
La Fiscalía General abrió una causa penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por la presunta colocación irregular de publicidad en postes del alumbrado público.
El mandatario es investigado por un posible delito de tráfico de influencias y la causa se originó a partir de una denuncia, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de La Nación.
No obstante, descartó que la queja haya sido interpuesta por la Contraloría General de la República (CGR), que el pasado 23 de octubre denunció la colocación ilegal de publicidad y ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) su retiro de las principales vías del país.
Actualmente, la causa se tramita bajo el expediente N.° 25-000014-0033 y se encuentra en la fase de recolección y análisis de pruebas, que constituye la etapa inicial del proceso penal.
El tráfico de influencias es castigado con penas de dos a cinco años de prisión, según el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esa sanción se eleva en un tercio cuando la influencia provenga del Presidente de la República.
Este diario envió consultas a Chaves, a través de su oficina de prensa, para conocer su opinión sobre la investigación en curso, pero no se obtuvo una respuesta a la hora de publicación de este artículo.
Orden de la CGR
El órgano contralor ordenó a la CNFL y al MOPT detener la colocación ilegal de publicidad en postes del alumbrado público, tras concluir una investigación iniciada debido a una denuncia ciudadana.
En setiembre del 2024, la CNFL firmó con la empresa Publiex un acuerdo comercial de explotación de espacios en los postes para colocar banners y otros elementos publicitarios en carreteras nacionales.
Sin embargo, la Contraloría advirtió de que el artículo 30 de la Ley de Construcciones establece una prohibición clara y literal sobre la colocación de anuncios en “los postes de los servicios públicos”.
Por ello, ordenó a la CNFL dejar sin efecto los permisos, así como retirar los anuncios y sus estructuras de soporte.
Publiex fue una de las proveedoras de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves y, en la presente administración, su representante ha sostenido encuentros con el mandatario al grado de que participó en un acto público.
La CNFL, con permisos otorgados por el MOPT, autorizó a esta empresa privada a instalar publicidad en postes, a pesar del riesgo para la seguridad vial y los bienes de dominio público, precisó la Contraloría.
Fuerza y Luz indicó a este medio que apelará la orden de la CGR. Esa institución insiste en que actuaron “bajo el principio de interés público, en resguardo de la hacienda pública”.
Mientras, Publiex informó de que se mantiene a la espera de la resolución que emita la CGR sobre el recurso de revocatoria de la CNFL, así como de cualquier otra resolución.
