Las medidas cautelares que desde hace casi dos años cumplen los 23 imputados por formar una banda criminal, en asocio con un hombre de apellidos James Wilson, conocido como Turesky, podrían extenderse aún más si así lo determina el próximo jueves el Tribunal de la Apelación de Sentencia Penal de San Ramón.
“La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos informó que se encuentra en desarrollo una audiencia, en la que el Ministerio Público solicita la prórroga de medidas cautelares de los imputados. El despacho indicó que dicha audiencia se realiza ante el Tribunal de la Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, instancia que debe resolver lo correspondiente antes del 25 de mayo”, informó este martes la entidad ante consulta de La Nación.
Wilson y los otros imputados fueron detenidos el 25 de mayo del 2021, en un operativo de 40 allanamientos en los que se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo (entre dólares y colones), carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca.
Según las autoridades, el grupo criminal se caracterizaba por negociar de manera directa la cocaína que trasegaba, y eso le permitió comprar valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta un motel.
Se estima que en los últimos años la organización invirtió al menos $20 millones en adquirir diversos bienes muebles e inmuebles en diferentes partes de Costa Rica, las más lujosas en Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.
A Wilson y otras tres personas, de apellidos Zúñiga Araya (su esposa), Wein Calvin y Cartín Ramírez, les habían impuesto seis meses de prisión preventiva luego de su arresto, los cuales se han ido prorrogando a lo largo de los últimos dos años.
Tras las rejas también permanecieron el sublíder de la agrupación, Cartín Ceba, así como otros 12 sujetos, de apellidos Picado Marín, Picado Mora, Gutiérrez Agüero, Bernal Chacón, Guadamuz Herrera, Soto Rivera, Gutiérrez Gutiérrez, Aguilar Ulloa, Bejarano Benavides, Molina Fonseca, Solís Sánchez y Praslin Guevara.
En tanto, a cinco personas les impusieron el arresto domiciliario con monitoreo electrónico e impedimento de salida del país. Se trata de Alfaro Pérez, Marín Madrigal, Vega Quirós, Alfaro Alfaro y Mora Núñez.
El Ministerio Público no especificó si las mismas medidas impuestas en aquel momento seguían vigentes.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada (8.754) establece que “el plazo originario de la prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses”, es decir, los dos años que están por cumplirse.
Sin embargo, la misma legislación señala que ese plazo podrá ser prorrogado un año más por el Tribunal de Apelación de Sentencia, “siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga. En este caso, el Tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento”.
En el plenario de la Asamblea Legislativa se está tramitando el expediente 23.090, para oficializar la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, y a su vez para que en los procesos de delincuencia organizada se duplique el plazo ordinario de prisión preventiva.
Al respecto, la Fiscalía indicó que “si no se aprueba la reforma de la Ley de Crimen Organizado, las solicitudes de prórroga se seguirán fundamentando en la Ley 8.754, como se hizo en este caso. En ese sentido, será criterio de los Tribunales determinar si acoge o no la ampliación de medidas cautelares, tal y como lo ha reiterado la Sala Constitucional”.