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La Corte Plena aprobó este lunes un cronograma de trabajo para elaborar un proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP), que se desarrollará en un plazo de nueve meses y posteriormente será remitido a la Asamblea Legislativa para su discusión.
Gerardo Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal —órgano a cargo de la propuesta—, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de actualizar un marco normativo vigente desde 1998, hoy desafiado por fenómenos como el crimen organizado, la ciberdelincuencia y la criminalidad transnacional.
“Si logramos nueve meses sería el menor tiempo que se ha presentado la reforma integral de un Código Procesal ante este seno. Cada una de las propuestas que han salido de esta Corte para hacer un trabajo como el que estamos proponiendo siempre ha requerido de recursos adicionales, de muchos recursos adicionales y demás”, externó Alfaro, quien calificó de “razonable” el plazo de trabajo propuesto.
El proceso de reforma se estructurará en siete etapas, con tiempos definidos. La primera será un diagnóstico integral del CPP, con una duración de dos meses, con el objetivo de identificar problemas normativos, operativos y jurisprudenciales. Este análisis abarcará aspectos como la duración de los procesos, las etapas del juicio, las medidas cautelares, la prueba —incluida la digital— y la gestión judicial.
La segunda etapa, de un mes, consistirá en un estudio de derecho comparado para analizar modelos internacionales aplicables a Costa Rica, incluyendo experiencias de países como Chile, Colombia, Italia, Alemania y Estados Unidos.
En una tercera fase, también de un mes, se definirá el modelo procesal penal deseado, abordando temas como el rol del juez de garantías, la estructura del proceso, la regulación de la prueba digital y el uso de herramientas tecnológicas.
La cuarta etapa, de dos meses, estará dedicada a la elaboración del anteproyecto de reforma, que incluirá la exposición de motivos, el texto articulado, el impacto institucional y presupuestario, así como un cronograma de implementación.
Posteriormente, se abrirá un proceso de consulta mediante mesas técnicas nacionales durante dos meses, en las que participarán actores del sistema de justicia y sectores sociales, como la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ, la academia y organizaciones civiles.
La sexta etapa, con una duración de un mes, consistirá en la revisión técnica del anteproyecto a partir de las observaciones recogidas, lo que podría derivar en una segunda versión del documento.
Finalmente, el proceso concluirá con una etapa de presentación institucional ante la Corte Suprema de Justicia, que conocerá el conjunto de productos elaborados y el anteproyecto definitivo antes de su eventual envío al Congreso.
El magistrado Alfaro indicó que, de forma paralela a este proceso, la Sala de Casación Penal se mantendrá trabajando en hacer otras propuestas de aplicación inmediata, para agilizar el sistema de justicia.
