Cinco expresidentes cuestionaron este viernes las acusaciones vertidas por el gobierno contra la sentencia de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de sus magistrados suplentes y defendieron la actuación de ese tribunal.
Esta tarde, en un video de cinco minutos, el gobierno calificó de “golpe de Estado” la decisión judicial, mientras que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por supuesto prevaricato contra los cuatro magistrados que aprobaron la resolución.
Ante la consulta de La Nación, los exmandatarios Rafael Ángel Calderón (1990-94), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022) coincidieron en señalar que la Sala IV actuó dentro de sus potestades.
‘Actuaron dentro de sus potestades’
El expresidente Rodríguez recordó que en Costa Rica el órgano con la “competencia legal y constitucional” para resolver los conflictos de competencia entre los poderes del Estado es la Sala Constitucional.
Sostuvo que, “con solo leer” los artículos 10 y 164 de la Carta Magna, es evidente que corresponde a ese tribunal resolver este caso ante el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia por la nómina de suplentes del órgano constitucional.
Un criterio similar comparten Alvarado y Calderón, quienes señalaron que la Sala actuó acorde con sus potestades constitucionales.
“Yo veo esto clarísimo. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, cuando hay conflicto entre poderes, es la Sala Constitucional la que tiene que resolver. Aquí la Sala Constitucional, en uso de sus potestades, resolvió. Y me parece que tienen toda la potestad para haber hecho lo que hicieron”, aseveró el expresidente Calderón.
Agregó que a su criterio, las acusaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, no tienen razón, porque “la Sala actuó acorde con sus potestades.”
Con la decisión de los altos jueces, emitida este jueves 30 de julio, se rompe el bloqueo que los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) mantenían en la elección de magistrados suplentes del alto tribunal.
La Asamblea Legislativa no eligió a magistrados sustitutos porque los diputados del PPSO no aportaron sus votos a ninguno de los candidatos que la Corte Suprema de Justicia presentó, según la disposición fijada en la Constitución Política.
Alvarado: ‘No es opcional acatar las sentencias’
Por su parte, el expresidente Alvarado recalcó que, en una democracia, las decisiones de los tribunales pueden ser objeto de crítica y debate. No obstante, apuntó: “Lo que no es opcional es acatarlas. El respeto al Estado de derecho implica cumplir las resoluciones judiciales, incluso cuando no se comparte su contenido”.
“La división de poderes existe precisamente para evitar la concentración del poder. En una democracia, cada poder del Estado tiene la función de controlar y equilibrar a los demás. Por eso, es normal que existan desacuerdos entre ellos“, agregó Alvarado.
La Nación también solicitó una reacción a Óscar Arias (1986-1990 / 2006-2010). Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
La expresidenta Laura Chinchilla señaló que el único responsable de llevar al país a una “crisis institucional de peligrosas dimensiones” es el Gobierno de la República.
“En su afán por paralizar el trabajo de la Sala Constitucional, ha obligado a los magistrados a reaccionar en defensa de los derechos de los ciudadanos. La decisión tomada por los jueces es valiente, responsable y se apega a la Constitución”, dijo la expresidenta.
El día de ayer, tras el fallo emitido por la Sala IV, Chinchilla escribió en sus redes sociales: “Hoy ha prevalecido la Constitución. Como ciudadana, celebro que los magistrados hayan tenido el coraje y la responsabilidad de hacer prevalecer la Constitución y proteger el sistema de garantías que ampara a todas y todos los costarricenses".
Recordó que en una democracia, el Estado de derecho es la única respuesta legítima cuando “desde el poder, se pretende sustituir el imperio de la ley por las vías de hecho”.
Luis Guillermo Solís: ‘No hay un golpe de Estado’
Para el expresidente Solís lo más grave detrás de la declaración emitida este viernes por el gobierno es que se trata de una “agresión que podría tener consecuencias funestas para nuestra democracia".
“Aquí no ha habido un golpe de Estado judicial; lo que tenemos es un gobierno que pareciera buscar afanosamente que la gente no ‘tenga miedo’ de que uno se produzca”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
“Decir maliciosamente que varios magistrados de la Sala IV han dado un “golpe de Estado”, como lo ha hecho la señora presidenta de la República, y anunciar el oficialismo una acción en su contra por prevaricato, es un acto gravísimo que no puede pasar inadvertido”, aseveró.
Para Solís, la Sala IV actuó de acuerdo con sus competencias de ley. “No hacerlo tiene consecuencias devastadoras para cientos de costarricenses que recurrieron y recurrirán a la Sala buscando la protección de sus derechos constitucionales”, sostuvo.
“La acción de la Sala es el resultado directo de la reiterada e inconstitucional negativa de la fracción mayoritaria del gobierno en la Asamblea Legislativa de nombrar los suplentes de listas de candidaturas idóneas propuestas de acuerdo a la normativa vigente”, recordó.
Sentencia de la Sala
La sentencia de este 30 de julio también ordenó a Yara Jiménez Fallas, presidenta de la Asamblea Legislativa, poner la nómina de candidatos suplentes enviada por la Corte en conocimiento del plenario “en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros establecidos en la resolución”.
Mientras eso sucede, se prorrogaron los nombramientos de los 12 magistrados suplentes hasta que los diputados elijan a sus sustitutos.
Con esto, los magistrados dejaron sin efecto el acuerdo tomado por el oficialismo para devolver la nómina original de candidatos y solicitar una nueva a la Corte Suprema de Justicia.
El voto fue aprobado con una mayoría de cuatro magistrados frente a tres que salvaron su voto. A favor estuvieron Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor del caso), Jorge Araya e Ingrid Hess Herrera. En contra estuvieron Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo (presidente de la Sala) y Anamari Garro.
La resolución evita que la Sala Constitucional entre en cierre técnico cuando deba resolver casos en los que hay magistrados propietarios inhibidos. En 123 expedientes en los que había reclamos de derechos en materias como pensiones o salud, el tribunal no podía dictar resoluciones debido a la ausencia de suplentes.