La contralora general de la República, Marta Acosta, pidió este martes a una comisión de la Asamblea Legislativa el archivo de la última versión presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves de la “ley jaguar”. El texto que se tramita en el Congreso, es el último vestigio del plan del Poder Ejecutivo para eliminar controles en el sistema de contratación pública.
“Yo no le rescataría nada, nosotros estamos opuestos al proyecto”, indicó la jerarca ante una consulta del diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), en la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración.
La Sala Constitucional corroboró la inconstitucionalidad del expediente 24.467, bajo análisis en el foro legislativo. Mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, alertaron que la “ley jaguar” no aporta ninguna innovación al sistema jurídico nacional.
Acosta indicó que, si bien el expediente alega impulsar el desarrollo del país, su articulado pretende un “desmantelamiento del control”, por lo que sería perjudicial y un retroceso para el modelo de fiscalización que se ha logrado construir.
No estamos para caer bien
La jerarca también explicó que la Contraloría realiza una labor que no es popular entre los tomadores de decisiones, pero que esa antipatía se ha exacerbado durante el gobierno de Rodrigo Chaves.
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“El rol nuestro no es para que le guste a todo el mundo, cuando una Contraloría le gusta a todo el mundo es mejor revisarse. A nosotros nos toca un papel que no gusta y es vigilar el buen uso de los fondos públicos y estar señalando. Eso no gusta y eso nos ha pasado con muchos gobiernos, pero más con este. Es el rol que tenemos que cumplir en democracia, como parte del sistema de pesos y contrapesos”, explicó.
Acosta alertó a los diputados sobre los riegos de eliminar controles para permitir la contratación a dedo. Según la contralora, este tipo de medidas pueden ser más perjudiciales para los intereses del país, que someterse a todos los pasos que exige la ley. “Cuidado se equivocan y nos sale más caro y a más plazo”, declaró.
Explicó que existe una resistencia al tema de la preinversión por parte de los tomadores de decisiones, debido a que la Ley de Contratación Pública, que entró en vigencia en diciembre del 2022, hizo obligatoria esta etapa.
“No ha sido cultura hacer preinversiones, va a ser un salto que va a costar”, agregó.
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Sin embargo, la jerarca estima que cumplir con las preinversiones permitirá asegurar un mayor éxito de los proyectos. “Los jerarcas o los gobernantes quieren mostrar resultados rápido, pero eso al final se revierte”, advirtió.
Al respecto, la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), apuntó que según datos expuestos en diciembre por la Cámara de la Construcción, los proyectos con preingeniería registran un atraso promedio del 15%, mientras que aquellas obras que no cumplen con esta etapa previa, tienen un retaro estimado del 178%.
Sobre las reiteradas consultas de los diputados respecto a la mejor forma de acelerar la concreción de obra pública, Acosta subrayó que siempre y cuando los proyectos cumplan con la ley y la Constitución Política, saldrán adelante.
“Si no, en este país no tendríamos ninguna carretera, ningún hospital, ninguna escuela o ningún puente, porque a todos los gobiernos les ha correspondido bregar con nuestro Estado de derecho, cumplir con la ley y la Constitución. Cuando no es así, a nosotros nos ha tocado el rol de ir a decirlo, investigar y auditar”, precisó.