Pese a los reiterados cuestionamientos del gobierno de Laura Fernández al Poder Judicial por incumplir con una justicia pronta y cumplida, Zapote mantiene congelada una reforma al Código Procesal Penal orientada a agilizar los juicios y reducir la mora judicial.
El proyecto ha permanecido fuera de la agenda legislativa definida por la presidenta durante el periodo de sesiones extraordinarias, el cual se extiende desde el 1.º de enero y hasta el 31 de julio. Se trata del expediente 24.913, elaborado por el Poder Judicial y presentado por el anterior presidente legislativo, Rodrigo Arias.
Aunque la iniciativa cuenta con dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, no fue convocada durante el último periodo de sesiones extraordinarias del gobierno de Rodrigo Chaves −del 1.º de noviembre al 31 de enero−, ni ha sido incluida en la agenda por la actual administración.
Las claves del proyecto
La reforma busca desentrabar tres importantes cuellos de botella. Uno tiene que ver con los abogados defensores que alegan tener la agenda ocupada con otros casos, lo que termina retrasando los juicios hasta por varios años.
Con los cambios propuestos, si el representante legal no puede asistir, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro profesional, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.
La iniciativa también propone que se declare en rebeldía a los imputados que, de forma injustificada, no se presenten a la audiencia preliminar, a fin de que esta etapa deje de ser vista como un mero formalismo.
La presencia obligatoria de los acusados en la audiencia preliminar es necesaria para avanzar en otra de las modificaciones: que esta sesión sea el último momento procesal para acceder a una solución alterna o procedimiento especial abreviado.
Finalmente, la iniciativa plantea optimizar el uso del recurso humano mediante una ampliación de los casos que pueden ser conocidos por tribunales unipersonales.
Actualmente, estos estrados conocen solo expedientes sobre delitos con penas de hasta cinco años de prisión. La reforma propone extender ese límite a delitos sancionados con hasta 10 años, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta del sistema y resolver más casos en menos tiempo.
Hacer más con recursos escasos
Cerca de un 80% de los juicios tendrían un solo juez, a diferencia de la cifra actual de 60%, según dijo la presidenta de Sala III, Patricia Solano, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Por su parte, el también magistrado de esa instancia judicial, Gerardo Alfaro, declaró a este diario que la reforma es “urgente”, ya que ayudaría a desahogar la carga judicial y facilitar la conformación de más tribunales para atender un mayor número de juicios.
El alto juez añadió que la eventual aprobación implicaría ajustes operativos dentro del Poder Judicial, como reacomodar agendas, redistribuir salas de juicio y garantizar espacios adecuados y seguros para la realización de audiencias.
Silencio en Zapote e indecisión oficialista
La Nación consultó al viceministro de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, sobre la ausencia del proyecto en la convocatoria del Ejecutivo y la postura del gobierno sobre la propuesta.
El jerarca solicitó que las consultas se le remitieran por correo electrónico. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.
Por su parte, el oficialismo justificó el congelamiento del proyecto alegando dudas sobre la conveniencia de reformas parciales.
El jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, dijo que la bancada está de acuerdo con mejorar la gestión de la justicia, pero se declaró “un poquito indeciso sobre cuál es el camino”.
Acosta argumentó que, dado que la Corte anunció una propuesta integral en un plazo de nueve meses, temen que al aprobar este texto “el proyecto B le caiga encima al proyecto A”, repitiendo enredos legislativos del pasado.
Pese a que el Poder Judicial aclaró que esta reforma rápida no interfiere con el plan a largo plazo, el diputado insistió en que les “hace falta una conversación” con los magistrados.
Criterios de Justicia y Seguridad
En contraste con las dudas actuales del oficialismo, el proyecto ya había recibido durante su trámite criterios institucionales principalmente favorables, incluso desde el propio Ejecutivo anterior.
El entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó el 19 de agosto, en un oficio enviado a la Asamblea, que si bien no emitía criterio sobre la propuesta −porque la misma no afectaba a la institución−, “no tenemos objeciones que oponer al proyecto”.
Por su parte, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz se opuso a que causas penales con declaratoria de delincuencia organizada sean conocidas por un tribunal unipersonal.
“En todo lo demás, se considera viable la promulgación del proyecto de ley”, menciona el oficio fechado 12 de agosto y enviado al entonces jerarca, Gerald Campos.
En la nota, Denisse Martínez, abogada de la Unidad de Servicios Técnicos del Ministerio, expresó preocupación ante la posibilidad de que las estructuras criminales organizadas impulsen mecanismos para captar a las personas que fungen como jueces unipersonales en dicha jurisdicción, con el objetivo de “seducirles a su favor”, y por la complejidad de estos asuntos, la cantidad de personas imputadas y la pluralidad de causas.
Oposición reclama ‘doble discurso’ del gobierno
En la otra acera legislativa, la oposición acusó al gobierno de sostener un doble discurso
El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), calificó la reforma como una propuesta “técnica, urgente y de consenso”. Indicó que el texto cuenta con el apoyo de su bancada, en términos generales, porque evitaría que los procesos se entorpezcan “por años y años”, al tiempo que permitiría que los recursos rindan más.
Trejos afirmó que es “absolutamente falso” que el gobierno de Fernández tenga interés en la celeridad judicial. A su criterio, Zapote se ha dedicado a “entorpecer” al Poder Judicial al recortar el presupuesto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y frenar el nombramiento de magistrados suplentes.
“Las acciones son lo que habla por un gobierno, no lo que digan”, fustigó Trejos, concluyendo que bloquear leyes de eficiencia judicial y asfixiar financieramente al sistema es “perfectamente coherente con una estrategia de desestabilización democrática y de golpe a nuestras instituciones independientes”.
En una línea similar, Marco Francisco Badilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que este proyecto formaba parte de la agenda prioritaria entregada por los verdiblancos a la presidenta Fernández, el pasado 6 de mayo.
Para Badilla, si la seguridad y la eficiencia fueran prioridades nacionales reales del Ejecutivo, la iniciativa “debía formar parte de la agenda de sesiones extraordinarias” para combatir la impunidad en los delitos que más golpean a la ciudadanía.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada Abril Gordienko manifestó un respaldo “parcial” al proyecto.
Si bien ve con buenos ojos optimizar los recursos con los jueces unipersonales y frenar el uso tardío de las conciliaciones, Gordienko advirtió de que la declaración de rebeldía automática por ausencia podría generar roces constitucionales al “afectar el derecho de defensa” sin valorar las razones de la inasistencia.
No obstante, la socialcristiana también señaló la incongruencia de Zapote: “El gobierno critica constantemente el funcionamiento del Poder Judicial (...), por eso me parece que lo congruente habría sido convocar este proyecto para su discusión”.
Claudia Dobles, legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), coincidió en que “las prioridades se reflejan en la agenda legislativa” e insistió en que el proyecto es indispensable para reducir los atrasos del sistema penal.
Sostuvo que la convocatoria del expediente es obligatoria si el Ejecutivo realmente considera que la eficiencia de la justicia es un asunto urgente.