El exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue acusado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, que habrían beneficiado a la supuesta banda del caso Turesky.
El Ministerio Público afirmó este jueves, mediante un comunicado de prensa, que existen sospechas de que el exlegislador recibió dádivas, a cambio de las gestiones realizadas.
La acusación señala que Cascante aprovechó su cargo como legislador (2018-2022), para ejercer una supuesta influencia ante funcionarios públicos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi), y así, presuntamente, favorecer a la supuesta organización criminal del caso conocido como Turesky.
La banda Turesky fue desmantelada en el 2021, luego de que se abriera una investigación por tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades judiciales, los funcionarios no cedieron, pero se presume que, de igual manera, el imputado recibió el pago de dádivas, por medio de transferencias de SINPE.
La Nación solicitó una declaración al abogado de Cascante, Alonso Salazar, quien indicó que no había sido notificado de la acusación, por lo que no podía referirse. El representante legal también señaló que el exlegislador no atendería consultas de los medios sobre los hechos bajo investigación.
Un informe del 2022 elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), dio cuenta de 13 gestiones indebidas que Cascante habría realizado en beneficio de tres empresarios sospechosos de narcotráfico del caso Turesky.
Las acciones del exdiputado socialcristiano habrían sido en favor de Luis Guillermo Cartín Herrera (qdDg), Alejando Cartín Ramírez y Roberto Soto Rivera.
Cartín Ramírez es el médico que certificó que el extraditable Celso Gamboa sufre varios padecimientos distintos. El Colegio de Médicos anunció la apertura de una investigación al respecto, para determinar si hubo alguna falta a la ética médica o a la normativa que regula el ejercicio profesional.
El médico fue uno de los detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en mayo del 2021, durante un operativo de 40 allanamientos en los que se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo (entre dólares y colones), carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca.
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El también imputado, de apellidos James Wilson, alias Turesky, supuesto cabecilla de la banda, fue representado por Celso Gamboa. Cuando los sospechosos quedaron en libertad, Gamboa, como su defensor, alegó que no existe “ningún clan Turesky”.
El exmagistrado permanece detenido desde el 23 de junio mientras avanza la solicitud de extradición planteada por el Gobierno de Estados Unidos.
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Las gestiones
Cuatro de las gestiones del diputado Cascante giraron en torno a permisos para desarrollar un proyecto turístico como Beito’s Place en una propiedad en Moín que tiene un traslape con tierras del Instituto Costarricense de Turismo.
Las gestiones restantes fueron para un complejo de vivienda en Goicoechea, conocido como D’Elena.
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Los dos hombres de apellido Cartín y Soto eran representantes de una constructora llamada Construcciones y Remodelaciones La Escarcha.
La Procuraduría enfatizó, en el documento enviado a la Asamblea Legislativa, que las gestiones de Cascante nada tenían que ver con sus funciones y responsabilidades como legislador.
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Según el expediente 18-000092-1219-PE, el presunto grupo criminal vinculado al caso Turesky se caracterizaba por negociar de manera directa la cocaína que trasegaba, lo que les permitió comprar valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel.
Se estima que en los últimos años la organización invirtió al menos $20 millones en adquirir diversos bienes muebles e inmuebles en diferentes partes de Costa Rica, incluyendo las más lujosas en Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón, informó este medio en junio del 2024.
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Lo que sigue
La acusación contra Cascante fue comunicada a la Procuraduría General de la República, el pasado 23 de junio, para que defina si formulará una acusación particular (querella) y la acción civil resarcitoria, con la que se reclamaría un monto económico por los daños y perjuicios causados al Estado.
Una vez que el expediente regrese a la FAPTA, este sería enviado al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con la respectiva solicitud de auto de apertura a juicio.
El caso contra Cascante se tramita bajo el expediente 19-000050-0033-PE.