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El exdirector Jurídico y actual director de Reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), William Emilio Fernández, reveló este jueves que recibió “presiones políticas” de Casa Presidencial para que frenara dos contrataciones millonarias en el INS y para darle a una empresa en específico otro contrato, pese a un sobreprecio evidente.
Se trataba de la compra de dos sistemas informáticos en materia de seguros y financiero-administrativo por $56,9 millones, y de la primera y fallida licitación del marchamo digital.
Ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, Fernández relató que esas presiones las recibió directamente de asesores de la Presidencia, o bien, eran comunicadas a través de la Presidencia Ejecutiva del Instituto, primero mediante Mónica Araya y, posteriormente, mediante la actual jerarca Gabriela Chacón.
Sin embargo, recalcó que tales demandas no surtieron efecto y que al final “privó la institucionalidad”.
Detalló además, que por esa situación tensa dejó la Dirección Jurídica y se trasladó a la Dirección de Reaseguros. “Acepté el cambio porque estaba recibiendo muchas presiones políticas”, alegó.
Contó también que las reuniones en Casa Presidencial en torno a licitaciones del INS eran constante, algo que calificó como inusual, porque en los más de diez años que ejerció como director Jurídico en el Instituto nunca había sido llamado con esa finalidad.
En esas reuniones dijo que, entre otras personas, había un funcionario de la Procuraduría General de la República que tiene oficina en Zapote y otro del área de Tecnologías de la Información, cuyos nombres dijo no recordar.
Precisó que fue en más de diez ocasiones a Presidencia durante la gestión de Mónica Araya, quien fue despedida en mayo del 2024. Y que solo una vez estuvo con el presidente Rodrigo Chaves, pero fue en un encuentro para limar asperezas entre Araya y Héctor Chaves, director de Bomberos.
Las declaraciones de Fernández coinciden con otras que dio a este diario el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, quien aseguró que Casa Presidencial intentó frenar la adjudicación de tres contratos para la compra de sistemas informáticos en materia de salud, seguros y financiero-administrativo que, en conjunto, ascendían a $62,9 millones.
Dos de esas tres licitaciones también fueron citadas, en los mismos términos, por el director Jurídico del INS este jueves.
Software de $44 millones
En específico, Fernández afirmó que se le pidió no adjudicar la contratación de un software de $44 millones para fortalecer los procesos administrativos, financieros, de talento humano, logística y almacenes del Grupo INS.
Ese contrato al final sí se otorgó al consorcio SOIN-ERP Soluciones, integrado por las empresas SOIN Soluciones Integrales S. A. y E. R. P. Soluciones S. A. de C. V., en diciembre del 2024, un año y medio después de que salió a concurso.
El consorcio EYCR-EYPP y Deloitte & Touche S. A. también participó en ese concurso (N.° 2023LY-000028-0001000001), pero sin éxito.
Plataforma tecnológica de $12,9 millones
También se le pidió frenar una licitación por $12,9 millones para modernizar la plataforma tecnológica institucional del INS para la gestión de los contratos de seguros (N.° 2023LY-000034-0001000001).
No obstante, está sí se adjudicó al consorcio GBM CR, GBM RD, GBM GT, GBM PA, GBM ES, GBM COL y Consis. Este estaba conformado por las compañías GBM de Costa Rica S. A., GBM de Guatemala S. A., GBM de El Salvador S. A., GBM Dominicana S. A., GBM de Panamá S. A., Consis International LC y General Business Machines de Colombia S. A. S.
Este contrato se concretó en julio pasado, tras casi dos años de concurso, y en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no consta que se presentaran más ofertas.
“Con el CORE de seguros recibí presiones para que no se adjudicara, lo mismo pasó con el ERP, que es otra plataforma tecnológica, pero privó la institucionalidad y se adjudicó, cumpliendo con todo el procedimiento de contratación administrativas y con el principio de legalidad”, afirmó Fernández.
Contrato para una empresa
En cuanto a la tercera contratación, se refirió a la primera y fallida licitación para adquirir 1,9 millones de stickers y los servicios para la implementación del marchamo digital.
En este caso, aseguró que la presión era para que se le adjudicara al segundo oferente, a pesar de que tenía un sobreprecio.
“No se adjudicó pese a las presiones para que se le adjudicara al segundo que estaba ofertando, tenía un precio que era sumamente superior, que hubiese perjudicado el bolsillo de todos los costarricenses, y también era una empresa que en nuestra política de conozca a su socio comercial podía marchar nuestra reputación”, dijo Fernández.
Inicialmente, esta licitación fue adjudicada al Consorcio PC Central Neology, por $5,53 millones. Sin embargo, esa decisión fue anulada por la Contraloría General de la República tras analizar una apelación.
La segunda oferta era del consorcio E-Pass, que ofertó $7,3 millones, es decir, $7,3 millones.
No obstante, después de una serie de estudios de cumplimiento, la recomendación fue declarar desierto el proceso de contratación.
Otra presión de directivos de Bomberos
William Emilio Fernández también reveló este jueves que recibió presiones de dos directivos del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos en un proceso de licitación de $10 millones para la compra de 15 camiones extintores.
Fernández aseguró que uno de ellos fue el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Eduardo Sánchez, quien es presidente del Banco Popular y vicepresidente de Bomberos.
Dijo que Sánchez pidió “dejar pasar el tiempo” para que se diera la adjudicación, pese a que la Dirección Jurídica pidió declarar desierto el proceso.
