Expresiones de disgusto del diputado del PUSC, Óscar Cascante, en medio de una conversación sobre proyectos de ley que podrían afectar al Banco Popular (BP), provocaron que dos altos funcionarios del BP se reunieran con sospechosos de integrar una banda aparentemente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
Los investigados buscaban cerrar un financiamiento del Popular para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y habían sostenido numerosos contactos con el legislador. Un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) concluyó que el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC) efectuó al menos 13 gestiones en favor de los negocios de los supuestos empresarios, ante las altas esferas de diversas entidades públicas.
En el marco de esa investigación, Jorge Brenes Artavia, asesor de la Gerencia General Corporativa del Banco Popular, le relató a la PEP cómo se produjo el encuentro que él y otro alto funcionario del BP sostuvieron hace un año, en el despacho del diputado, con los sospechosos Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera.
Actualmente, estas personas descuentan prisión preventiva bajo el cargo de integrar la banda Turesky, grupo que habría invertido millones de dólares en lujos bienes, incluido un motel, con dinero al parecer producto del tráfico de cocaína. Además, incursionaron en negocios turísticos, la vivienda social y la siembra de arroz.
Según la Procuraduría, el 19 de mayo del 2021, el diputado Cascante “llamó por teléfono” al asesor de la Gerencia del BP, señala el informe PEP-INF-10-2022, entregado a los diputados el martes pasado. En principio, la llamada tenía como objetivo hablar sobre la coordinación que personeros del Banco Popular gestaban con el diputado en torno a proyectos de ley que podrían afectar a la entidad bancaria.a
En esa circunstancia, el legislador aprovechó para traer a colación los problemas de financiamiento que afrontaba, en este mismo banco, el proyecto de vivienda de interés social que pretendían desarrollar los sospechosos de narco en el cantón de Goicoechea. Cascante expresó molestia por la dilación o trabas que sufría el proyecto D’Elena, el cual promovían estas personas bajo el alero de una compañía llamada Construcciones y Remodelaciones La Escarcha.
“A raíz de las manifestaciones de disgusto expresadas por el legislador, ese mismo día, el servidor Brenes Artavia (asesor de la Gerencia del BP) coordinó una llamada conjunta”, reseña el informe. La llamada fue para contactar al diputado con el director de Banca Social del BP, Omar Sánchez Lizano, a quien el socialcristiano pidió que fuera a su despacho.
De esa manera, se pactó una reunión que se efectuó el lunes 24 de mayo en el despacho de Óscar Cascante en el edificio principal de la Asamblea Legislativa.
A la cita asistieron los sospechosos Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera por parte de la constructora, así como el diputado y los funcionarios bancarios Omar Sánchez Lizano y Jorge Antonio Brenes Artavia.
Según había informado el BP, una vez reunidos, el legislador les consultó por qué la entidad financiera le había devuelto a la compañía la documentación del proyecto de vivienda de interés social de Purral de Goicoechea.
La entidad financiera había explicado que, con base en criterios técnicos, a la constructora La Escarcha se le había advertido “en múltiples ocasiones de que la documentación del proyecto era omisa, desactualizada, que presentaba inconsistencias y múltiples observaciones, lo cual debía ser subsanado, advirtiéndose que, de no recibirse dicha documentación sin defectos, el proyecto sería archivado”.
Un día después de la reunión, las autoridades judiciales arrestaron a Cartín y a Soto como sospechosos de integrar la banda de narcotraficantes y lavadores de dinero.
“Se hace más evidente, en el tanto el diputado Cascante, como se ha visto, presuntamente, planteó su molestia por el retraso del trámite y les solicitó a los servidores del Banco Popular participar en una reunión en su despacho para conversar sobre el tema, en ocasión de un acercamiento que habían venido teniendo las altas autoridades del Banco para encontrar apoyo y colaboración del legislador respecto a algunos proyectos que se pensaba podían afectar a la institución”, dijo la Procuraduría de la Ética.
“En este caso, el uso del poder, influencia y facilidades asociadas al cargo se hace más evidente, porque planteó molestia y solicitó a funcionarios del Popular una reunión en su despacho”, agregó.
La Procuraduría presentó una denuncia ante el Ministerio Público por las gestiones del diputado.
La Fiscalía General también mantiene abierta una pesquisa sobre Cascante por tráfico de influencias, desde el 2019, por las menciones de ayuda de parte del congresista que surgieron en intervenciones telefónicas efectuadas a miembros del presunto grupo narco.
La PEP pidió a la Asamblea Legislativa abrir una investigación contra el congresista y tomar una resolución, en virtud de que se considera que Cascante utilizó el poder, influencia y facilidades asociadas a su cargo de congresista “para beneficiar negocios particulares”.
