Los 22 imputados en el Caso Turesky, en el que se investiga tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, quedaron libres y sin ninguna medida cautelar, tras la resolución dictada este martes por el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada.
Los jueces Laura Cervantes, Rodrigo Obando y Edwin Salinas rechazaron las prórrogas de las medidas cautelares solicitadas por la fiscala Stephanie Tenorio Barrios, al considerar que la petición es desproporcionada. La solicitud se planteó cuando varios de los imputados ya cumplieron tres años en prisión preventiva y el Ministerio Público ni siquiera ha presentado la pieza acusatoria del caso.
Originalmente, Tenorio pidió seis meses más de encarcelamiento para el presunto cabecilla del clan, un hombre de apellidos James Wilson, alias Turesky, para su mano derecha, de apellido Cartín Ceba, así como para Picado Marín, Soto Rivera, Zúñiga Araya (esposa del líder), Cartín Ramírez, Wein Calvin, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Agüero y Chacón Bonilla.
Pidió el mismo plazo con arresto domiciliario y tobillera electrónica para Solís Sánchez, Bejarano Benavides, Praslin Delgado, Alfaro Pérez, Aguilar Ulloa y Picado Mora, y la medida de localización permanente con dispositivo electrónico que han venido soportando Molina Fonseca, Alfaro Alfaro, Vega Quirós, Mora Núñez, Marín Madrigal y Guadamuz Herrera.
Sin embargo, según consta en la resolución 2024-0013, de la cual La Nación tiene copia, los jueces cuestionaron que la Fiscalía no tuviera la acusación antes del 24 de mayo de este año, como lo había prometido.
“A pesar de que ella (la fiscala) manifestó durante la vista oral que ya contaba con la pieza acusatoria lista y afirmó tenerla en sus manos, lo cierto es que dicho documento acusatorio no consta incorporado de manera formal al expediente y esta Cámara no lo tuvo a la vista (...), circunstancia que además de impedir a las partes conocer los hechos específicos y las calificaciones legales que se le endilgan a cada persona imputada, no representa un acto procesal como tal que pueda venir a justificar la necesidad de la prórroga requerida”, argumentaron los jueces en la página 74 de la resolución.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada (8.754) establece que “el plazo originario de la prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses”. Sin embargo, la misma legislación señala que ese plazo podrá ser prorrogado un año más por el Tribunal de Apelación de Sentencia.
Tras conocerse la resolución de este martes, Celso Gamboa, defensor de James, alegó que no existe “ningún clan Turesky” ni tampoco una prueba que involucre a su cliente con el caso en cuestión.
“A Alejandro lo acusan de trasladar droga de Costa Rica a Europa, de lavado de dinero, es decir, traer la plata y gastarla aquí. Dicen que él mandaba (droga) en contenedores y acreditamos que él no tenía ningún tipo de relación con las empresas que enviaron los contenedores. También le pedimos a la Fiscalía, desde hace dos años, que por favor recabara información en los puertos donde el barco atracó y que certificara cuál había sido la manipulación. Esto para descartar que hubiese sido contaminado en esos países y la Fiscalía en dos años no recabó esa prueba”, argumentó.
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El megaoperativo del caso Turesky
James Wilson y los otros imputados fueron detenidos el 25 de mayo de 2021, en un operativo de 40 allanamientos en los que se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo (entre dólares y colones), carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca.
Según el expediente 18-000092-1219-PE, el grupo criminal se caracterizaba por negociar de manera directa la cocaína que trasegaba, lo que les permitió comprar valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel. Se estima que en los últimos años la organización invirtió al menos $20 millones en adquirir diversos bienes muebles e inmuebles en diferentes partes de Costa Rica, incluyendo las más lujosas en Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.
Al momento de la detención de estas personas, Walter Espinoza (q.d.D.g), director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que esta banda operaba como una empresa, debido a que contaba con un área legal, otra encargada de la legitimación de capitales, una más que realizaba labores logísticas y una cuarta que obtenía información de funcionarios públicos para reclutarlos como aliados.
El exjefe policial agregó que la organización también invirtió en una empresa constructora y en el cultivo de arroz como mamparas, ya que, presuntamente, mediante esos negocios filtraban el capital que obtenían, tomando en cuenta que la mayoría del dinero ingresaba a la organización en efectivo.