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El exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, aseguró que la Casa Presidencial intentó frenar la adjudicación de tres contratos para la compra de sistemas informáticos en materia de salud, seguros y financiero-administrativo que, en conjunto, ascendían a $62,9 millones (poco más de ¢31.800 millones).
Dichas presiones, según Monge, ocurrieron entre el 2024 y el 2025, cuando las licitaciones estaban a punto de ser adjudicadas.
La emisaria de las solicitudes de Zapote, de acuerdo con su versión, era la jerarca del INS, Gabriela Chacón, quien asumió ese cargo en mayo del 2024, luego de que se desempeñara como jefa de despacho de la Presidencia Ejecutiva del Instituto.
“Ella decía que había una solicitud de Zapote de que esto no se adjudicara a las empresas que los habían ganado”, afirmó Monge en una entrevista exclusiva con La Nación. “Era igual a lo que ocurrió con la licitación del marchamo digital: que no se le adjudique a este para que se le adjudique a este otro”, agregó.
Detalló, además, que Chacón le pedía a William Emilio Fernández, entonces director jurídico del INS, que buscara la forma de “echar esos proyectos abajo”. Ese tema, según precisó el exgerente, se conversaba durante frecuentes almuerzos que ellos tres sostenían junto con la asesora en comunicación Joselyn Alfaro.
“En muchas de esas conversaciones se tocó el tema de pedirle a William (Emilio Fernández) que le buscara la forma de que esto no se adjudicara. Y en una de las tantas, William ya un poco angustiado le dijo: ‘Pero yo no le veo cómo no refrendar esto’. Y, entonces, doña Gabriela le respondió: ‘Bueno, si yo tengo que poner una cabeza por esta situación va a ser la suya’”, narró Monge.
Comparecencia legislativa
Monge ya se había referido a este episodio con William Emilio Fernández cuando compareció, el pasado 18 de diciembre, ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.
En esa ocasión, Gabriela Chacón estuvo sentada al lado suyo y no desmintió nada de lo denunciado por el exgerente general. Solo manifestó que él estaba dando su versión de los hechos.
Este diario envió consultas a Chacón, Fernández y Alfaro, a través de la oficina de prensa del INS, sin que se recibiera una respuesta a la hora de publicar este artículo. Tampoco se obtuvieron comentarios sobre las consultas enviadas, también vía correo electrónico, al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En una conversación con dos periodistas de La Nación, Luis Fernando Monge detalló las tres contrataciones “de gran cuantía” que, conforme a su versión, se intentaron frenar por “órdenes superiores de Zapote”, pero que al final sí se adjudicaron.
Primer contrato de $6 millones
La primera contratación fue una solución tecnológica para automatizar y administrar todos los procesos de negocio de la Red de Servicios de Salud del INS, especialmente, del Hospital del Trauma.
El consorcio MV Costa Rica, integrado por las firmas 3-101-878381 S. A., MV Sistemas LTDA y MV Sistemas Panamá S. A., fue la que ganó esa contratación con una oferta de $6 millones.
Dicho contrato salió a concurso bajo el expediente N.° 2023LY-000017-0001000001, en mayo del 2023, y se adjudicó casi un año después, en abril del 2024.
Otros dos consorcios (SOIN-Dedalus y Sonda CR-Chile) también participaron, pero no fueron adjudicados, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
‘Software’ de $44 millones
La segunda contratación fue para la implementación de un software para fortalecer los procesos administrativos, financieros, de talento humano, logística y almacenes del Grupo INS.
Ese contrato por $44 millones se otorgó al consorcio SOIN-ERP Soluciones, integrado por las empresas SOIN Soluciones Integrales S. A. y E. R. P. Soluciones S. A. de C. V., en diciembre del 2024, un año y medio después de que salió a concurso.
El consorcio EYCR-EYPP y Deloitte & Touche S. A. también participó en ese concurso (N.° 2023LY-000028-0001000001), pero sin éxito.
Plataforma tecnológica de $12,9 millones
La tercera licitación era para modernizar la plataforma tecnológica institucional del INS para la gestión de los contratos de seguros (N.° 2023LY-000034-0001000001).
Fue adjudicada por $12,9 millones al consorcio GBM CR, GBM RD, GBM GT, GBM PA, GBM ES, GBM COL y Consis. Este estaba conformado por las compañías GBM de Costa Rica S. A., GBM de Guatemala S. A., GBM de El Salvador S. A., GBM Dominicana S. A., GBM de Panamá S. A., Consis International LC y General Business Machines de Colombia S. A. S.
Este contrato se concretó en julio pasado, tras casi dos años de concurso, y en el Sicop no consta que se presentaran más ofertas.
Motivo de destitución
Luis Fernando Monge fue destituido como gerente general del INS en noviembre pasado, bajo el argumento de que la entidad registró pérdidas récord durante el 2024.
Sin embargo, él alega que su salida obedece a otras razones como, por ejemplo, su negativa a dar un seguro de caución a la constructora mexicana Tradeco para que asumiera un contrato de $180 millones para ampliar el tramo Barranca-Limonal, en la ruta 1.
También, aseguró que le cobraron su oposición al plan de vender el 49% del INS y su rechazo a que el puesto de bolsa INS Valores recibiera $10 millones de dos agentes de seguros, quienes llegaron en representación de una pequeña cooperativa.
En entrevista con La Nación, Monge afirmó que, entre finales del 2022 y principios del 2023, el presidente Rodrigo Chaves lo llamó por teléfono para solicitarle que gestionara una garantía de cumplimiento para Tradeco, porque era urgente que asumiera el contrato de ampliación.
Relató que él le hizo ver al mandatario que lo que el Instituto emite son seguros de caución y que si los estados financieros de la compañía no mostraban una situación solvente, sería inevitable que la entidad le pidiera una garantía real.
Al final, la gestión de la póliza no prosperó porque, según dijo, la empresa incumplió los filtros financieros y éticos. Monge indicó que Gabriela Chacón le comentó que el presidente estaba “muy decepcionado” por lo ocurrido.
Licitaciones que incumplían requisitos
De previo a las declaraciones de Luis Fernando Monge, la expresidenta del INS, Mónica Araya, contó en la Asamblea Legislativa que el mandatario Rodrigo Chaves le pidió aprobar dos adjudicaciones que no cumplían con los criterios técnicos y financieros.
Se trataba de un contrato de casi $10 millones para la compra de 15 camiones extintores para el Cuerpo de Bomberos, y otro por $7,3 millones para adquirir 1,9 millones de stickers y los servicios para la implementación del marchamo digital.
En ambos casos, la recomendación técnica era declarar desiertas las licitaciones y reiniciar, desde cero, los procesos de contratación.
Araya se negó a adjudicar los contratos y, de seguido, fue destituida del cargo. Eso ocurrió el 8 de mayo del 2024, tras dos años de gestión.
Licitaciones por Casa Presidencial
Araya también reveló que, tras la destitución de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, en marzo del 2024, la directriz que recibió fue que todas “las licitaciones grandes debían ser analizadas por Casa Presidencial”.
“No creo que sea usual que eso ocurra, pero no sé si así ocurría en otros gobiernos”, precisó Araya.
