Costa Rica atraviesa una hora de exigencia republicana. Un nuevo gobierno acaba de asumir con un mandato claro de la ciudadanía: más seguridad, menos impunidad e instituciones que respondan. El Poder Judicial comparte ese mandato y asume su papel como parte activa de la solución.
Honrarlo exige, sin embargo, algo más que voluntad declarada. Obliga a preguntarse si las herramientas y presupuestos con que contamos están desfasados respecto de los desafíos que hoy enfrentamos, si los procedimientos siguen siendo funcionales frente a nuevas formas de criminalidad y qué reformas permitirían cerrar la brecha entre las capacidades que tenemos y las que se necesitan.
El mundo cambió con rapidez. También cambió el crimen. La digitalización de las comunicaciones, la expansión de las redes sociales, el uso de inteligencia artificial y la persistencia de la desigualdad han transformado sus métodos, sus tiempos y sus formas de inserción social. El narcotráfico ya no actúa únicamente en el espacio físico: recluta mediante plataformas digitales, mueve dinero por canales electrónicos, intimida a testigos a distancia y aprovecha la precariedad social para ampliar sus redes de influencia.
Frente a esa criminalidad más sofisticada, Costa Rica conserva todavía un Código Procesal Penal concebido para una época distinta, que produce una brecha con consecuencias visibles para las víctimas, para las comunidades más expuestas a la violencia y para la capacidad del sistema de responder con celeridad en la aplicación del derecho penal sustantivo.
Una reforma profunda del proceso penal es, por ello, impostergable. No para debilitar garantías –sin ellas, no hay justicia democrática–, sino para hacerlas operativas en un contexto que cambió. Se requieren mejores herramientas electrónicas para la investigación, mecanismos efectivos de protección de testigos, capacidades más robustas para rastrear capitales de origen dudoso, criterios más precisos para valorar la prisión preventiva ante riesgos procesales complejos y procedimientos ágiles para levantar el secreto bancario cuando sea necesario seguir el dinero que alimenta las redes ilícitas.
El Poder Judicial no llega a esta discusión desde la inacción. En los últimos años, ha impulsado un proceso sostenido de mejora continua, con avances documentados públicamente, entre ellos: reducción de rezago, incorporación de tecnologías emergentes, fortalecimiento del régimen disciplinario y mayor especialización jurisdiccional. Ese recorrido no agota las tareas pendientes, pero sí ofrece una base seria para plantear reformas de mayor calado, con conocimiento práctico de lo que funciona y lo que debe corregirse.
La mirada externa confirma lo que los datos internos documentan: el Centro de Estudios de Justicia de las Américas sitúa a Costa Rica en el primer lugar regional en resolución judicial, y los indicadores de la OCDE en materia de transparencia y probidad ubican al país por encima del promedio del resto del bloque.
Reconocer el desfase de algunas normas no implica descalificar el acervo institucional que Costa Rica ha construido con lucidez a lo largo de décadas. Hay decisiones del pasado que conviene leer con inteligencia histórica antes de someterlas a revisión.
La integración de la Sala Constitucional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial dentro del Poder Judicial respondió a un contexto latinoamericano en el que la persecución indebida desde el Estado y la instrumentalización política de la justicia eran amenazas reales, pero también a la visión de los liderazgos de la época, que supieron anticipar los riesgos y blindar institucionalmente a quienes tendrían que enfrentarlos.
Dar a esas instituciones el cobijo de la independencia judicial fue un acto de previsión democrática. Cualquier reforma de ese diseño exige un diagnóstico riguroso sobre lo que el país ganaría y lo que podría poner en riesgo. En materia de equilibrios constitucionales, la prisa suele ser mala consejera.
El diseño constitucional de las magistraturas –duración de los cargos, mecanismos de renovación y condiciones de acceso– forma parte del debate público contemporáneo. La experiencia comparada muestra que las instituciones judiciales son más sólidas cuando sus procesos de nombramiento y renovación son transparentes, técnicamente rigurosos y resistentes a la captura política. El Poder Judicial seguirá ese debate con atención y está dispuesto a participar en él con criterio técnico y sentido de Estado.
Las reformas al sistema de justicia son una conversación que le pertenece a toda la sociedad costarricense. El Poder Judicial es el lugar donde las personas pueden plantarse frente al poder y exigir que la ley se cumpla. Definir qué reformar, cómo hacerlo y con cuáles salvaguardas es una de las discusiones más importantes que Costa Rica puede darse, y el Poder Judicial está dispuesto a participar en ella con apertura, con criterio técnico y con la claridad de quien sabe que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición indispensable para que la ciudadanía pueda confiar en la justicia que recibe.
La seguridad ciudadana se sostiene sobre una cadena institucional en la que cada eslabón importa. El Poder Judicial asume su parte con plena conciencia de su rol y la responsabilidad que le corresponde. Porque la independencia sin resultados se vuelve vulnerable. Y porque los resultados sin independencia dejan de ser justicia.
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Orlando Aguirre Gómez es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
