificación y calificó la propuesta como una “muestra de populismo” y como “alejada de la realidad económica, social y productiva el país”.
Según los empresarios de esa cámara, la iniciativa incrementaría el costo de la hora trabajada en un 20% y adujeron que eso incrementaría el empleo informal.
El reclamo de la cámara es que la iniciativa tendría un impacto para el empresario “sin que existan condiciones de ningún tipo que hagan esperable un retorno en materia de productividad del empleo”.
La moción aprobada por los diputados introduce un nuevo artículo transitorio en el expediente legislativo, donde se indica que el objetivo del plan piloto es experimentar y evaluar la viabilidad de reducir la jornada ordinaria semanal.
“Este plan piloto podrá desarrollarse por sectores, regiones o grupos de empresas voluntarias, e incluirá criterios de seguimiento técnico sobre productividad, salud ocupacional, equidad de género, impacto salarial, conciliación vida-trabajo y sostenibilidad económica”, detalla el texto.
La modificación apenas tuvo los votos necesarios para aprobarse en el plenario, pues votaron en favor de la moción solo 23 congresistas, entre ellos 12 del Partido Liberación Nacional (PLN), cuatro del Frente Amplio (FA), una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), una del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y cinco independientes.
