“El problema con la ley jaguar es que lo que buscaba era encontrar algunos portillos para hacer contratación a dedo para construir ese proyecto (Ciudad Gobierno) sin cumplir con las reglas básicas de los concursos públicos, de manera que Rodrigo Chaves pudiera inaugurar Ciudad Gobierno en dos años. Aunque eso era totalmente inviable jurídicamente”, indicó Villalta.
Aseguró que el Frente Amplio está de acuerdo con la construcción de la obra; no obstante, hizo un llamado a la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, para que “se dejen de querer hacer inventos” y se inicien los procesos de contratación pública correspondientes.
“Eso era lo del trasfondo (de la ley jaguar), hacer algo que se brincara los procesos de contratación administrativa, y esos procesos no nos los podemos brincar porque están en la Constitución Política”, agregó.
El diputado frenteamplista señaló que otras obras públicas de gran “calado de importancia” no se han construido en dos años, como, según dijo, esperaba hacerlo Chaves, sino que estas han requerido un proceso más largo.
Eso implica, añadió, que a diferencia de la actual administración, el gobierno de Laura Fernández tenga “la madurez de aceptar que no les va a tocar inaugurar las obras”.
Antecedentes de Ciudad Gobierno
El proyecto de Ciudad Gobierno era uno de los proyectos principales de la administración de Chaves, con el que pretendía construir un complejo que albergara instituciones públicas de distinta índole, con el objetivo de ahorrar millones en alquileres. Para su desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un financiamiento de $450 millones desde el 28 de marzo de 2023.
No obstante, el Ejecutivo intentó desarrollar el proyecto sin concurso público y mediante la figura de “arrendamiento de inmuebles por construir”, lo cual fue calificado como ilegal por la Contraloría General de la República (CGR).
El ente contralor señaló que el Gobierno no podía ejecutar el proyecto sin concurso; además, advirtió que el BCIE no podía alquilar al país edificios construidos sobre terrenos estatales, que el expediente estaba incompleto y que el financiamiento constituía deuda pública, la cual debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
Luego de ello, las relaciones entre el Gobierno y la CGR se tensaron aún más, con la presentación de propuestas de reforma a la Ley General de Contratación Pública, así como iniciativas de referéndum y distintas versiones de la denominada “ley jaguar”.
La última versión de esta ley fue presentada el 9 de octubre, luego de que las dos anteriores fueran declaradas inconstitucionales. La Sala Constitucional consideró que las propuestas debilitaban el sistema de control sobre los fondos públicos.
En el primer caso, el planteamiento habría impedido a la CGR suspender actos o contratos públicos en caso de encontrar anomalías, o bien, evaluar previamente la gestión administrativa de las instituciones.
En cuanto a la segunda versión, la Sala declaró inconstitucionales los dos artículos que, a criterio de la Contraloría, permitirían al Gobierno y a otras instituciones efectuar contrataciones a dedo.
Finalmente, sobre el tercer texto, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que su contenido no aportaría innovación al ordenamiento jurídico y que, más bien, implicaría un uso ineficiente de recursos públicos, al destinar ¢3.000 millones a un referéndum sobre un tema ya regulado.
